Pedro Costeras (Madrid, 1966) fue reelegido este viernes sin oposición secretario general en el cuarto congreso de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-Canarias. Al margen de los acuerdos a los que llega la organización sindical a la que pertenece con el Gobierno de Canarias, asegura que este se comporta como un mal patrón con los trabajadores públicos. Alerta de que el decreto aprobado para la gestión de los fondos europeos genera aún más caos en la Administración y anuncia su oposición a cualquier movimiento que contravenga los intereses de las plantillas y, por supuesto, a las privatizaciones.
¿Le ha empujado esta crisis a volver a presentarse?
Lo tenía pensado, pero con la que está cayendo creo que hay que seguir por responsabilidad. Así me lo han pedido los compañeros [92% de votos a favor y ninguno en contra].
¿Qué tamaño tiene la marejada por la temporalidad y la reorganización de plantillas?
El Gobierno de Canarias es muy mal patrón. Estamos negociando buenos acuerdos con ellos, con la Presidencia, con la Consejería de Empleo, y ahí está el acuerdo para la reactivación social y económica de Canarias. Ahora, cuando son patronal, el panorama se torna pésimo. En el consejero Julio Pérez y en su directora general de Función Pública priman la unilateralidad y la imposición.
¿Un gobierno de izquierdas es mal patrón?
Las cosas son como son y así hay que contarlas.
¿Por qué lo es?
La puntilla ha sido el decreto ley [4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa (...)] para la gestión de los fondos públicos de la Unión Europea. Son importantísimos, los necesitamos como agua de mayo en las Islas y tienen que servir para diversificar el modelo económico y crear empleo, pero lo que hace el Gobierno de Canarias es pisotear los derechos de los empleados públicos, desregular la Administración y crear nuevas unidades fuera de la estructura de la comunidad autónoma. En vez de confiar en el criterio, la experiencia y el talento de los empleados públicos nombra a dedo gestores que no sabemos de dónde van a salir y esto nos parece que no es garantía para que los fondos lleguen a donde tienen que llegar, a los más necesitados.
“No confían en el talento y experiencia de los empleados públicos y contratan gente que no sabemos de dónde sale”
¿En qué afecta concretamente a los empleados públicos?
Han aprovechado para cambiar la Ley de Función Pública y complicar la estabilización de todo el personal que está en situación de abuso en la contratación. El consejero [Pérez] no hace más que decir en los medios de comunicación que esto depende del Gobierno central, que es verdad, pero en lo que está en su mano endurece las medidas de acceso. El personal laboral podía estabilizar por concurso de méritos y ahora será por concurso-oposición, y nos vamos a negar con todas nuestras fuerzas.
¿No había que hacer nada para garantizar ese reparto?
Nada de lo que han hecho. Han metido en las disposiciones adicionales ese endurecimiento y a ver qué tiene que ver eso con el reparto de los fondos europeos. Esa labor no es para tres días, sino para más de tres años.
¿Y qué supone eso?
Durante todo ese tiempo se va a nombrar a un montón de personal a dedo, muchas contrataciones temporales y dentro de tres años tendremos un problema mayor del que tenemos ahora.
¿Basta entonces con el personal actual?
No, ni mucho menos. Claro que hay contratar, pero empezando por cubrir todas las vacantes. La Administración pública tiene muy complicada la estabilización del empleo porque la quiere mezclar con la funcionarización. Llevan más de una década sin sacar oposiciones y ahora quieren hacer todo a la vez. Es decir, tienen un lío y quieren resolverlo por la vía rápida, y no se puede desarticular así la Administración Pública.
Otra cuestión que no depende directamente del Gobierno canario es la inmigración. No obstante usted se muestra crítico, ¿por qué?
Desde luego hay problemas con las políticas de la Unión Europea en este ámbito. No obstante, hay cuestiones que sí dependen de los gobiernos de España y de Canarias como es el trato que se da a la población inmigrante, que es denigrante. Eso no puede ser. Además, se está subcontratando todo el servicio que hay que dar. Hay una pléyade de ONG y fundaciones que en realidad son empresas con enorme precariedad en el empleo y problemas de seguridad. Aquí deben tomar medidas la Fiscalía, el Gobierno de Canarias y los cabildos para dotar correctamente las plantillas.
“El descuento del 75% ha ido a la cuenta de resultados de las aerolíneas y no a los ciudadanos”
¿Por qué se muestra crítico con el descuento del 75% en los billetes de transporte?
Porque ha ido directamente a la cuenta de resultados de las aerolíneas y no a los ciudadanos, ha sido un escándalo. No tenemos obligaciones de servicio público en las conexiones con la Península y, por tanto, no existen precios máximos, con lo que las compañías aéreas encarecen el billete. El Gobierno de Canarias está en la luna de Valencia y no presiona al estatal para que acabe con esto.
¿Puede traer privatizaciones esta crisis?
Estaremos vigilantes, desde luego. Ahí tenemos Correos, con el Gobierno progresista cerrando oficinas y copiando estrategias de las empresas privadas. Si de algo da eso sensación, es de que caminan hacia la privatización. Hay dos caminos claros, el que se ha tomado en la Televisión Canaria con la subrogación del personal, que esperamos ratifique ahora el Parlamento autonómico, o las cosas raras que hace el Gobierno canario con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, del que tienen en el programa un cambio de la figura jurídica para desvincularlo de la comunidad autónoma. Es una vergüenza, con un gobierno progresista.
