La decisión de Ashotel y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) de mantener en la presidencia a Jorge Marichal, condenado por un delito fiscal, resquebraja la unidad empresarial. En Canarias empiezan los contactos entre empresarios que no se sienten representados por Marichal para propiciar alternativas. No quieren que la imagen del sector turístico se asocie a la de Marichal y están convencidos de que cada vez serán más quienes vean la necesidad de una organización paralela. De momento esperan a que la CEOE responda a la negativa de la Cehat a cumplir el código ético de la confederación empresarial. Un desafío que Antonio Garamendi, presidente de la gran patronal del país, no está dispuesto a tolerar. Máxime cuando amenaza con dividir al sector turístico, el mismo al que tanto costó unir por las reticencias del lobby balear, que temía perder su voz propia en la interlocución con las instituciones.
La buena imagen y reputación son valores que Garamendi lleva grabados a fuego y que están por encima de los intereses de cualquier asociado a la confederación empresarial. Entre los empresarios existe el temor de que la Cehat no dé marcha atrás en la decisión de mantener a Marichal y que Garamendi, al que no le temblará el pulso para preservar el buen nombre de la CEOE, se vea forzado a medidas drásticas.
Nadie quiere pensar en la salida o expulsión de la Cehat de la CEOE pero casi nadie se atreve a descartar esta posibilidad después de que la organización hotelera apelara a su autonomía en las decisiones sobre su junta directiva. La Cehat decidió arropar y mantener a su presidente en el cargo en contra de lo que dicta el código ético y de buen gobierno de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la que forma parte. Incumplió así el particular manual de estilo y buenas prácticas de la CEOE, cuando todos los asociados están obligados a respetarlo.
A la CEOE le cayó el lunes un jarro de agua fría al enterarse por este diario de la condena penal a Marichal, que hasta ese día ocupaba la presidencia del Consejo de Turismo y la vocalía de la junta directiva. El empresario tinerfeño no había informado del caso durante siete años en contra del código ético de la CEOE.
Tampoco informó después a la patronal de la condena en primera instancia, de julio de 2019, ni del fallo de mayo de 2020 en el que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife confirma la sentencia: dos años de cárcel, multa de 585.896 euros y pérdida del derecho a recibir ayudas públicas e incentivos fiscales.
La sorpresa en la CEOE y en su filial tinerfeña fue mayúscula. Había que cumplir los estatutos y el código ético. La CEOE preparaba un expediente sancionador que se frenó en seco con la dimisión de Marichal de los dos cargos que ostentaba en la confederación. El empresario también puso sus cargos a disposición de las directivas de la Cehat y de Ashotel, la asociación hotelera de la provincia tinerfeña que también preside.
El martes, el comité directivo de Ashotel no solo rechazó la dimisión de Marichal, sino que lo respaldó por unanimidad y le pidió que continuara. La decisión de Ashotel disparó las alarmas en la CEOE-Tenerife –a la que Ashotel está asociada y cuyo código ético y de buen gobierno es el mismo que el de la CEOE española– y también en la confederación nacional, donde ya temían que la Cehat siguiera los pasos de la asociación hotelera tinerfeña.
El miércoles, la Cehat aseguró que conforme a sus estatutos no hay causa para apartar del cargo a Marichal. La confederación de empresarios de hoteles y alojamientos turísticos, como también Ashotel, minimiza la condena penal y la reduce a un tema “particular”. Ni siquiera abrieron ningún expediente o proceso. La única respuesta de los hoteleros fue cerrar filas con su presidente, con lo que la CEOE camina en un sentido –abriendo expediente y aceptando la dimisión de Marichal de los dos cargos que ocupaba– y su asociada, la Cehat, camina en sentido contrario y le da su respaldo. Una rebelión que enfada a Garamendi y a parte de los hoteleros, tanto canarios como del resto del país.
En las Islas ya se han producido las primeras conversaciones entre empresarios para buscar alternativas. Se trata de contactos informales pero están convencidos de que Marichal debe dar un paso a un lado. Algo que comparten representantes del poderoso lobby turístico de Baleares –que a través de su asociación regional forma parte de la Cehat pero donde no todos están igual de cómodos– y también en las instituciones: desde el Ministerio de Turismo hasta los cabildos y ayuntamientos. Todos coinciden en que la condena penal a Marichal empaña y dificulta la interlocución entre patronal e instituciones: ningún cargo público va a querer aparecer junto a un condenado por fraude fiscal.
La Cehat niega que haya tensiones
En la Cehat entienden que Jorge Marichal no vulneró el código ético porque su lío con Hacienda ya estaba sentenciado cuando accede a sus cargos en la CEOE. Es más, niegan que la relación con la confederación empresarial se haya deteriorado y están convencidos de su decisión. Una vez dimitido de sus cargos en la confederación empresarial, ni en Ashotel ni en la Cehat creen que deba dejar la presidencia de las patronales hoteleras provincial y española por un asunto que consideran “particular”. Sin embargo, la CEOE preparó de inmediato un expediente contra Marichal nada más conocer el lunes la condena gracias a este diario, y no dudó en aceptar su dimisión. El enfado fue mayúsculo no tanto por la condena –que también– como por el hecho de que Marichal la mantuviera oculta, pero en la confederación hotelera niegan la mayor y afirman que la unidad empresarial no peligra.
