Canarias necesita con urgencia que se flexibilicen los mecanismos de acceso a los fondos diseñados por Europa para la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus. Los límites de las ayudas de Estado han quedado fuera de juego en el contexto actual pero Bruselas, mientras pide celeridad en la ejecución de proyectos, mantiene abierto el debate sobre el encaje legal de las subvenciones programadas. Además, numerosas empresas isleñas tendrán que devolver las exenciones y descuentos que se aplicaron el pasado año en virtud del diferencial fiscal.
Comenzando por esto último. Las ayudas de Estado, y en este saco entran figuras como la RIC (Reserva para Inversiones de Canarias), la DIC (Deducción por Inversiones) o las subvenciones para el transporte de mercancías, entre otras, no pueden superar el 30% de la facturación de un ejercicio. Los ingresos de las mercantiles durante 2020 se desplomaron en la mayoría de los casos.
Bruselas debate si debe flexibilizar los mecanismos para dar más margen a los estados miembros
«El 30% de poco es muy poco», resumió ayer el asesor fiscal Orlando Luján. Es decir, a poco que una empresa haya recurrido a una de esas figuras contempladas en el Régimen Económico y Fiscal (REF) puede superar el límite. Es una situación que ya «se está viendo», afirmó Luján, «y se notará aún más cuando se presente [hasta el 25 de julio] la liquidación del Impuesto de Sociedades».
En buena lógica, cabe cuestionarse qué empresa decidió exponerse a ese embrollo con la que estaba cayendo. Basta con pensar que en dos meses y medio del año pasado se mantuvo la normalidad. Por ejemplo, si un supermercado ubicado en zona turística decidió invertir en software o cambiar los lineales en enero o febrero de 2020 y lo hizo acogiéndose a una de las figuras del REF, es muy probable que el descuento aplicable a dicha inversión supere el 30% del volumen de negocio alcanzado en todo el ejercicio.
Obras de renovación
Por si todavía el ejemplo deja dudas, basta cambiar supermercado por hotel y software por camas o cortinas para entender la dimensión del problema. En este caso del sector alojativo, también es probable que, aprovechando el parón turístico, varios se lanzaran a renovar «pensando que la pandemia iba a durar menos», apuntó el asesor fiscal.
«Llevamos un año pidiendo que se modifique ese límite del 30%», lamentó el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García. Una demanda que cayó en saco roto a pesar de que sí se establecieron algunas excepciones en respuesta al especial y negativo contexto generado por el coronavirus. Por ejemplo, dos días antes de finalizar el pasado año, el Consejo de Ministros estableció una prórroga para la materialización de la RIC. Los empresarios habían advertido que, de no ser así, 600 millones se perderían, ya que nadie apostaría por invertir en el momento actual.
El mismo límite del 30% en las ayudas de Estado es, además, una incógnita a despejar en lo que respecta a la percepción de los fondos europeos para la recuperación. El viceconsejero de Hacienda, Asuntos Europeos y Planificación del Gobierno de Canarias, Fermín Delgado, preguntó ayer por ello al secretario general de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, Manuel de la Rocha, y este no ocultó que esa cuestión aún está en la mesa de debate de Bruselas.
La indefinición actual de los fondos contrasta con las exigencias en los plazos de ejecución
Delgado lanzó la pregunta de si sumaban estas ayudas en el cómputo global de las de Estado durante la celebración de un seminario web sobre fondos europeos de reconstrucción. «La respuesta corta es que todos tienen que cumplir el marco de las ayudas de Estado», contestó De la Rocha. No obstante, el integrante del equipo de Pedro Sánchez señaló que existe «un debate» en Bruselas sobre «si debe flexibilizarse en algún caso» esa norma «para dar más margen a los estados. Nosotros estamos peleando por ello, porque de lo contrario no sería posible cumplir los plazos de ejecución».
«Son necesarios»
«Desde luego tiene que haber mecanismos de flexibilización porque, de lo contrario, podemos encontrarnos con problemas», se sumó José Cristóbal García. No obstante, Orlando Luján señaló que solo se producirían daños para el Archipiélago en el caso de que los rectores europeos «lo hagan muy mal».
El experto fiscal canario se refirió de esa manera a la existencia de un «cajón» particular para el Next Generation y demás ayudas que están ligadas al «marco temporal actual». Es decir, el de las herramientas ad hoc creadas con motivo del estallido de la pandemia de coronavirus, por lo que no deben sumarse a las «ayudas de funcionamiento»; las que habitualmente manejan las empresas del Archipiélago para hacer valer esas ventajas contenidas en el REF –ZEC, RIC, DIC...– con el fin de paliar la ultraperificidad y poner a las Islas en igualdad de condiciones con la Europa continental.
Además, Delgado se interesó por conocer los automatismos que determinarán el grado de cofinanciación de los proyectos. De nuevo De la Rocha le emplazó a próximos encuentros porque tampoco esa es una cuestión que esté determinada. La indefinición contrasta con la celeridad que se exige para la tramitación.
