El viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez, lo sabe: «Si no llegamos a tiempo, la sociedad española habrá fracasado». Se refiere de ese modo a la necesidad de cumplir los plazos marcados por Bruselas para poder acceder a los fondos Next Generation para la recuperación.
2023 en un primer momento y 2026 para terminar. Así entiende la Unión Europea (UE) que se promueven los cambios. Si ha dedicado miles de millones de euros a reducir la emisión de gases nocivos a la atmósfera, qué mejor que apretar a las administraciones para que el golpe de timón sea tal.
¿Hay tiempo? De sobra. La cuestión es si el elefante en que se ha convertido el sector público está preparado para pasar al jase, jase abandonando el sempiterno chau, chau; si la oposición dejará de insistir con la pardelera y se remangará para propiciar que no se pierda un solo euro de los canarios.
Con parques eólicos marinos a pleno rendimiento desde hace años en diferentes lugares del planeta, Europa incluida, inquieta saber que solo hay voluntad, parece que mucha, y el resto está por hacer. ¿Habrá subasta de potencia o se adjudicará por concurso? ¿Bastará con cubrir el trámite administrativo antes que los demás?
Algunas cuestiones están más claras. Pérez asegura que se apostará por los aerogeneradores flotantes allí donde sea posible. Están «cinco o seis kilómetros mar adentro», detalla el viceconsejero, y en un destino turístico como este cuanto más bonito el horizonte, mejor. Aunque igual merita medir cuánto molesta a un visitante centroeuropeo o nórdico ver un molino desde la arena de la playa. Puede que hasta sea menos tres en una escala de entre cero y cinco.
Lo que el Ejecutivo canario tiene claro es que las Islas no pueden perder el control de todo el proceso. Las prisas existen, pero no quiere pagar el peaje de santificar un protocolo que hipoteque a futuro las costas del Archipiélago. «Los concursos, si es la fórmula, los hará el Estado, pero la última palabra será nuestra», sostiene Pérez.
