El PP quiere vetar el fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a toda empresa que no obtuviera beneficios antes de la pandemia de Covid-19, esto es, en el ejercicio 2019. Así consta en las enmiendas que los populares han registrado en el Congreso al decreto ley que regula este fondo, cuyo funcionamiento han criticado en reiteradas ocasiones, especialmente a partir del rescate a la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros.
Esta misma semana, la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, mencionó en el Congreso de los Diputados el caso de esa misma compañía aérea. Lo hizo para lamentar esa decisión mientras en las Islas el Gobierno central obvia, a su juicio, que la industria canaria ha visto reducido el mercado de manera drástica por la falta de turistas.
En su intervención, dirigida al presidente Pedro Sánchez, Oramas mencionó el caso de JSP, una de las grandes compañías de la transformación alimentaria del Archipiélago y que atraviesa graves dificultades. Hasta el punto de haber declarado recientemente el concurso voluntario de acreedores y explicar que está a la espera de la llegada de un inversor que pueda relanzar el negocio.
Sin embargo, los problemas surgieron en JSP mucho antes de que la pandemia estallara. Las deudas con trabajadores y proveedores se acumulan desde hace años. La petición de la diputada nacionalista quedaría desarticulada por la enmienda que presenta ahora el PP.
En todo caso, la Unión Europea prohíbe de manera tajante la inyección de capital público a las conocidas como empresas zombis, aquellas que no tienen garantizada su viabilidad. Bruselas trata de esa manera de evitar que el dinero de todos los ciudadanos termine por pagar despidos de trabajadores, por ejemplo.
El grupo Popular en el Congreso cuestiona en su enmienda si es estratégica su propia solvencia, una de las características que se presume para poder optar a este tipo de operaciones, entre las que se prevén instrumentos tales como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital.
Mismo requisito
En la justificación del texto registrado, el PP argumenta que esta exigencia a empresas que se beneficien del fondo de solvencia es exactamente el mismo requisito que se exige a las pymes y autónomos para poder beneficiarse de las ayudas directas recientemente aprobadas por el Gobierno. No obstante, el Ejecutivo ya ha anunciado que permitirá a las comunidades autónomas felxibilizar los requisitos. En el caso de Canarias, no hacerlo dejaría fuera a negocios que registraron pérdidas en 2019 por haber acometido obras de reforma –en el caso de los hoteles– o haber sufrido una pérdida sobrevenida de ingresos tras la quiebra de Thomas Cook.
Además, el PP registró otra enmienda para acabar con el carácter reservado de las operaciones en el momento de su aprobación en el Consejo de Ministros, fijando un plazo de cinco días para que el Ejecutivo remita el expediente completo del rescate al Congreso.
En la redacción del decreto ley en vigor se establece el carácter reservado de datos, documentos e informaciones en manos del Consejo Gestor del fondo y de la propia SEPI hasta que los interesados los hagan públicos. La norma establece la prohibición de divulgar dichos datos.
