El Estado acumuló un déficit de 16.891 millones de euros en los cuatro primeros meses del año, una cifra que equivale al 1,4% del PIB y que es un 15,1% inferior a la del mismo periodo de 2020 gracias a la evolución de la recaudación.

Esta reducción del déficit se produce ante el aumento de los ingresos, que crecen un 6,7% impulsados por la mayor recaudación tributaria, que se dispara un 12%, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda.

Hacienda señala que estos datos están afectados por las circunstancias de 2020 -con el país confinado desde mediados de marzo, lo que mermó la recaudación-, de manera que si se compara con los cuatro primeros meses de 2019, una vez excluidos cambios normativos y eventos extraordinarios, los ingresos tributarios bajarían un 3,5%.

Entre enero y abril, los ingresos tributarios ascendieron a 52.428 millones, un 12% más, con fuertes avances en todos los grandes impuestos: IRPF (del 22%, afectado por el distinto calendario de entregas a cuenta), sociedades (del 43,9%, afectado por una operación extraordinaria) e IVA (del 7%).

El repunte fue especialmente intenso en abril, con un incremento del 63,7% respecto al mismo mes de 2020.

En total, el Estado ingresó 61.314 millones de euros, un 6,7% más, aunque este repunte superaría el 10% de no ser por el efecto contable de la reversión al Estado de dos tramos de autopistas de peaje en 2020. Por lo que respecta a los gastos, sumaron 78.205 millones, un 1,1% más, aunque esta cifra se triplicaría de tener en cuenta la reversión de las autopistas.

El repunte se explica por las mayores transferencias entre Administraciones públicas, que suben un 4,7% -sobre todo por las dirigidas a la Seguridad Social-, y las mayores aportaciones a la Unión Europea (un 14,5% más), entre otras partidas.

Los gastos vinculados a la pandemia sumaron 2.404 millones, un 43,3% más, la mayoría transferencias a las comunidades autónomas y el resto, consumos intermedios entre los que se encuentran las vacunas.

En términos primarios -es decir, sin incluir el coste de los intereses de la deuda-, el déficit se situó en 9.597 millones, un 25,2% menos que un año antes y equivalente al 0,79% del producto interior bruto (PIB).

Datos consolidados

Hacienda también ha publicado los datos de ejecución presupuestaria del conjunto de Administraciones públicas, salvo las corporaciones locales, del primer trimestre, que arrojan un déficit de 15.527 millones de euros, un 44% más que en 2020 y equivalente al 1,28% del PIB.

Una vez incluidas las ayudas financieras, que comprenden también la Sareb, el déficit asciende a 15.554 millones, un 46,8% más y equivalente al 1,29% del PIB.

Por subsectores, la administración central acumuló un déficit de 10.778 millones, un 80,7 % más y equivalente al 0,89% del PIB; las comunidades autónomas, 3.486 millones, un 29,9% más y el 0,29% del PIB, y la Seguridad Social, 1.263 millones, un 40,8% menos y un 0,1% del PIB.

Seguridad Social

Las cuentas de la Seguridad Social presentaban a 30 de abril un saldo positivo de 96,37 millones de euros, lo que supone un descenso del 90,9% respecto a los 1.060,86 millones del mismo periodo de 2020.

El superávit es el resultado de la diferencia entre unos derechos reconocidos (ingresos) que crecieron el 4,85% interanual, hasta 52.977,41 millones, y unas obligaciones reconocidas (gastos) que aumentaron el 6,9% interanual, hasta 52.881,04 millones, de acuerdo con los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las cotizaciones sociales ascendieron a 42.751,42 millones, lo que supone un incremento del 3,01% respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio de 2020.

Las cuentas de la Seguridad Social continúan reflejando el impacto de la emergencia sanitaria provocada por la covid-19, lo que se evidencia en el incremento interanual del 14,31% de los ingresos por cotizaciones de desempleados, mientras que la cotización de ocupados creció un 2,2%.

Los ingresos por las cotizaciones de los ocupados se vieron afectados por distintas medidas como las exoneraciones de cuotas de los trabajadores de empresas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que han supuesto ingresar 648,2 millones menos.

Por el lado de los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 49.496,23 millones, cifra que representa el 93,6% del gasto total del sistema. La mayor partida, 45.591,05 millones, correspondió a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 5,89% interanual.

El gasto en subsidios de incapacidad temporal aumentó un 28,06%, hasta alcanzar 4.144,55 millones, de los que 670,37 millones se destinaron a los procesos derivados del covid-19.