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2024, límite para hacer fijos a los 25.000 interinos de Canarias

Iceta acelera las oposiciones para cubrir las plazas vacantes en tres años | Las convocatorias están paralizadas en las Islas

Miquel Iceta en la presentación ayer de los planes del Ministerio para estabilizar a los empleados públicos interinos. | | E.P.

Miquel Iceta en la presentación ayer de los planes del Ministerio para estabilizar a los empleados públicos interinos. | | E.P.

El Gobierno pretende estabilizar a 300.000 interinos, unos 25.000 de ellos canarios, que están cubriendo un puesto estructural en alguna de las administraciones públicas del país. Es decir, incurren en un abuso de la temporalidad. Y se ha comprometido con la Unión Europea a estabilizar dichas plazas antes del 31 de diciembre del 2024. Así lo manifestó ayer el ministro de Política Territorial y Administración Pública, Miquel Iceta, durante la presentación de la parte referente a sus competencias del Plan de Recuperación y Resiliencia remitido a Bruselas.

En Canarias la suma de interinos y temporales que trabajan para la Comunidad Autónoma son unos 25.000 entre Educación, Sanidad y Administración General. En este último caso son más de 3.000 y llevan protagonizando un conflicto laboral desde finales de 2020, pendientes aún de la firma de un acuerdo con el Ejecutivo que se paralizó hace más de dos semanas.

El plan del Ejecutivo en relación a las plantillas de la Administración no pasa tanto por aumentar los efectivos, sino por estabilizar la temporalidad y rejuvenecer las plantillas. Y en la estrategia europea no figura congelar salarios a medio plazo. «No hay condicionalidad alguna en materia de retribuciones. […] En algunos puestos estamos compitiendo en menores condiciones que el sector privado», declaró.

Actualmente, según los últimos datos del INE, 1,03 millones de empleados en el sector público español lo están con un contrato eventual; lo que representa al 30,4% del colectivo de trabajadores públicos. Gran parte de la misma se concentra en las comunidades autónomas, concretamente en los servicios de salud y de educación. Y una parte no menor de esa interinidad se encuentra en fraude de ley, pues cubre puestos estructurales y no bajas temporales o picos de faena. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a atajarla y de ella depende, entre otros, la llegada de los fondos europeos.

Ahí entra ese compromiso de estabilizar 300.000 plazas actualmente ocupadas por interinos en los próximos tres años verbalizada ayer por el ministro Iceta. Sus cálculos se basan en 218.671 plazas ya autorizadas en las ofertas públicas de empleo desde el 2017, de las cuales solo 56.236 plazas ya han sido cubiertas; según el componente 11 remitido a Bruselas. A estas, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública añadirá en los próximos ejercicios nuevas oposiciones para llegar a ese objetivo de 300.000 plazas; además de reformas los criterios para acelerar su cobertura. En Canarias estas oposiciones de consolidación están paralizadas por el desacuerdo entre los sindicatos.

El objetivo es ambicioso: pasar de ese actual 30% de eventualidad a una media del 8%. Una de las vías que pretende explorar serán la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), concretamente el artículo 10. Es decir, Iceta pretende que las comunidades autónomas y los municipios tengan un plazo de tres años para cubrir toda plaza pública convocada. Y si no la cubren en ese plazo, esta desaparecerá; lo que pretende incentivar a las administraciones a darse prisa con los procesos de selección para no perder efectivos.

Esta reforma del artículo 10 la pretende tener pactada con autonomías y sindicatos antes del mes de septiembre. Más inmediata ha fechado otra reforma sobre los criterios de selección en dichas pruebas. Iceta plantea que las oposiciones dependan menos de la memorística y más de las aptitudes y las actitudes. No obstante, más allá de esa línea general, el ministro no ha detallado más en su comparecencia de ayer.

Según datos expuestos por Iceta, la mitad de los efectivos de la Administración General del Estado (AGE) se jubilará en la próxima década. La edad media de la plantilla de organismos como el Sepe o la Tesorería de la Seguridad Social tiene 52 años y solo el 12% de los empleados tiene menos de 40 años. Iceta pretende revertir ese proceso de envejecimiento de las plantillas con más oposiciones y atrayendo al público joven. “Haremos un especial esfuerzo para mejorar la percepción pública de la Administración”, declaró.

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