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La nueva CaixaBank activa la absorción operativa de la red comercial de Bankia

El grupo negociará reducir la plantilla tras la Semana Santa | El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, afirma que en el ajuste se primarán voluntariedad y meritocracia

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri (izquierda), y el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ayer a su llegada a la rueda de prensa celebrada en Valencia. | | ROBER SOLSONA

La nueva CaixaBank es una realidad desde ayer. Para que se visualizara, el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, anunció que los clientes de Bankia pueden ya usar la red de cajeros de CaixaBank sin tener que pagar comisiones por ese servicio. Son un total de 14.000 sucursales en todo el Estado.

Este es un primer paso en la nueva operativa de la entidad que tiene su sede social en Valencia desde que abandonó Cataluña en el otoño de 2017. El trabajo completo quedará completado a finales de año, cuando esté terminada la integración tecnológica. Mientras, a los usuarios que, por ejemplo, acudan a una oficina para pedir una hipoteca de Bankia se les dará, si es el caso y así lo piden, las que ofrece todavía esta entidad y lo mismo sucederá con las que tiene CaixaBank.

No obstante, Gortázar aseguró que “pronto” se lanzarán productos para las dos redes y que el objetivo es que la política comercial tienda a converger. El primer ejecutivo del nuevo banco dejó claro que la entidad financiera mantendrá la política de no cobrar comisiones en la mayoría de los servicios a los clientes que tengan una vinculación clara –nómina domiciliada o crédito hipotecario, por ejemplo–, una práctica que, recordó, ya hacían los dos bancos por separado. Asimismo, afirmó que a los clientes de Bankia “no les va a cambiar nada” a corto plazo, al margen de la cuestión ya citada de los cajeros de CaixaBank, y cuando se produzcan los cambios con la integración tecnológica “se les informará” con puntualidad.

El presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, que será nombrado por el consejo en su primera reunión del próximo martes, precisó que la marca CaixaBank se empezará a poner este fin de semana en los edificios corporativos de la entidad, singularmente en la torre KIO de Madrid, donde Bankia tenía su sede operativa, mientras que en las oficinas se incorporarán en el plazo de siete o quince días para que esté terminado el proceso en junio.

Ajustes de plantilla

Por su parte, Gortázar anunció que las conversaciones con los sindicatos para la reducción de plantilla –que algunos medios sitúan en unas 7.000 bajas de un total próximo a los 50.000 trabajadores– comenzarán tras la Semana Santa. Será entonces cuando la entidad financiera haga pública la magnitud del recorte y también del número de cierre de oficinas que la reestructuración interna va a llevar aparejada.

La idea, según dijo, es que las conversaciones estén cerradas para el fin del segundo trimestre. No quiso en ningún momento entrar en detalles cuando se le preguntó por el rango de edad de los afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE), pero dejó claro que se tendrá en cuenta la “meritocracia”, es decir “retener a los mejores”, y se intentará, como en otros despidos colectivos acometidos en años pasados, que “se prime la voluntariedad”.

Goirigolzarri despejó, por otro lado, una de las cuestiones recurrentes sobre la nueva entidad: la sede. Afirmó que “no hay ninguna previsión ni planteamiento de cambios” y que el domicilio social seguirá en Valencia, donde lo tenía también Bankia. El presidente in pectore de CaixaBank no quiso desvelar cuál será la política de dividendos del banco hasta que tome una decisión al respecto el consejo de administración.

Preguntado por la salida del Estado del capital –el FROB tenía el 61% de Bankia que ahora ha quedado reducido al 16% en CaixaBank–, recordó que el Ejecutivo ha retrasado la fecha tope de 2021 a 2023. También dijo, respecto a la devolución parcial del multimillonario rescate de Bankia en 2012, que debe ser el citado fondo el que responda a la cuestión.

Goirigolzarri cree “razonable” la presencia que la entidad cofundada en 2010 por siete caja de ahorros –La Caja de Canarias entre ellas– tiene en el nuevo banco, pese a que solo tiene tres personas en el consejo de dirección, y afirmó que ahora es el momento de “mirar hacia el futuro”.

Tras las condiciones a la fusión impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), reiteró el compromiso del banco por mantenerse en los 290 municipios donde es la única entidad y anunció que el banco va a potenciar los ofibuses puestos en marcha por Bankia para dar servicio a poblaciones sin sucursal financiera.

La medida arrancó cuando la integración de La Caja de Canarias conllevó el cierre de las oficinas más pequeñas. Curiosamente, aunque solo en espíritu porque han pasado muchos años desde sus respectivas desapariciones, las dos cajas canarias se encuentran por vez primera.

CajaCanarias, la entidad de ahorro adscrita a la provincia de Santa Cruz de Tenerife se integró en Banca Cívica en el mismo momento en que La Caja lo hacía en Bankia. CaixaBank absorbió más tarde a Banca Cívica –otro experimento fallido pero sin el trauma de Bankia– y, con la que ahora acomete, une al final del camino a las dos entidades que ya no son.

Competencia y sus condiciones


En los 21 códigos postales en que CaixaBank se quedará en situación de monopolio, la entidad mantendrá a los clientes de Bankia las mismas condiciones y términos que tengan actualmente suscritos en sus productos por un periodo de tres años, según los compromisos adquiridos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En los otros 65 códigos identificados como problemáticos, CaixaBank deberá ofrecer también durante un periodo de tres años unas condiciones sustancialmente iguales o que, como mínimo, no sean peores a las ofrecidas por CaixaBank en los tres códigos postales en los que el banco tenga más competencia. Tampoco podrá cobrar, en ninguno de los 86 códigos postales comprometidos, comisiones a los clientes procedentes de Bankia por realizar operaciones o servicios que en la entidad de origen eran gratuitos. | J. C.

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