Las empresas de seguridad privada están a la expectativa sobre las competencias que asumirá la Comunidad Autónoma en este sector porque prevén que les beneficiará con más servicios. El Estatuto de Autonomía recoge que Canarias tendrá competencias en el ámbito de la seguridad privada tanto en el control de las empresas que operan en las Islas, como en la habilitación de nuevas compañías y en la autorización para prestar servicios. Hasta ahora estas funciones están en manos de la Delegación del Gobierno y del Cuerpo Nacional de Policía y cuando se traspasen las competencias pasarán a manos del Ejecutivo regional y de la Policía Canaria. El sector considera que este nuevo escenario le supondrá más agilidad y efectividad en el desarrollo de su actividad.
El presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) en Canarias, David Jiménez, confía en que cuando la Comunidad Autónoma tenga las competencias en seguridad privada se autoricen nuevos servicios, incluso en espacios públicos cuando sea por razones de interés general o justificadas y siempre subordinados a la seguridad pública. La ley estatal determina que en las zonas públicas la seguridad está en manos de los cuerpos del Estado, policías autonómicas si las hubiera y policía local. Es la Delegación del Gobierno la que puede autorizar un servicio privado siempre y cuando se necesite y se justifiquen las razones pero, según el sector, estando en manos de la Comunidad Autónoma se conocerían mejor las peculiaridades de las Islas y podría haber más facilidades en ámbitos que ahora están restringidos. Según Jiménez, desde que empezó la pandemia las empresas de seguridad privada están solicitando de las instituciones públicas que les den más servicios porque “la sociedad requiere mayor presencia de vigilantes en zonas donde no estamos, pero que la ley lo permite siempre y cuando la Delegación del Gobierno lo autorice”.
La Comunidad podrá autorizar nuevas empresas y servicios cuando tenga el traspaso
“Estamos a disposición de todas las instituciones y organismos públicos, aquí nos tienen si nos quieren usar para controlar aforos en las playas, vigilar la distancia social en las zonas comerciales cerradas y abiertas y lo que se necesite, estamos para ayudar”, reclama el presidente de Aproser.
La Asociación presentó ayer los resultados de un estudio sociológico sobre la Percepción de la Seguridad Privada en España referentes al Archipiélago. Se trata de un sondeo encargado por la patronal con encuestas efectuadas por todo el país en torno al mes de enero conforme al cual en Canarias, de hecho, la proporción de población que se declara bastante segura (79%), o mucho más segura (17%) en los lugares que cuentan con presencia de vigilantes de seguridad privada llega, globalmente, al 96%, superando en 10 puntos el 86% que hay, de media, en el conjunto del Estado. Estos datos se consideran “tremendamente positivos” por Aproser, según señaló su secretario general, Eduardo Cobas, al entender que es favorable para los propósitos de las compañías del sector de ampliar su presencia en el territorio isleño.
En lugares entre los que se incluyen hasta “espacios públicos abiertos muy concurridos”, como “parques, paseos y las mismas playas”, el 72 % de los encuestados de las Islas dijeron estar de acuerdo con que hubiera vigilantes, subrayó Cobas. Todo ello en una situación en la que la ciudadanía tiene mayoritariamente “la convicción de que no hay suficientes vigilantes de seguridad”, llegando al 74 % de los encuestados de Canarias la proporción de quienes opinan que “habría que acercar la cifra española de profesional por número de habitantes, un vigilante por cada 600 habitantes, a la media europea, un vigilante por cada 250 habitantes”, recoge el informe.
Un estudio recoge que el 96% de los canarios se siente más seguro con vigilantes privados
Para David Jiménez cuando la Comunidad Autónoma asuma las competencias “será beneficioso para los dos partes porque así podremos realizar más servicios de los que estamos prestando. Tenemos que esperar a que se concrete el traspaso pero creemos que esta situación beneficiará a las administraciones públicas canarias y al sector”, añade.
