Tener pérdidas en 2019 no conllevará la exclusión automática del reparto de las ayudas a fondo perdido estatales. Al menos no en todos los casos, tal y como demandan los empresarios hoteleros que decidieron rehabilitar sus activos en ese ejercicio y, por estar meses cerrados, se anotaron un resultado negativo. Es una de las modificaciones que el Gobierno de Canarias solicitará a Madrid después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara esta misma semana la flexibilización de los criterios de selección de los negocios que podrán acceder a las subvenciones.
Canarias recibirá 1.144 millones de euros, el 16,3% de los 7.000 millones que el Ejecutivo central ha destinado a las comunidades autónomas. El presidente regional, Ángel Víctor Torres, volvió a agradecer ayer a Sánchez la “especial sensibilidad” mostrada con el Archipiélago, “junto a Baleares, las regiones más perjudicadas por la pandemia debido a su dependencia del turismo”. Sin embargo, el gesto tenía muy complicado materializarse. Tanto que en un primer cálculo se estimó que solo una de cada ocho empresas canarias podría acceder a los fondos.
Falta por definir el baremo a aplicar para determinar la inviabilidad real de las empresas
El propio texto del real decreto que regula la concesión de las ayudas es el obstáculo. Acuciada por las normas europeas, que niegan cualquier concesión de dinero público a empresas que no tienen viabilidad, la Administración central determinó que bastaba con no haber obtenido beneficios en 2019 para constatar esa condición.
Desde el primer momento, varios afectados se pusieron en contacto con el Gobierno canario para hacerle caer en la cuenta de la ausencia de justicia en la norma. Si desde lo público se ha animado en reiteradas ocasiones a renovar la planta alojativa obsoleta, quienes hacían esos deberes para incrementar su propia competitividad y la del destino en su conjunto recibían un portazo a la hora del reparto de las ayudas a fondo perdido. Además, sufriendo, como todo el sector, el parón de sus negocios desde hace más de un año.
Comunicación incesante
El Consejo de Ministros anunció la aprobación del real decreto 5/2021 el pasado 12 de marzo. Doce días después, según reveló ayer Ángel Víctor Torres, partió la primera llamada de atención desde las Islas. Más tarde, “el 6 de abril, la consejera de Economía, Elena Máñez, remitió sendas cartas a las ministras de Economía [Nadia Calviño] y Hacienda [María Jesús Montero]; dos días antes ya habíamos estado en Madrid realizando gestiones sobre este asunto”, relató el presidente de Canarias.
Los contactos continúan produciéndose a todos los niveles. Las llamadas se multiplican y tienen también al sector privado como interlocutor. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, afirmó también ayer que el grado de colaboración es máximo. Tanto Máñez como Torres y el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, quieren que los empresarios participen en el proceso para que toda la casuística esté sobre la mesa cuando se remitan al Gobierno central las modificaciones a introducir en el texto original.
Estos sábado y domingo habrá poco descanso para unos y otros. Antes del final de la semana próxima las enmiendas deben estar en poder de Calviño. “La colaboración se da a todos los niveles”, detalló Manrique de Lara sobre la disposición de varios partidos de la oposición en las Islas a conseguir que la totalidad de los 1.144 millones de euros se queden en el Archipiélago. La consigna es que no puede devolverse ni un céntimo de esa cantidad por no haberse repartido entre un tejido empresarial profundamente dañado por la crisis.
En la misma línea, José Carlos Francisco, presidente de CEOE-Tenerife, se mostró satisfecho por la decisión anunciada esta semana por el presidente Pedro Sánchez. “Teníamos la esperanza”, expuso para referirse a la evidencia de los desajustes contenidos en el real decreto 5/2021, “pero no sabíamos si iban a acceder”.
Empresarios de Lanzarote apuntan a la distorsión por la quiebra de Thomas Cook
También la patronal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife mostró su “inquietud”, tal y como la definió Francisco, “desde el primer minuto. Llevamos semanas trabajando en este asunto y ahora tenemos que ver cómo queda el texto final”, reveló.
Faltan por definir cuestiones tales como qué baremo se aplica para determinar que una empresa es inviable sin fijar solo la vista en el resultado del ejercicio 2019. Algunos empresarios apuestan por ampliar la fiscalización de las cuentas a más años para conformar una radiografía más clara y justa.
Aparte de las empresas que optaron por rehabilitar sus hoteles, otras sufrieron en ese 2019 el revés de la quiebra de Thomas Cook. El Círculo de Empresarios de Lanzarote fue, ayer mismo, el último colectivo en hacer ver que la marcha del turoperador causó pérdidas millonarias a muchos negocios que, meses después, tuvieron que cerrar sus puertas por la pandemia. “No se les puede castigar doblemente”, señaló sobre una exclusión de las ayudas que todo indica no se producirá finalmente.
