El Gobierno de Canarias quiere que hasta el último euro de los 1.144 millones de las ayudas directas del Estado llegue a las empresas. El Ejecutivo regional está presionando en Madrid para que el gabinete de Pedro Sánchez amplíe las actividades subvencionables y flexibilice determinados requisitos para poder optar a los fondos. Sobre todo el que deja fuera del plan de rescate a todo aquel negocio, con independencia del sector en que opere, que haya tenido pérdidas en 2019, el último año de normalidad antes de la pandemia. Para convencer al Ministerio de Asuntos Económicos, Canarias cuenta con el apoyo del otro archipiélago del país, Baleares, con el que ha elevado una propuesta conjunta que ha sido bien recibida en Madrid.
El presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, explicó ayer en los micrófonos de Onda Cero Canarias que hay contactos con el Ministerio para abrir las subvenciones a un mayor número de empresas. El Ejecutivo estatal ha limitado las actividades subvencionables a 95 de las 538 que integran la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Es verdad que entre esas 95 están las fundamentales para la economía isleña –turismo, comercio y transportes–, pero también que se queda fuera la mayor parte. Además, también queda excluida del rescate de forma automática la empresa que aun estando en alguno de los sectores subvencionables haya tenido pérdidas antes de la irrupción del coronavirus.
El Estado intenta así evitar que parte del dinero –un total de 7.000 millones de euros para el conjunto del Estado y la mayor parte, esos 1.144,3 millones, para Canarias– acabe en empresas zombis. Negocios que ya estaban condenados antes de la pandemia y a los que los fondos públicos apenas alargarán la vida durante un tiempo. Se trata, en definitiva, de que el flotador llegue a entidades que sean viables por más que se encuentren contra las cuerdas de manera circunstancial. Sin embargo, estos dos grandes requisitos –las pocas actividades subvencionables y la obligación de haber cerrado 2019 con resultados positivos– reducen los potenciales beneficiarios en las Islas a menos de 11.000. Menos de 11.000 empresas, es decir, tan solo una de cada ocho.
Así pues, Canarias corre el riesgo de no poder aprovechar al máximo los casi 1.150 millones transferidos por el Estado. De nada serviría ser la Comunidad Autónoma más agraciada en el reparto de los fondos –junto con Baleares– si luego no se distribuyen en su totalidad porque los requisitos formales lo impiden. Por eso Ángel Víctor Torres subrayó que el objetivo es que “no quede ni un solo euro sin llegar a la calle”, de ahí que su Gobierno y el del archipiélago mediterráneo –que lidera la también socialista Francina Armengol– hayan presentado una propuesta a cuatro manos ante el Ministerio.
Según adelantó el jefe del Ejecutivo regional, el Departamento que dirige Nadia Calviño ha recibido los argumentos de las dos autonomías con “receptividad”. El presidente canario juzga así factible que la ministra abra la mano en el caso de los archipiélagos. Máxime cuando son precisamente las islas –las más castigadas por la covid-19 por la parálisis de la industria turística– las principales receptoras de esos 7.000 millones en ayudas directas. De no flexibilizarse los requisitos de acceso a las subvenciones, los efectos del plan de rescate quedarían en entredicho.
El Gobierno de Canarias pretende que las empresas que tuvieron pérdidas en 2019, al menos las incluidas en esos 95 sectores subvencionables, también puedan optar a los fondos del Estado. Torres recordó en Onda Cero que en el último trimestre de 2019 muchos negocios turísticos sufrieron la quiebra del turoperador Thomas Cook, con lo que incluso pudieron cerrar en pérdidas por esta circunstancia y no sería justo excluirlos del plan. El Ejecutivo también quiere convencer al Ministerio –Torres ya ha hablado con la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, y Calviño visitará las Islas en los próximos días– para “ampliar los CNAE”, esto es, las actividades subvencionables.
Más del 50%, números rojos
Según el Directorio de Empresas de Informa D&B, firma especializada en información financiera, comercial y de marketing, en los 95 sectores o actividades que el Gobierno central considera subvencionables hay alrededor de 23.500 empresas. En principio estas serían las potenciales beneficiarias, pero no es así. El requisito de haber tenido que cerrar 2019 -el último ejercicio antes de la pandemia- con resultado positivo deja fuera del plan de rescate estatal a más del 50% de esos 23.500 negocios. De modo que los potenciales beneficiarios en el Archipiélago son en realidad unos 11.000, una cifra menor si se tiene en cuenta que Informa D&B contabiliza cerca de 86.000 entidades activas en la región y que el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística -que incluye los negocios de los trabajadores autónomos- eleva el número hasta más de 150.000. El Gobierno de Canarias intenta convencer al Ministerio de Economía para que amplíe los sectores subvencionables y flexibilice el requisito de las pérdidas. | M.Á.M.
