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Lanzarote y Fuerteventura se encomiendan a Torres para salvarse del colapso económico

Las islas no capitalinas sufren la crisis con mayor dureza: las orientales por perder a los turistas y las ‘Islas Verdes’ porque nunca los han tenido

Un paseo de la localidad majorera de Caleta de Fuste, vacío por la pandemia.

Un paseo de la localidad majorera de Caleta de Fuste, vacío por la pandemia. LP/DLP

Las islas periféricas se encomiendan al Gobierno de Canarias para que el daño causado por la crisis del coronavirus no sea irreparable. Tanto las más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, como las más occidentales, La Palma, La Gomera y El Hierro –las Islas Verdes–, sufren heridas en su economía y en su sociedad que seguirán supurando cuando la pandemia termine. La parálisis del turismo ha arrasado el empleo en Lanzarote y Fuerteventura como en ningún otro punto de España. El miedo es que los turistas empiecen a llegar cuando la destrucción de empresas y de puestos de trabajo sea tan grande que hagan falta años para la recuperación. Es decir, cuando la crisis sea ya estructural. La crisis estructural que las Islas Verdes llevan décadas soportando precisamente por no haber podido subirse al carro del boom turístico, como sí hicieron Fuerteventura y Lanzarote. El temor en La Palma, La Gomera y El Hierro es que las urgencias del coronavirus hagan olvidar que su particular crisis es perenne: la progresiva despoblación, el mayor coste de vida, la falta de oportunidades... Problemas que amenazan con eternizarse ahora cuando ni siquiera cuentan con su menor cuota de turistas. La crisis coyuntural de las dos islas orientales coincide así con la crisis estructural de las tres occidentales, por eso el Parlamento regional ha pedido planes de rescate específicos para cada una.

“Nadie en esta Cámara puede negar que las islas orientales reciban un tratamiento diferenciado”, explicó en el último pleno parlamentario la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo. La socialista fue quien defendió en la Cámara la Proposición No de Ley (PNL) en la que el PSOE pedía al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres “un plan específico de recuperación para las islas de Lanzarote y Fuerteventura”.

Corujo acertó y ningún diputado negó la necesidad de ambas islas de un rescate que tenga en cuenta su particular situación. Tampoco nadie se negó a incluir a El Hierro, La Gomera y La Palma en la solicitud de un trato singular. La presidenta del Cabildo de Lanzarote aceptó así la enmienda de la Agrupación Socialista Gomera que pedía planes específicos para todas las islas no capitalinas.

El espíritu de la PNL –la exigencia de prestar especial atención a la periferia, más golpeada y con menos capacidad de reacción que Tenerife y Gran Canaria– sí se desvirtuó de alguna manera con la enmienda de Nueva Canarias, también aceptada. Los de Román Rodríguez incluyeron en la proposición no de ley la petición de programas de reactivación “específicos” para cada una de las islas, las seis periféricas y las dos capitalinas. No obstante, en la enmienda de NC se puntualiza que en la redacción de esos planes de rescate insulares debe haber “especial incidencia en aquellas [islas] más afectadas” por la crisis. Los nacionalistas cambiaron así la redacción de la PNL para, en el fondo, acabar pidiendo lo mismo que se pedía en el texto original y en la enmienda de los gomeros: especial atención a la periferia.

La crisis oriental

En el caso de Fuerteventura y Lanzarote, la situación es casi dramática. Si no lo es del todo, se debe a que aún están vigentes los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor, que evitan que muchos trabajadores cuenten ya como desempleados. De facto están parados, pero en la estadística oficial siguen figurando entre la población ocupada. El problema es que cuando el Gobierno central retire este tipo de ERTE, habrá en ambas islas menos empresas de las que había cuando estalló la pandemia. En definitiva habrá menos oportunidades laborales y, por tanto, se corre el riesgo de perder a parte de esa población que se ha ido asentando en las islas orientales en las últimas décadas gracias al crecimiento económico impulsado por el turismo. Por eso el Parlamento autonómico le pide al Gobierno de Canarias medidas concretas, específicas y singulares para que Lanzarote y Fuerteventura se salven del colapso. Y las cifras justifican la petición de la Cámara.

Al cierre del primer trimestre de 2020 –Pedro Sánchez decretó el estado de alarma nacional el 14 de marzo del año pasado–, en Fuerteventura había 52.790 personas ocupadas. Desde entonces, según la última Encuesta de población activa –la del cuarto y último trimestre de 2020–, han perdido su trabajo 8.870 personas. Así pues, la crisis del coronavirus ha destruido el 17% del empleo en la isla majorera, casi el mismo porcentaje que se ha llevado por delante en Lanzarote, donde ha desaparecido un 16,5% de los puestos de trabajo. En la isla de los volcanes había 67.470 ocupados y ahora hay 11.130 menos. Son las dos islas que han sufrido la mayor destrucción de mano de obra, y ello sin tener en cuenta a los trabajadores en ERTE. No sorprende así que también sean las dos en que más ha subido el paro desde el inicio de la pandemia.

En Fuerteventura hay 6.300 desempleados más de los que había en marzo del año pasado, un total de 16.340 personas. El paro se ha incrementado la friolera del 63%, un aumento sin precedentes en la estadística oficial en tan corto espacio de tiempo. Y el dato es incluso peor en Lanzarote, donde hay 19.560 desempleados, 8.090 más que a 31 de marzo de 2020. La parálisis del turismo ha disparado el paro en la más oriental de las islas un extraordinario 70,5%. Para hacerse una idea de la gravedad de la situación basta con apuntar que la siguiente isla en que más ha crecido el desempleo a lo largo de la crisis es Gran Canaria, con un 34,6%. Una subida demoledora que, con todo, es la mitad de la que sufren las islas orientales.

La crisis occidental

Si solo se miraran las cifras del mercado laboral, parecería que la crisis está pasando de puntillas por las Islas Verdes. Por eso los presidentes de La Palma, La Gomera y El Hierro, Mariano Hernández Zapata, Casimiro Curbelo y Alpidio Armas, subrayan que sus problemas no son coyunturales, sino estructurales. “Nuestro déficit es estructural; hemos estado alejados del desarrollo que ha experimentado el resto de islas, y por si fuera poco, hasta el coste de vida es mayor”, explica Armas.

En La Gomera, y pese al golpe que ha sufrido el mercado laboral en las localidades más turísticas, como Valle Gran Rey, tanto el empleo como el paro se mantienen en cifras muy parecidas a las del inicio de la pandemia. En El Hierro sí ha crecido el desempleo en 140 personas, lo que en una isla tan pequeña supone un 11% más, pero también hay 70 ocupados más. En La Palma, por su parte, el paro cae un sorprendente 5,6%, pero se han destruido 1.070 empleos.

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