Tres meses antes de la moción de censura que mandó a Mariano Rajoy a la oposición en febrero 2018, el Gobierno del Partido Popular encargó un estudio a la consultora Ineco (que depende del Ministerio de Transportes) para implantar un sistema de peaje en toda la red de carreteras del Estado a partir de 2021, no solo en las autopistas.
El documento al que ha tenido acceso Levante-EMV, diario del mismo grupo que este periódico, detalla hasta tres posibles alternativas de pago por uso de las autovías y las vías convencionales. La idea de implantar un peaje generalizado en las carreteras españolas viene de lejos, ya que en 2012 el Gobierno de Rajoy ya encargó otro estudio sobre la misma cuestión.
El cambio en el Ejecutivo en 2018 paralizó aquella tentativa del PP, pero evidencia que los populares apostaban por este modelo para la financiación de infraestructuras de carreteras, en consonancia con lo que pregonaba y sigue proponiendo Europa. Ahora, el partido liderado por Pablo Casado ha mostrado su rechazo a un peaje para las autopistas españolas que son gratuitas a partir de 2024, tal como desveló el plan de recuperación remitido por el Gobierno de Pedro Sánchez a las autoridades europeas.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda y Urbana, José Luis Ábalos, reiteró este miércoles en el Congreso que el actual Ejecutivo no impondrá un sistema de pago por uso en la Red de Carreteras del Estado "si no hay consenso" para ello y reclamó a Casado que aclare si efectivamente está en contra. "Señor Casado, ¿usted está de acuerdo con esto? Porque a mí los sectores económicos me dicen que usted les dice lo contrario y, si es así, y no hay ningún consenso pues no saldrá, no se va a imponer nada", dijo este miércoles el ministro en la sesión de control.
Ábalos aclaró que, con la inclusión de esta propuesta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha enviado a Bruselas, el Gobierno solo pretende "abrir una reflexión e invitar al debate".
En el debate de ayer, el diputado del PP, Andrés Lorite, no dio marcha atrás en su nueva postura sobre los peajes y sostuvo que es "una medida muy dañina para el conjunto de la sociedad, que lastrará la competitividad y la recuperación económica" y defendió que el Gobierno de Mariano Rajoy no la puso en marcha.
En todo caso, en 2018 el Partido Popular parecía muy dispuesto a poner en marcha un peaje en toda la red de carreteras del Estado, a tenor de la petición "de carácter urgente" que realizó a la ingeniería Ineco. El horizonte que planteaba el documento encargado por el ministro Íñigo de la Serna era para aplicar la propuesta en 2021. Ofrecía tres opciones: gravar exclusivamente a los vehículos pesados, hacerlo también a vehículos ligeros y, como tercera hipótesis un recargo especial a camiones y coches «más acorde a las políticas europeas basadas en el principio de internalización de costes (‘quien contamina, paga’) y a las tendencias observadas en otros países de la Unión». Precisamente la expresión «quien contamina, paga» aparecía también en el documento elaborado por el departamento de Ábalos.
Rechazo generalizado
Al hilo del debate, asociaciones de consumidores, vecinales o colectivos de transportistas (amén de los partidos políticos) han mostrado su rechazo a la propuesta que ha llevado España a la comisión europea. Ya en los documentos encargados en la época del PP se hablaba de que la medida tendría "un coste social elevado"».
