El Primero de Mayo volvió a convertirse ayer en una jornada reivindicativa de los sindicatos, en esta ocasión para exigir al Gobierno que retome la agenda social interrumpida por la pandemia pero también para advertir al Estado y a la patronal que no van a permitir que la salida de la crisis económica provocada por el Covid sea similar a la de la recesión de 2008, es decir, «que la factura de la crisis la paguen los trabajadores». «No tiene ningún sentido que con el dinero de todos se esté subvencionando a empresas que, al final, vayan a convertir en ERE los actuales ERTE, desde nuestro punto de vista eso no es posible porque sufragar despidos con dinero público es una indecencia», aseveró el secretario general de CCOO en Canarias, Inocencio González Tosco. Por su parte, el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, advirtió que «lo que no podemos entender» es que, «el gran rescate» a la banca «lo vayan a pagar los trabajadores», mientras que los directivos tienen «unos sueldos increíbles y unas indemnizaciones millonarias».
Las centrales sindicales retomaron el pulso de las calles en las dos capitales canarias y se concentraron en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura tras el paréntesis que supuso el 2020, ya que el confinamiento impidió un Primero de Mayo normal y se tuvo que hacer de forma telemática. UGT y CCOO reivindican que el Gobierno de España «comience a cumplir los compromisos del pacto» que lo sustenta, que quedaron en suspenso cuando se declaró el estado de alarma, en marzo de 2020, porque, según estas centrales sindicales, «está costando retomar esa agenda social» en asuntos como la reactivación del diálogo social y la negociación «real» sobre pensiones públicas y el incremento del salario mínimo, así como la derogación de la reforma laboral de 2012.
Más de 500 personas se unieron a la manifestación de la capital grancanaria que discurrió entre el Parque San Telmo y la Plaza de Santa Ana con diferentes grupos para guardar la distancia de seguridad y pancartas reivindicativas de distinto signo. Entre los colectivos que hicieron acto de presencia estuvieron trabajadores de Correos, H&M, empleados públicos, pensionistas y organizaciones feministas. En la Plaza de Santa Ana se leyó un manifiesto por varios participantes, entre ellos un inmigrante, en el que también se criticó la política migratoria del Gobierno central, la situación de hacinamiento de los centros de retención y se exigió que dejen salir a los migrantes de las Islas.
En relación con la situación específica de Canarias, el líder de CCOO demandó que los ERTE se prolonguen hasta cuando se reanude realmente la actividad económica en los sectores más afectados y que no haya ningún tipo de modificación con respecto a la última prórroga pactada entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales. Al mismo tiempo, este sindicato defenderá que el paquete de ayudas a la recuperación de 1.144 millones de euros que ya se están repartiendo a empresas de las Islas se concedan a aquellas sociedades «solventes que puedan garantizar el mantenimiento de la actividad y del empleo».
En Tenerife el secretario general de UGT, Manuel Navarro, subrayó que la sociedad canaria «tiene bastante incertidumbre» e incluso «miedo», sobre todo las cerca de 90.000 personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). No cree que la población canaria esté «adormecida», pero reconoce que «desde hace muchos años adolece de cierta movilización».
El Primero de Mayo de 2021 también se convirtió en un homenaje a los trabajadores de los servicios esenciales que estuvieron en primera fila durante el confinamiento y en este último año de pandemia, sobre todo sanitarios, fuerzas de seguridad, personal de supermercados, limpieza, transportistas, etcétera. Al final de la manifestación de la capital grancanaria se oyeron peticiones de huelga general en el caso de que el Gobierno central no cumpla con los compromisos sociales que asumió al inicio de la legislatura.
En las manifestaciones de las dos capitales canarias apenas se dejaron ver políticos en activo de los partidos del cuatripartito, únicamente algunos dirigentes de Podemos como la diputada Meri Pita y el concejal Antonio Doreste.
