El plan de recuperación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó ayer en el Congreso contiene un total de 30 inversiones –de un total de 120 actuaciones– con las correspondiente reformas que han de abrir las puertas a casi 70.000 millones de fondos europeos a fondo perdido. Las áreas van desde potenciar las energías verdes a la sostenibilidad de las pensiones. De las propuestas, solo diez grandes proyectos presentados absorberán hasta 2023 algo más de 50.000 millones, una cantidad que representa aproximadamente el 72% de los casi 70.000 millones en transferencias de Bruselas.
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Plan de choque de movilidad sostenible. Presupuestado con 6.536 millones, el objetivo es impulsar la descarbonización de la movilidad urbana. Inversiones en zonas de bajas emisiones y fomento de puntos de recarga para el coche eléctrico.
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Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Rehabilitación de edificios orientada al ahorro energético. Conlleva la reforma de la ley de vivienda y un programa de construcción de viviendas en alquiler social. Partida de 6.820 millones.
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Sistema agroalimentario y pesquero. Transformación ambiental y digital de estos sectores. Fomento d e la economía circular y modernización de los regadíos. En el ámbito pesquero, mejora de la Red de Reservas Marinas e incidir en la lucha contra la pesca ilegal. Contaría con 1.051 millones.
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Ecosistemas y biodiversidad. El objetivo de los 1.642 millones es alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas con su restauración ecológica y revertir la pérdida de biodiversidad.
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Espacio litoral y recursos hídricos. Reforma de la ley de aguas orientada a una nueva planificación hidrológica, la adaptación de la costa española a los efectos del cambio climático y la protección del medio marino. 2.091 millones.
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Movilidad sostenible, segura y conectada. Las inversiones de 6.667 millones hacen referencia a los corredores europeos (el del Atlántico y el del Mediterráneo); también, a la red transeuropea de transporte y a actuaciones de intermodalidad logística.
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Energías renovables. Uso de 3.165 millones para el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030), que prevé que las energías renovables sean el 74% de la producción eléctrica en 2030 y el 100% en 2050. Estrategia de autoconsumo y un marco normativo que fomente la generación renovable “con certidumbre”, según el Gobierno.
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Infraestructuras eléctricas. El despliegue del almacenamiento energético, la digitalización de las redes de distribución y los nuevos modelos de negocio en la transición energética son los tres proyectos de inversión pública incorporados bajo esa ficha, que incluye 1.365 millones.
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Hoja de ruta del hidrógeno verde. Las inversiones previstas incluyen medidas de apoyo a las pymes y los centros tecnológicos. También la integración sectorial que concentre espacialmente la producción, transformación y consumo a gran escala. La partida sería de 1.555 millones
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Transición justa. Con los 300 millones presupuestados se pretende minimizar el impacto del cierre de minas de carbón y centrales térmicas en sus comarcas con planes para crear empleo y fomentar su desarrollo económico.
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Administraciones públicas. Para su modernización se prevén actuaciones orientadas a la digitalización de los procesos y la reducción de la temporalidad de los empleados públicos y la mejora de su formación. La transición energética y la modernización de la gestión pública para una mejor rendición de cuentas también forman parte del plan, dotado con 4.315 millones.
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Política industrial. Los 3.7823 millones del plan serían para el apoyo de proyectos estratégicos de transición industrial, favoreciendo la transformación de sectores como el vehículo eléctrico, el agroalimentario, la salud, el aeronáutico y naval, así como el de las energías renovables.
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Impulso a las pymes. Se prevé modernizar mecanismos de reestructuración de empresas para su eficiencia y se impulsará la creación de startups. La inversión, de 4.894 millones, promoverá el emprendimiento, el crecimiento, la digitalización, el apoyo al comercio y la internacionalización.
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Sector turístico. Desembolso de 3.400 millones para transformar el modelo turístico hacia la sostenibilidad, un programa de digitalización e inteligencia para destino y para el sector con especial hincapié en los archipiélago canario y balear.
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Conectividad digital. Incluye el despliegue de las redes y servicios basado en tecnologías 5G en Europa, y posicionar a España como un hub internacional de infraestructuras y talento en materia de ciberseguridad. Se pretende extender la banda ancha ultrarrápida al 100% de la población. Dotación de 3.999 millones
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Inteligencia artificial. El objetivo es situar a España como país puntero en inteligencia artificial, como vía de expansión, a su vez, de la lengua española. Para ello se destinan un total de 500 millones.
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Ciencia e innovación. El plan prevé destinar 3.380 millones a la reforma institucional y el fortalecimiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
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Sanidad. El plan prevé destinar 1.069 millones a la renovación y la ampliación del sistema nacional de salud. Contempla el fortalecimiento de la atención primaria y comunitaria o la reforma del sistema de salud pública.
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Competencias digitales. En total se prevén 3.593 millones para un plan nacional de competencias digitales. Se trata de garantizar la formación e inclusión digital de la sociedad y la economía.
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Formación profesional. Se prevé destinar 2.076 millones de euros para un plan estratégico destinado a impulsar la formación profesional (FP), mediante un sistema único que integre la FP del sistema educativo con la dirigida al empleo.
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Sistema educativo. Se incluyen 1.648 millones. Entre las reformas se integra el diseño y aplicación de un nuevo modelo curricular por competencias clave en las etapas de educación infantil o la reforma integral del sistema universitario.
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Cuidados. De los 3.502,05 millones de inversión prevista para un plan de choque para la economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de inclusión, 2.492 millones correrán a cargo del mecanismo de recuperación y resiliencia. Refuerzo de la atención a la dependencia.
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Mercado laboral. Se incluyen algunas medidas que ya están en marcha, como la regulación del teletrabajo, y otras que formarán parte de la modificación de la reforma laboral del PP, como la modernización de la negociación colectiva, y la simplificación en el número de contratos. Fomento del empleo joven y femenino.
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Cultura. En total se recogen 325 millones destinados a la revalorización de la industria cultural.
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Sector audiovisual. Inversión de 200 millones para hacer de España un hub audiovisual en Europa.
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Deporte. También el fomento del deporte tiene su apartado con una dotación de 300 millones.
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Fraude fiscal. Otro de los ámbitos es el de las medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con distintas medidas que no incluyen costes, como una nueva ley contra el fraude o la modernización de la Agencia Tributaria.
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Impuestos. Otro de los ámbitos que no incluye una dotación de recursos es el de la reforma fiscal para adaptar el sistema impositivo al siglo XXI. Entre las tareas que se impone el Gobierno está el incremento de la recaudación que afectará a Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.
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Gasto público. El Gobierno se impone la revisión y evaluación del gasto público con medidas de control y supervisión que mejoren su eficiencia.
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Pensiones. Además de las ya conocidas, con los incentivos al retraso en la jubilación, sobresale “la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo intergeneracional”. Incorpora, “junto con la esperanza de vida, otros indicadores que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío para el sistema”.
