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Los profesionales excluidos de las ayudas directas exigen criterios objetivos

Abogados o economistas, entre otros, denuncian “notables presencias y clamorosas ausencias” en los listados de potenciales perceptores

Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres, en un mitin.

Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres, en un mitin.

Varios colegios profesionales de Canarias se han dirigido a la Administración para hacer notar su ausencia entre los negocios susceptibles de recibir ayudas, estatales y regionales, a fondo perdido para paliar la caída de los ingresos por la pandemia. En opinión de los firmantes del comunicado hecho público ayer, existen “notables presencias y clamorosas ausencias” que atribuyen a “improvisación, prisas y una descoordinación entre la intención u oportunidad política” y los textos publicados en los boletines oficiales.

El Consejo Canario de Colegios de Abogados, los Colegios de Economistas de las Islas, los de Titulares Mercantiles y Empresariales, y la Asociación de Colegios Profesionales –más de 30 colegios y unos 30.000 colegiados– entienden que tanto el Gobierno central como el canario han generado “una grave discriminación en los colectivos de autónomos y pymes posibles beneficiarios de ayudas”.

El fin del comunicado es conseguir que se apliquen “criterios objetivos y objetivables” a la hora de conformar el listado de actividades que pueden tener derecho a percibir parte de los 1.140 millones de euros que Madrid envió al Archipiélago y de los 83 millones que el propio Ejecutivo autonómico destinó al mismo fin de ayudar a los negocios.

“Las actividades previstas como susceptibles de ser subvencionadas incluyen actividades empresariales, profesionales e incluso artísticas. Y en este punto es donde se hace necesario recalcar las notables presencias y las clamorosas ausencias, que en conjunto ofrecen una grave discriminación en los colectivos de autónomos y pymes posibles beneficiarios de ayudas”, señalan.

Recalcan que entre los colegiados a los que representan “existe un importante colectivo de profesionales en ejercicio libre de su profesión encuadrables como autónomos y que, en muchos casos, han venido sufriendo y padeciendo en la actualidad las consecuencias de la crisis generada por la covid”. Por ello no entienden que se les deje fuera, ya que “cumplen con las condiciones objetivas” para optar a estas ayudas.

Es decir, contra su deseo pueden demostrar que han sufrido pérdidas de ingresos superiores al 30% en el segundo semestre del año pasado en relación al mismo periodo de 2019 –condición que exige el Gobierno canario– o en el conjunto de todo 2020 en comparación con todo el ejercicio anterior, como demanda el real decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Esa, la de los diferentes periodos de tiempo escogidos por una y otra administración para adquirir la condición de potencial perceptor de ayudas a fondo perdido, la destacan como una de las “importantes contradicciones y graves lagunas” que han encontrado en la redacción de los textos legales que soportan las iniciativas.

Entrando más en el detalle añaden que la norma canaria, “con la mayor de las simplezas” deja fuera al comercio mayorista. Lo asimila a “gran empresa” por lo que se caen de la lista negocios que realmente son pymes. En algún caso, de tan solo dos trabajadores contando al emprendedor que está al frente de la actividad.

“En igual orden de cosas, no se incluye la construcción ni el mantenimiento,” mientras sí aparecen “la actividad de profesionales titulados vinculados a la construcción”, lamentan y suman cuestiones tales como que las peluquerías sí estén en la norma estatal y no en la autonómica.

Por todo ello, los firmantes instan “a las administraciones implicadas” a volver a revisar el espíritu de la iniciativa para evitar “la discrecionalidad en la norma y en su aplicación”, y ayudar realmente “a todas las pymes y a todos los autónomos” afectados por la crisis.

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