Jorge Marichal ha ocultado durante siete años a los directivos de la patronal hotelera sus líos judiciales con Hacienda y su posterior condena por fraude fiscal. Ha tardado diez meses desde que la Audiencia Provincial le comunicara el fallo, y solo una vez difundida ayer por este diario la noticia de la condena –dos años de cárcel, multa de 585.896 euros y pérdida de la posibilidad de recibir ayudas públicas o beneficios fiscales–, en asumir sus responsabilidades en Ashotel, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y la CEOE. Por el momento Marichal no dimite, solo pone su cargo a disposición de las direcciones de las asociaciones a las que representa.
Marichal preside la Cehat desde el 12 de diciembre de 2019, cinco meses después de la condena penal en primera instancia. Ni a las asociaciones, ni a los ejecutivos, ni a los cargos públicos y empresariales –tanto en las Islas como en la Península– que apoyaron su candidatura les comunicó la condena. Ahora quienes lo apoyaron se sienten defraudados por la deslealtad, que compromete también los cargos que tanto costó obtener para Canarias al frente de la Cehat y del Consejo de Turismo de la CEOE.
El 10 de julio de 2019, el Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife condena al empresario por un delito contra la Hacienda pública en una operación inmobiliaria efectuada en 2009 en la que él y su socio en la entidad mercantil Marmon Atlantis SL, Juan Antonio Moncada Migallón, defraudaron 292.948 euros en el Impuesto sobre Sociedades. La Audiencia Provincial confirmó la sentencia de primera instancia el 28 de mayo de 2020, solo ocho meses antes de que fuese nombrado presidente del Consejo de Turismo de la CEOE. En la confianza de que el caso quedara oculto, Marichal tampoco en esta ocasión informó a nadie de una sentencia que ya es ejecutable.
Niega que tuviera ánimo de defraudar pero los jueces le atribuyen una conducta delictiva
Las ejecutivas de las patronales canaria y nacional no tenían ni idea del caso Marichal. “Un jarro de agua fría” para Ashotel y para la patronal provincial, la CEOE-Tenerife, pero también para el empresariado de las demás islas. No en vano fueron los empresarios canarios –junto con relevantes apoyos desde el Gobierno de España– los que auparon a Marichal a la presidencia de la Cehat frente a las pretensiones del lobby turístico balear, lo que permitía al sector turístico isleño tener en la confederación española una representación acorde con su peso en el PIB turístico español.
Aunque tanto desde Canarias como desde Madrid se aconsejó ayer a Marichal que presentara su renuncia, por el momento el presidente de Ashotel no dimite y traslada la responsabilidad de su continuidad a las direcciones de las tres organizaciones empresariales en las que ostenta cargos. Él no se va. Si quieren, que lo echen. No obstante, en la patronal confían en que el hotelero les ponga “las cosas fáciles” y que no demore su salida de los puestos que ocupa tanto en la Cehat como en la CEOE. Por de pronto, Marichal, como estrategia de defensa en sus declaraciones públicas, atribuyó ayer a un “error técnico” y una discrepancia fiscal lo que en realidad es una condena penal a dos años de prisión.
Achaca a ese fallo “técnico” no haber documentado el aplazamiento del pago de unos apartamentos que Marmon Atlantis, de la que Marichal es administrador mancomunado, vendió a Clínica San Eugenio, compañía de la que es socio mayoritario su padre, Agustín Marichal, y de la que también es socio Jorge. Marmon Atlantis debía cobrar 1,3 millones en los seis meses siguientes al cierre de la compraventa –hasta el 30 de septiembre de 2009–, pero un pacto verbal amplió ese plazo y, por tanto, desaparecía, a juicio de sus “asesores fiscales”, la obligación de tributar en ese momento.
El fallo le afea que un licenciado en gestión financiera alegue ser un profano fiscal
Ni la jueza de primera instancia ni la Audiencia Provincial encontraron prueba alguna, “ni siquiera indiciaria”, de la existencia de ese pacto verbal. La sentencia expone que se ignoraron “todas las cautelas que establece el ordenamiento jurídico cuando se trata de sociedades vinculadas”, una falta ante la que no cabe alegar desconocimiento no solo por ser una persona “asesorada” y de “amplia trayectoria empresarial”, sino también un licenciado en Dirección y Administración de Empresas, rama de Gestión Financiera.
Marichal sostiene que la multa y las cantidades reclamadas ya han sido abonadas, con lo que da por cerrados sus pagos a Hacienda y saldada la deuda contraída por la venta de los apartamentos.
Quienes promovieron su candidatura en la Cehat se sienten ahora defraudados
Según Marichal no existió “dolo ni intencionalidad alguna”. Pero la sentencia es contundente al apreciar “ánimo de defraudar”, con lo que la condena penal no es solo por la suma defraudada, sino también por la conducta. “Alega que esa inexistencia de dolo se refleja en su colaboración, sin embargo, tal proceder no puede considerarse como colaboración, sino que es una obligación que se produce, además, después de cometido el delito, cuyo descubrimiento se debe exclusivamente al trabajo o actividad de la AEAT”, reza el fallo.
