Los dueños de las marcas de ropa XTG y Lenita y su hija se enfrentan a seis años de prisión por presuntos delitos contra la Seguridad Social. La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado para cada uno de ellos una pena de seis años de cárcel por un delito continuado contra la Tesorería General de la Seguridad Social por el impago sistemático de las cotizaciones y otros conceptos de la empresa Burmen S. L. entre 2013 y 2017, otro delito de alzamiento de bienes al desviar dinero a otras sociedades para evitar la acción recaudadora y proteger su facturación, y un tercero de insolvencia punible. Los acusados se enfrentan a una multa de 2,3 millones de euros y a la pérdida de la posibilidad de recibir subvenciones públicas durante seis años; y además se les reclama una indemnización de 580.994 euros a la Seguridad Social. El Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas ha dictado auto de apertura de juicio oral.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público explica que los procesados ocasionaron una “importante deuda” con la Seguridad Social al no abonar las cotizaciones de los trabajadores de la empresa Burmen S. L. , donde figuraban como socios y administradores solidarios, y establecieron un entramado societario para mantener la actividad comercial que desarrollaban y los ingresos que obtenían sin pagar a la TGSS. Los acusados crearon las mercantiles Beach Concept S.L. y Nillbeach Concept S.L. para trasladar la actividad de Burmen S. L. y así evitar los pagos “después de escindirla entre comercio al por mayor y al detalle, de manera que la cuotas resultantes de la debida cotización de sus trabajadores y a ingresar en la TGSS fueran cuantitativamente inferiores a las generadas por Burmen, S.L.”. La Fiscalía considera que en esta actuación Antonio Luis M. M. y Lenita B. P. contaron con la ”cooperación imprescindible” de su hija Nicole en calidad de socia y administradora única de las nuevas sociedades.
Los miembros de esta familia crearon las nuevas sociedades, dedicadas al mismo tipo de actividad económica, y las pusieron en marcha cuando la TGSS reclamó las cantidades adeudadas. Con ellas prestaban los mismos servicios y trabajaban con los mismos clientes, proveedores y empleados, sostiene la Fiscalía, “con la finalidad de desviar la facturación de esos servicios a una entidad diferente de la deudora para mantener así a salvo los ingresos de su explotación que en modo alguno se pensaban destinar al pago de la deuda contraída con Seguridad Social”. Argumenta el Ministerio Público que los acusados declaraban las cuotas de la seguridad social de sus empleados, pero luego de forma “consciente y deliberada” no las ingresaban a la vez que continuaban con su actividad económica. Y todo ello, señala el escrito de acusación, “con la finalidad impedir la localización de sus bienes o de su patrimonio para frustrar la acción recaudadora del ente público, tanto en vía voluntaria como en fase ejecutiva y con ello, la posibilidad del cobro efectivo de la deuda generada por cada una de las empresas”.
Ventas cero
Entre mayo de 2011 y septiembre de 2017, Burmen generó una deuda de 458.535 euros aunque obtuvo beneficios en 2009 y 2010 que “sujetaron a la dotación de RIC, concretamente dotaron por importe de 250.000 y 200.000 euros respectivamente”. Ante los impagos, la TGSS emitió entre 3 de julio de 2013 al 12 de diciembre de 2014 más de 40 diligencias de embargo contra sus cuentas. En 2015 Burmen fue declarada en concurso voluntario, pero previamente traspasó su actividad a las dos nuevas empresas “haciendo de esta manera imposible el cobro por sus acreedores de los créditos”.
En el año 2012, Burmen notificó 652.667 euros en ventas, de su principal cliente obtuvo una facturación de 440.786 euros y compró por 619.320 euros, y sus principales proveedores le facturaron 89.869 euros y 85.860 euros otro. Un año más tarde, las ventas cayeron a los 437.000 euros y las compras subieron 1.188.494 euros, “pero los proveedores del año anterior desaparecieron y es proveedor principal pasa a ser Beach Concept”.
La dinámica de caída de ventas, llegando incluso a los cero euros, y aumento de compras se repite en los siguiente años. Explica la Fiscalía que “en 2013 con la entrada de Beach Concept, Burmen pasa a vender poco más de la mitad de lo que vendía pero compra el doble de mercancía, y en 2014 y 2015 continúa haciendo compras muy elevadas para ventas igual a cero euros, de esta manera Burmen soporta los gastos de Beach Concept y no tiene ingresos con los que hacer frente a las deudas”. Concluye el Ministerio Fiscal que “ello sólo es posible tratándose de personas jurídicas diferentes porque la dirección de ambas está residenciada en el mismo núcleo de personas, los acusados”. Por derivación de Burmen, Beach Concept tiene una deuda de 470.626 euros entre diciembre de 2012 a septiembre de 2017.
