Las más de 300 páginas del proyecto de Plan de Recuperación publicadas por el Gobierno incluyen multitud de cifras sobre los 112 proyectos de inversión previstos por el Ejecutivo y referencias genéricas a las 102 reformas que el Ejecutivo compromete ante Bruselas como condición para acceder a los 140.000 millones de fondos europeos asignados a España. Sin embargo, en los documentos publicados no existen hitos temporales para el cumplimiento de esas reformas y precisamente eso y una mayor concreción en los objetivos es lo que exige Bruselas, según las fuentes comunitarias consultadas.
“Queda alguna cosa pendiente”, reconocen fuentes del Ejecutivo. “Los hitos temporales serán incorporados en el documento formal que se envíe a Bruselas”, antes del 30 de abril, aseguran otras fuentes del Gobierno. La falta de concreción en hitos temporales y objetivos es lo que también ha decepcionado a las consultoras tras el estudio de las 300 páginas publicadas por el Gobierno: “Falta el excel”, aseguran, subrayando así las carencias de datos del documento. Bruselas necesita conocer la hoja de cálculo (excel) del Gobierno con las fechas en las que irá cumpliendo las reformas comprometidas pues del cumplimiento de esos hitos temporales dependerá el desembolso de los fondos europeos, dos veces al año en cada uno de los tres próximos ejercicios.
En las pensiones se exigen medidas compensatorias para blindar el sistema
Aunque prácticamente ninguno de los Veintisiete Estados miembros ha enviado el plan nacional de inversiones y reformas definitivo a la Comisión Europea –Austria lo hizo este martes, según el comisario Johannes Hahn–, todos, salvo Holanda, han transmitido a Bruselas el grueso de los componentes que conforman sus respectivas estrategias con un objetivo: acelerar la evaluación y aprobación para que el dinero empiece a fluir cuanto antes. Todo dependerá de los peros que pongan los técnicos comunitarios durante un examen que mirará con lupa la reforma laboral y las pensiones, las dos grandes asignaturas pendientes de España.
La lista de tareas en este apartado siempre ha sido larga. A Bruselas le preocupa muy especialmente el uso generalizado que se hace de los contratos temporales, uno de los más elevados de Europa, y que afecta particularmente a los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y los trabajadores inmigrantes. Entre otras cosas, Bruselas reclama “favorecer la transición hacia contratos indefinidos, en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación”.
Sostenibilidad del sistema
En cuanto a las pensiones, Bruselas considera que las reformas introducidas en 2011 y 2013 por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy “han contribuido a garantizar la sostenibilidad y la adecuación de las mismas a largo plazo” aunque la decisión de revertirlas y mantener el incremento vinculado a la inflación, como se decidió en 2018 y 2019, requiere “medidas compensatorias para garantizar que el sistema sea sostenible a medio y largo plazo”. La reforma también tiene que garantizar la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados.
Otra de las peticiones habituales es mejorar la aplicación de la ley de unidad de mercado y eliminar las restricciones a profesiones reguladas como ingenieros civiles y arquitectos o servicios jurídicos e informáticos. El año pasado Bruselas incluyó entre las reformas el refuerzo del sistema sanitario para fortalecer su capacidad.
En el ámbito de las inversiones, las recomendaciones por país también urgen a España a poner el foco en la innovación, la eficiencia energética y las interconexiones y en apoyar la investigación y la innovación, prioridades para impulsar la transición verde y digital, clave en el plan de recuperación. Aunque el anticipo del 13% al que optará España cuando se apruebe el plan no estará ligado a gastos ni inversiones concretas, los siguientes desembolsos –dos por año– sí estarán condicionados a cumplir hitos concretos.
150.000 millones al año para el fondo de recuperación
La Comisión Europea captará unos 150.000 millones de euros anuales hasta 2026 –en total 800.000 millones a precios actuales– para financiar el plan de recuperación con el que reflotar la economía europea tras la crisis del coronavirus. Si tal y como espera Bruselas, los Veintisiete consiguen concluir en junio el proceso de ratificación de la decisión de recursos propios, imprescindible para lanzar la emisión de deuda, el Ejecutivo comunitario podría acudir a los mercados en busca de dinero desde el mes julio. “Estaremos listos para acudir a los mercados tan pronto como la decisión sea ratificada por todos los Veintisiete Estados miembros”, confirmó el comisario de presupuestos, Johannes Hahn, durante la presentación de la estrategia de financiación que convertirá a la UE en uno de los mayores emisores en euros del mundo. Si los plazos se cumplen, los primeros desembolsos podrían llegar entre julio y septiembre próximos y los países que presenten primero sus planes tendrán antes acceso a la prefinanciación del 13%, aunque si hay muchos países en la cola habrá que “ver que el reparto se realice de forma proporcional”, dijo. Hasta ahora son 17 los Estados miembros que han remitido a Bruselas su plan.
