La largamente esperada Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuya creación acumula años de retraso, no echará a andar hasta 2022 como pronto, si bien es más probable que lo haga en 2023. El Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha enviado a la Comisión Europea su intención de someter un proyecto de ley a consulta pública en breve, para aprobarlo posteriormente en Consejo de Ministros con idea que las Cortes Generales le den luz verde ya el año que viene debido a los plazos de los trámites legislativos que es necesario cumplir. La complejidad y el coste presupuestario de poner una nueva institución en marcha, con todo, pueden provocar que no entre en funcionamiento antes de 2023, según explican fuentes conocedoras de la evolución de los trabajos.

El nacimiento de la Autoridad va a suponer una revolución en el procedimiento de resolución de conflictos entre las entidades (que la financiarán) y sus clientes (para quienes será gratuita). Así, sus resoluciones serán vinculantes para los bancos, gestoras de inversión y aseguradoras hasta cierta cantidad reclamada (en 2019 se barajó 50.000 euros, pero ahora no está cerrado), mientras que los usuarios podrán seguir acudiendo a los tribunales si no están de acuerdo con el dictamen.

Hoy por hoy, los fallos de los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no son de obligado cumplimiento para las entidades, con lo que no es raro que estas los desoigan cuando dan la razón al cliente, abocando a estos a un largo y costoso proceso judicial.

La anterior crisis puso en evidencia la necesidad de cambiar el sistema, ya que se acumularon litigios masivos por conflictos como las preferentes o las cláusulas suelo hipotecarias que colapsaron los juzgados debido al carácter no vinculante de las decisiones de los organismos supervisores (en algunos años las entidades las ignoraron en más del 80% de los casos).