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El ‘caso Arbistar’ acumula ya 1.127 víctimas y un fraude de 41 millones

La Audiencia Nacional asume la instrucción de la estafa piramidal con criptomonedas de Arona

Santiago Fuentes detenido en la Comisaría de Tres de Mayo en Santa Cruz. | | LP/DLP

Santiago Fuentes detenido en la Comisaría de Tres de Mayo en Santa Cruz. | | LP/DLP

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la inhibición planteada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, en Tenerife, para investigar la mayor trama piramidal conocida hasta ahora en relación con la inversión en criptomoneda (bitcoins), a través de la empresa Arbistar 2.0 SL. La cifra de víctimas de esta supuesta estafa se sitúa, en estos momentos, en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas, mientras que el perjuicio económico se estima en más de 41 millones de euros actualmente, si bien podría superar los 100 millones. Así consta en la información divulgada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional considera que los investigados, bajo la dirección de Santiago Fuentes Jover, podrían haber cometido los delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil.

La resolución explica que los investigados, mediante la utilización instrumental de la mercantil Arbistar 2.0 SL, de la que Fuentes Jover es administrador único y cuyo objeto social es “el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas”, urdieron presuntamente una trama defraudatoria en el mercado de las criptodivisas. Esta trama, continúa, prometía a los inversores rentabilidades de entre el 8 y el 15% mensual, pagándoles de forma semanal, siempre los sábados, y dándoles la opción de sumar estas rentabilidades a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso. Pero lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros clientes anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se motivaban para aportar una mayor cantidad de dinero con la esperanza de lograr un beneficio aún mayor, relata el documento.

La trama ideada por Santiago Fuentes Jover es la mayor con bitcoins en España

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Este esquema de naturaleza piramidal no solo se usaba para que los que habían invertido aportaran más dinero, sino para atraer a nuevas personas que pusieran más dinero al ver los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores clientes.

A estos efectos, según el auto, a los inversores se les ofrecía también un “plan amigo”, a partir del cual, si conseguían captar nuevos inversores, tendrían una compensación. De este modo, la empresa, a partir de programas de marketing, consiguió innumerables ingresos de dinero, lo que les permitió crecer de manera exponencial.

Pero, a partir de agosto del 2020, varios inversores solicitaron la retirada de sus fondos sin que su solicitud fuera atendida. Y, desde entonces, comenzaron las dudas, las sospechas, las denuncias, los impagos y la investigación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Con esa operativa, indica el juez, “la cifra de perjudicados en la causa objeto de inhibición [1.127 ya determinados, pudiéndose alcanzar un número superior a los 32.000 a la vista del número de cuentas afectadas], su distribución por el territorio de más de 30 audiencias provinciales, así como el perjuicio patrimonial producido [41,4millones de euros ya cuantificados, pudiendo superar los 100], evidencian la competencia de la Audiencia Nacional sin ambages”.

Según algunos abogados, también existen perjudicados por el supuesto fraude en otros países que aportaron cantidades significativas. “Sin duda alguna, tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la fecha en relación con la inversión en criptomoneda”, concluye.

Ante las acusaciones de posible fraude, el principal acusado, Santiago Fuentes Jover, distribuyó vídeos en los que insistía en tranquilizar a los inversores e, incluso, los intimidaba con el mensaje de que quien lo denunciara no recuperaría el dinero que aportó.

En la segunda quincena de octubre pasado fue detenido cuando se hallaba en una de sus viviendas, en la zona de Araya, en el municipio de Candelaria, gracias a una operación conjunta de la UDEF de la Policía Nacional y la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Tras pasar a disposición del Juzgado, Fuentes Jover quedó en libertad provisional acusado de los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Se le retiró el pasaporte y cada quince días debe pasar por el Juzgado. Pero el líder de la trama no actuó solo, sino que tenía, al menos, cuatro colaboradores, según los investigadores.

Las personas engañadas se reparten por 30 provincias, según informó el TSJC

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A la vez que se arrestó a Fuentes, los agentes instruyeron también diligencias en las que investigaban a los individuos A.C.F. e I.G.E. Además, en febrero, el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona dictó orden nacional, europea e internacional contra otros dos presuntos implicados, identificados como Diego Felipe F.N. y Víktor Alexandre W.F., según la información que trascendió. Y es que, desde el primer momento, los investigadores sospechaban que ambos podían haber huido al extranjero. Un mes antes, en enero, la abogada grancanaria Conchi Viera, que representa a un grupo amplio de víctimas, solicitó al juzgado instructor que dictara la requisitoria internacional contra Diego y Víktor.

El responsable de Arbistar 2.0 SL. desplegó sus actividades desde el sur de Tenerife. Sus oficinas estaban en el edificio Zentral Zenter de Las Américas, en Arona, y su empresa inscrita en la sociedad en la Zona Especial Canaria (ZEC) para pagar menos impuestos. Para lograrlo, dijo que su compañía estaba dedicada a una actividad diferente a la que realmente le interesaba: captar ingresos en criptomonedas, bitcoins en este caso. La clave del negocio consistía, en teoría, en usar el dinero de los inversores para “comprar barato [bitcoins] y vender caro”. Y esa diferencia constituiría la ganancia de la que supuestamente se iban a beneficiar los clientes.

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