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La cuestionada Plus Ultra retoma los vuelos entre las Islas y Caracas

El Estado justifica el dudoso rescate a la aerolínea por sus conexiones desde Madrid y Canarias

Avión de la aerolínea Plus Ultra en el aeropuerto de Gran Canaria

Plus Ultra, la aerolínea vinculada al chavismo rescatada por el Estado con 53 millones de euros, retomará en el mes de junio los vuelos entre Canarias y Caracas. La compañía aérea ya vende a través de su página web los billetes para estos viajes, que arrancarán el domingo 13 de junio desde 640 euros por trayecto y tendrán una frecuencia semanal desde el aeropuerto de Tenerife Norte.

De esta manera, la empresa reanuda los viajes desde las Islas a la capital venezolana, que había paralizado por la pandemia, después de haber sido beneficiaria de un cuestionado rescate, acusado de irregularidades, concedido a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y aprobado por el Gobierno central. Mientras la oposición y el sector aéreo han criticado el respaldo estatal a esta compañía, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez la califica de “estratégica”, en parte debido a la actividad que mantenía desde Canarias, ya que el de Los Rodeos era uno de los dos aeropuertos españoles, –junto con el de Barajas en Madrid–, desde los que operaba la aerolínea. Por lo que la considera clave para asegurar la movilidad aérea de los inmigrantes venezolanos, peruanos o ecuatorianos y de sus familiares.

Sin embargo, su conexión con Canarias va más allá de este puente aéreo con Caracas, ya que Plus Ultra fue la aerolínea que el 11 de abril y el 16 de mayo de 2020, –en pleno confinamiento por la crisis sanitaria–, trajo desde China material sanitario en dos aviones que fueron contratados por el Gobierno de Canarias. Se trató de los dos primeros vuelos directos de la historia entre el Archipiélago y el país asiático, que se produjeron ante la acuciante necesidad de disponer de material de protección para hacer frente al nuevo virus.

Canarias le dio a dedo el transporte de mascarillas de China a través de One Airways

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Plus Ultra acaba encargándose de este trabajo al ser subcontratada por One Airways, compañía a la que el Servicio Canario de la Salud (SCS) adjudicó a dedo 1,1 millones de euros para desarrollar este encargo, a pesar de que no disponía del certificado de operador aéreo (OAC) necesario para llevar a cabo este tipo de conexión.

La operación se saldó así entre venezolanos, los empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro, Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles, –que aglutinan el 47,2% del capital social de Plus Ultra bajo la sociedad SNIP Aviation–, y el también venezolano, Óscar Trujillo, ceo y fundador de One Airways, y también socio de los hoteleros en la creación de la aerolínea Canarian Airways, en la que el Cabildo tinerfeño se había comprometido a invertir 700.000 euros, a pesar de que no disponía de la licencia necesaria para volar, ni tampoco slots, ni oficinas en el Aeropuerto de Tenerife Sur, en el que quiere operar.

Fue precisamente la falta del certificado de operador aéreo necesario por parte de One Airways, –que en estos momentos solo cuenta con una licencia para volar ciertos tipos de avionetas–, lo que obligó a la empresa de Trujillo a subcontratar a Plus Ultra para poder llevar a cabo la importación de mascarillas, equipos de protección individual y demás material sanitario desde China. Una empresa que, a pesar de haber perdido cerca de 13,2 millones de euros en los últimos cinco años, ha recibido un rescate de 53 millones por parte del Estado.

El Ejecutivo central ha defendido esta ayuda pública argumentando que Plus Ultra cumple con todos los criterios para ser beneficiaria y resalta que este apoyo financiero es importante, ya que cubre un “nicho de mercado” concreto, al ser una de las pocas aerolíneas que vuela desde España a Venezuela. Sin embargo, la aerolínea apenas abarca un 0,03% de la cuota de mercado aéreo en el territorio español y en estos momentos solo cuenta con cuatro aviones.

Existen varios puntos que generan dudas en el rescate estatal de esta aerolínea. La proximidad con el régimen de Nicolás Maduro de los tres empresarios venezolanos accionistas de SNIP Aviation, ha servido a parte de la oposición para cargar contra el Gobierno y acusarle de tener que saldar deudas con el Ejecutivo venezolano. A esto se une la investigación por blanqueo que Estados Unidos está realizando a dos empresarios que tienen un puesto en el consejo de administración de la compañía. Según publica El Confidencial, la embajada norteamericana en Madrid ha cursado una solicitud de colaboración a España para rastrear sus movimientos.

Asimismo, según publica El Mundo, el Gobierno español otorgó a Plus Ultra en marzo el monopolio de los vuelos a Venezuela. A solicitud de la Embajada Española en Caracas se requirió que no se diera permisos a Iberia y Air Europa para llevar a cabo los llamados vuelos humanitarios, utilizados para sortear las restricciones en los espacios aéreos, y se recomendó además que se optase por la compañía ahora rescatada.

El hecho de que el rescate vaya a beneficiar a una sociedad radicada en Panamá, –un territorio que la Unión Europea incluyó como paraíso fiscal antes de la pandemia–, así como la dudosa salud financiera de la compañía, que cosechaba continuas pérdidas desde antes de la pandemia, han suscitado múltiples críticas en la oposición que ha visto irregularidades en esta operación.

La compañía tiene menos del 0,1% del mercado aéreo y acumula pérdidas de 13,2 millones

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Mientras el Partido Popular (PP) ha solicitado en el Congreso de los Diputados una comisión que investigue este rescate, Ciudadanos (Cs) ha requerido la comparecencia de varios ministros para que expliquen el criterio que se ha seguido para rescatar a esta empresa. Vox, por su parte, ha anunciado una querella en el Tribunal Supremo por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación.

Tras haber recurrido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sin éxito, la oposición ha puesto la mirada en Bruselas para tratar de frenar el rescate al Plus Ultra, cuestionando que no cumple con los acuerdos pactados con la Unión Europea (UE) en materia de competencia, así como el vínculo venezolano de su accionariado.

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