La economía canaria ya sostiene a más de 47.000 empresas ‘zombis’

Pero, ¿qué son las empresas zombi? Aunque no existe una definición única, hasta ahora se podía calificar con este adjetivo a compañías de más de diez años de antigüedad que no pudieran cubrir sus gastos con los ingresos que genera su actividad. De esta manera, solo pueden seguir adelante refinanciando de forma constante sus deudas. La ampliación de la moratoria concursal hasta el 31 de diciembre, –acordada por el Gobierno central con el objetivo de dar tiempo a las empresas para que puedan reequilibrar sus balances y así evitar procesos concursales innecesarios–, insufla también oxígeno a este otro tipo de empresas, cuya situación es muchas veces insalvable y que no tendrán que declararse en quiebra hasta ese momento. En el último año las sociedades que se encuentran en esta situación se han disparado no solo en Canarias sino en el resto del país. Un estudio de Informa D&B cifra en 39.560 las compañías que deberían estar en suspensión de pagos en toda España, 1.334 de ellas se encuentran en el Archipiélago.

Según este estudio el perfil nacional de las compañías zombis es el de una microempresa, es decir que cuentan con menos de cinco trabajadores, y pertenecen principalmente a los sectores de la Construcción y actividades inmobiliarias y al de la Comunicación, especialmente a la informática.

El Gobierno central ha aprobado una batería de medidas para promover su disolución

«Siempre han existido empresas zombis», explica Jorge Hodgson, socio director de JH Asesores Financieros y Bancarios, que aclara que en la situación económica actual lo raro sería que no hubiera ninguna, ya que la mayor parte del tejido económico de Canarias ha tenido que recurrir al crédito para obtener liquidez en un año en el que la paralización de la actividad llegó a ser total durante varios meses. «Lo que hay son empresas que han tenido que endeudarse a través de financieras para poder sobrevivir», aunque matiza que el millar de sociedades canarias que no pueden hacer frente a sus deudas, «quizá lo hayan hecho por un importe que no era el acertado o venían de una mala situación y ahora no pueden afrontar sus gastos».

Sin embargo, avisa de que muchas más empresas pueden verse en esta circunstancia en los próximos meses cuando se cumplan los plazos y se tenga que empezar a devolver el dinero que se ha pedido prestado. «Gran parte de las empresas canarias está sufriendo mucho para atender sus compromisos», aclara, lo que obliga a efectuar verdadera «ingeniería financiera» para poder llegar a todo. Por eso, asume que es vital gestionar ahora esas ampliaciones de los préstamos ICO y su periodo de carencia, ya que fue este el mecanismo al que se acogieron muchas de las empresas en los primeros momentos de la pandemia.

Además de las compañías incapaces de asumir sus gastos financieros, en los últimos meses se está empezando a calificar también como empresas zombis a aquellas que se mantienen inactivas, es decir, empresas que están inscritas en el Registro Mercantil, pero que no desarrollan actividad comercial, y en particular a aquellas que no publican sus cuentas. El informe elaborado por Informa D&B, cifra en algo más de 1,4 millones las empresas que en toda España podrían considerarse inactivas. El 3,18% de ellas se encuentra en Canarias, donde se localizan 45.710 sociedades sin actividad.

El Gobierno central ha puesto el foco en este tipo de empresas, que pueden provocar sospechas de poder facilitar actividades opacas, como el blanqueo de dinero. Por eso, la Administración estatal recientemente anunció que endurecerá el régimen sancionador para aquellas que no publiquen sus cuentas y se prevén multas de entre 1.200 y 60.000 euros, –que pueden ascender hasta los 300.000 euros en caso de sociedades con una facturación superior a seis millones–, al agilizar el procedimiento sancionador.

Para Hodgson las empresas que no mantienen actividad no deberían estar incluidas en la categoría de sociedades zombis. «Solo deberían incluirse a aquellas que tienen actividad», determina, ya que muchos empresarios mantienen sociedades patrimoniales sin disolver «para no incurrir en los gastos que supone liquidar una empresa».

El Gobierno tiene interés en identificar a las empresas zombi del tejido económico nacional con el objetivo de evitar que los recursos destinados a apoyar a las compañías para salir de la crisis, especialmente aquellos que se invertirán en otorgar ayudas directas, acaben en sus manos. Destinar una parte de los fondos a empresas que no serán viables limita los recursos disponibles para el resto. Por eso, la ministra de Economía, Nadia Calviño, les ha declarado la guerra y el pasado mes de febrero anunció una batería de medidas enfocadas en promover su disolución.

El perfil nacional de estas compañías es el de una micropyme del sector de la construcción

Lejos de considerar que se debe dejar morir a estas sociedades, el asesor fiscal Jorge Hodgson opina que hay que ayudarlas a salir del pozo. «Creo que si se hace un plan financiero, se hacen ajustes en su estructura de costes y se considera viable para continuar merece la pena valorarlo», asume. Ya que si no, la alternativa no es otra que «entrar en concurso de acreedores». Sin embargo, bajo su punto de vista si se deja caer a este gran número de empresas acabará pasando factura al tejido económico de Canarias, ya que no solo perjudicará a muchos trabajadores vinculados a ellas, sino también «a la recaudación tributaria».

Hodgson señala que uno de los grandes problemas a los que se enfrentan ahora las empresas es la falta de liquidez, con los bancos cerrando el grifo del crédito y las líneas ICO finalizadas. Por eso, él apuesta por una inyección directa de liquidez vinculada a las pérdidas como se ha puesto en marcha en otros países europeos, mientras que en España a las empresas no les queda otra que esperar por unas ayudas que no llegan, con cláusulas específicamente diseñadas para tratar de detectar a este tipo de sociedades y que no puedan acceder a ellas.