Economía sumergida al margen, el Impuesto de Patrimonio da idea de cómo fluctúa el grupo de población que cuenta con mayores recursos. Pandemia mediante era de esperar que ese segmento de la ciudadanía decreciera, pero no es así. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, rendirán cuentas en Canarias por contar con más de 700.000 euros en la base imponible -suma de bienes y derechos a los que se practican las pertinentes deducciones y siempre excluyendo los primeros 300.000 euros de la vivienda habitual- 6.851 ciudadanos de las Islas, 139 más (2,1%) que los obligados a tributar en 2019.
Exclusiones al margen, se trata de residentes en el Archipiélago que al menos cuentan con un millón de euros. Con la economía paralizada durante el último año, el incremento del número de personas que viven de manera más desahogada tiene un significado doble: los que ya estaban bien colocados han sabido conservar su posición y otros han encontrado la manera de hacer buena la premisa que anuncia oportunidades tras cualquier crisis. Contrastan en cualquier caso estos números con los más de 280.000 parados y los también más de 80.000 empleados que continúa afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el Archipiélago.
Los obligados a tributar en las Islas pagarán una media de 4.969 euros por el año 2020
El número de los obligados a tributar por patrimonio en Canarias no ha dejado de crecer en los últimos cinco años. Desde 2016 hasta el pasado ejercicio han aumentado un 13% (790 más). Podría esperarse atendiendo a la marcha de la actividad turística antes de la pandemia, lo que llama la atención es que hayan continuado llegando a este selecto club aun cuando el producto interior bruto canario (PIB) se ha despeñado; por encima del 20% según las fuentes menos optimistas y al menos un 15% cuando hablan las menos dadas a la negatividad.
Figura estatal
El Impuesto de Patrimonio es una figura fiscal estatal, pero las comunidades autónomas tienen potestad para modificarla tanto en el mínimo exento, los tipos de los gravámenes y las bonificaciones. Madrid se ha decantado por la seducción ante quienes más tienen y bonifica al cien por cien este tributo, es decir, nadie tiene que pagar un solo euro. Eso sí, quienes pasan de dos millones de euros están obligados a declararlo, tanto allí como en el resto del país.
En la misma línea pero de manera mucho más moderada, las diputaciones forales de Álava y Vizcaya han elevado el tope de exención hasta los 800.000, mientras que comunidades como Cataluña, Extremadura o la Comunidad Valenciana han tomado el camino contrario y hacen pasar por caja a quienes cuenten con medio millón de euros de patrimonio. Aragón bajó el listón incluso más, hasta los 400.000 euros.
Canarias no ha modificado el reglamento estatal y por ello tributan quienes cuentan con más de 700.000 euros -tras exenciones- con tipos que se incrementan por tramos. El mínimo es del 0,2% y el máximo marginal (se elevó un punto el pasado año) del 3,5%.
Según el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral de 2021 publicado a finales del mes pasado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), las Islas se encuentran en la zona media baja de la tabla que integran todas las comunidades autónomas en lo que se refiere al pago de este impuesto. Los ejemplos incluidos por los expertos en dicho documento señalan que un canario con un patrimonio de 800.000 euros tendría que abonar 200 euros. En el caso de que el patrimonio se eleve hasta los 4.000.000 millones de euros, la cantidad a satisfacer será de 36.546,37 euros.
En el último ejercicio, los contribuyentes pagaron una media de 5.108 euros, según los datos que obran en poder de la Agencia Tributaria. La previsión para este año es que esa cifra se reduzca hasta los 4.969 euros. Una cosa es que hayan llegado más personas a la elite económica y otra, que los grandes capitales no se hayan resentido. Si por el año 2019 se recaudaron en las Islas 34,28 millones de euros, para la campaña de 2020 esa cantidad baja hasta los 34,04 millones (-0,7%) a pesar de que sean más quienes paguen.
El Impuesto de Patrimonio se convirtió en la piedra angular de la armonización fiscal que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) colocó como exigencia para apoyar las cuentas para este año elaboradas por el Gobierno de coalición (PSOE-Podemos) que mantiene como presidente al socialista Pedro Sánchez.
Los republicanos catalanistas expusieron su pretensión de acabar con el “paraíso fiscal” (así lo llamaron) de Madrid, que atrae a los más ricos del país eximiéndoles del pago de esta figura fiscal.
Madrid trabaja en una armonización que acabe con las diferencias entre las comunidades
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó entonces que en realidad su departamento ya estaba en un plan de esta naturaleza que pasaría por fijar suelos y techos entre los que podrían moverse, nunca superar, las comunidades autónomas. Lo que sí es seguro es que los domiciliados en Madrid tendrán que pasar por caja para contribuir por el patrimonio que han atesorado.
La responsables de las arcas estatales avanzó que sería este año cuando se acometerían los cambios, que ligó a la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Este última es una exigencia de Canarias que, no obstante, ha logrado mejorar la cantidad de dinero que llega desde el Estado para financiar la educación, la sanidad y las políticas sociales en la segunda mitad de la pasada década.
La ventajosa aritmética parlamentaria propició que el anterior Gobierno del Archipiélago convenciera al Ejecutivo central, entonces en manos del PP, de la necesidad de sacar los ingresos del Régimen Económico y Fiscal (REF) del cómputo de dinero que recibía el Archipiélago.
En todo caso, la ausencia de grandes mayorías parlamentarias anuncian grandes dificultades para sacar adelante tanto esta reforma como la armonización fiscal. Esta última no se limita solo a Patrimonio. Sucesiones, entre otros, también se vería afectado.
Zapatero lo eliminó
En tiempo de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente de España, el Impuesto de Patrimonio pasó a engrosar la lista de figuras fiscales del pasado. Sin embargo, la irrupción en 2008 de la anterior crisis, convenció de la necesidad de recuperarlo con el fin de que los que más tenían contribuyeran en mayor medida a sacar del atolladero en que el país se había metido. Con la soga al cuello por la exigencias de déficit y deuda que imponía Bruselas, retornó este impuesto, pero ahora ya en manos de las comunidades autónomas. Cada una buscó la fórmula que más conveniente le pareció para conjugar las necesidades de recaudación y el confort de los grandes tenedores de bienes y derechos. Madrid decidió romper la baraja y proclamarse como el único lugar del Estado en que no es preciso pagar por lo atesorado a lo largo de la vida. Eso indignó a otras comunidades autónomas que veían cómo de manera paulatina se producía una fuga de carteras repletas de billetes camino de la capital de España. Sirva un ejemplo. En el año 2018 solo había en todo el país 611 ciudadanos cuyas posesiones sumaban un valor por encima de los 30 millones de euros. Sin embargo, solo pagaron este impuesto 205, los restantes 406 siempre vivieron en Madrid o habían decidido establecerse allí al calor de la política fiscal blanda. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, llegó a calificar de “paraíso fiscal” a la comunidad que gobierna Díaz Ayuso. | J. G. H.
