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El virus deja a 202.000 asalariados en la calle pero se bate récord de ‘funcionarios’

Desde el inicio de la pandemia se destruyen cada día 739 puestos de trabajo en el sector privado - La Administración Pública supera por primera vez los 164.000 empleados

Dos obreros trabajan en la fachada de un edificio. | | ANDRÉS CRUZ

La crisis del coronavirus tiene distintas consecuencias en el empleo público que en el privado. De hecho, su efecto en la nómina de la Administración es del todo opuesto al causado en las empresas. Mientras que estas últimas se ven obligadas a despedir trabajadores o a echar mano de los ERTE, los Gobiernos, los cabildos insulares y los ayuntamientos disparan sus plantillas. Nunca antes hubo en las Islas tantas personas cobrando de las arcas públicas. Por primera vez en la historia hay en el Archipiélago más de 164.000 empleados en la Administración. Y mientras se bate el récord de funcionarios –no todo trabajador del sector público es necesariamente funcionario–, el virus manda al paro a la friolera de 202.400 trabajadores del ámbito privado.

A 31 de marzo del año pasado, el mes en que Pedro Sánchez decreta el estado de alarma nacional, en Canarias hay un total de 793.600 asalariados, es decir, personas que trabajan a cambio de un sueldo. La mayoría, exactamente 638.100, eran empleados de las empresas radicadas en Canarias, mientras que los restantes 155.500 estaban contratados en organismos públicos.

Pero estalla la pandemia y el mercado laboral de la Comunidad Autónoma sufre el mayor revés de la historia con la parálisis del turismo. A partir de ese momento, el sector privado comienza a deshacerse de mano de obra a un ritmo inusitado –sobre todo los hoteles, apartamentos, restaurantes y demás negocios directamente relacionados con la actividad turística– mientras los gobiernos de todo ámbito refuerzan sus plantillas. El virus obliga a contratar personal sanitario, a incorporar más maestros y profesores, a apuntalar los servicios sociales y a fortalecer los equipos administrativos para tramitar el sinfín de peticiones de ayuda de empresas, autónomos o familias. En definitiva, el empleo privado se desploma a mínimos históricos y el empleo público se dispara a máximos históricos.

Así lo corrobora la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística. Aquellos 638.100 canarios que se desempeñaban en las empresas de las Islas al comienzo de la pandemia se reducen ahora a 436.100. Son 90.000 –89.559 en cifras exactas– los que se encuentran en el limbo de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE. La gran mayoría incluidos en ERTE de fuerza mayor, creados ad hoc por el Gobierno central para contener en lo posible la pérdida de puestos de trabajo. Estos 89.600 asalariados al menos tienen la esperanza de que la remontada comience más pronto que tarde –Canarias habrá logrado la inmunidad de rebaño durante el verano, según avanzó el presidente Ángel Víctor Torres en el debate sobre el estado de la nacionalidad– y de que el Ministerio de Trabajo mantenga hasta entonces la bonificación de los ERTE. De no ser así, la mayoría ya estará en paro cuando las cosas mejoren. Es decir, esos 90.000 isleños habrán dejado de ser desempleados de facto –están tan parados como cualquiera por más que no figuren como tales en la estadística oficial– para ser desempleados en sentido estricto. Pero, en definitiva, tienen una posibilidad de regresar a sus puestos, la misma que no tienen los otros 112.400 asalariados que han perdido sus empleos desde la irrupción del coronavirus.

Para hacerse una idea del volumen del empleo destruido en el sector privado basta con señalar que esos 436.100 asalariados que permanecen en sus empresas son la cifra más baja que puede encontrarse en la estadística del INE. El mínimo registrado hasta la fecha eran los 475.300 contabilizados en el tercer trimestre de 2013, todavía con la crisis financiera haciendo estragos en los bolsillos de las familias y las cajas de las empresas. Y aun así sumaban 39.200 más que ahora. A finales de 2019, unos meses antes del inicio de la pandemia, los asalariados del ámbito privado llegaban a 659.400, el techo histórico y 223.300 más que en estos momentos.

No en vano, cada día de crisis se destruye una media de 739 puestos de trabajo en el tejido productivo regional. No hay antecedentes de un ritmo de pérdida de mano de obra tan vertiginoso. Justo lo contrario de lo que ocurre en la Administración pública.

Cuando en marzo de 2020 la nación se confinó para contener el avance del virus, en el Gobierno de Canarias, en los organismos dependientes del Estado, en las corporaciones insulares y municipales y en todos sus entes dependientes había un total de 155.500 trabajadores. Hoy son 164.600, esto es, 9.200 más. Así que cada día se crea una media de 33 empleos públicos en la comunidad. Mientras que la mano de obra privada discurre en un sentido, la mano de obra pública lo hace en sentido contrario. La primera se hunde y la segunda se dispara.

En este escenario, salvar empresas es también salvar puestos de trabajo, de ahí la importancia de que las ayudas directas de los Gobiernos lleguen cuanto antes a la economía real. Torres aseguró en la Cámara autonómica que el reparto de los 84 millones de euros que va a destinar su ejecutivo para pymes y autónomos –una cuantía que podría ampliarse en el futuro– es inminente. Son cerca de 4.000 las empresas con asalariados que han cerrado sus puertas para siempre en el Archipiélago, unas 16.000 si se incluyen los pequeños negocios sin empleados de unos 12.000 autónomos.

Los sindicatos alertan del vaciado anterior a la pandemia


La Administración General del Estado (AGE) acumula una pérdida de empleo del 16% desde 2010, según se desprende del estudio, realizado por el sindicato CCOO. De hecho, el sindicato ha puesto de relieve que, en los últimos cinco años, la AGE acumula en todo el país una pérdida de 20.000 puestos de trabajo además de los 26.000 destruidos entre 2011 y 2015. Por su parte, la Administración local, que alcanzó su pérdida de efectivos máxima en enero de 2016 (-17%), y las administraciones autonómicas, que registraron su mayor número de pérdida de efectivos en enero de 2015 (-5%), están recuperando su personal desde 2017, “aunque muy lentamente”. No obstante, se trata de datos de antes de la pandemia, la misma que ha llevado el empleo público a máximos históricos en Canarias. En enero de 2020, las administraciones autonómicas registraron un aumento del 1% del número de trabajadores, mientras que la local registró un descenso del 13%, la misma cifra de 2019 y 2018. CCOO ha alertado de que los recortes constantes de personal han sido mayores en algunos organismos y departamentos ministeriales, como son el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social. De hecho, estos Ministerios ostentan el 25% del total de puestos de trabajo que han desaparecido en los últimos diez años. “Esta es una de las causas que puede explicar el colapso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)”, ha añadido CCOO. | Europa Press

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