El acuerdo del G7 para fijar un impuesto mínimo universal para las grandes empresas, –que las obligará a tributar al menos un 15% de impuesto de sociedades en todos aquellos países en los que tengan actividad–, genera incertidumbre en Canarias, un territorio que, gracias al Régimen Económico y Fiscal (REF), cuenta con mecanismos que posibilitan a las empresas beneficiarse de incentivos fiscales que permiten tributar por debajo del mínimo que quiere establecer el G7 a nivel global.
El objetivo del acuerdo alcanzado el pasado fin de semana es acabar con lo que se conoce como deslocalización fiscal, es decir, que grandes compañías establezcan sus sedes en territorios con una baja fiscalidad y tributen allí por todos los ingresos que perciban en diferentes países. Un mecanismo que permite, por ejemplo, que grandes empresas tecnológicas, pero también de otros sectores, tributen únicamente en Irlanda, –un país que tiene una menor carga impositiva que otros territorios de la Unión Europea (UE)–, por los beneficios que obtienen en todos los estados miembros.
El pacto entre los países del G7, –Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido–, busca terminar con la política fiscal a la baja en muchos territorios para tratar de cazar a estas multinacionales. Para ello, el acuerdo establece además que el porcentaje de tributación del impuesto de sociedades alcance el 20%, cuando el margen de beneficio de la empresa supere el 10% en el país.
Aunque el consenso alcanzado por los ministros de Finanzas el G7 no es vinculante, solo es cuestión de tiempo que una vez se ratifique el pacto, –previsiblemente en la reunión de los líderes prevista para este fin de semana–, el resto de los estados se unan a él y comience la negociación para iniciar su aplicación en el seno de la Unión Europea.
Y será precisamente en este escenario donde Canarias deberá hacer valer su condición de Región Ultraperiférica (RUP) y pelear para poder mantener el diferencial fiscal que tiene en estos momentos en figuras como la Zona Especial Canaria (ZEC), que permite tributar al 4%, o la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), a través de las que las empresas pueden deducirse la base imponible del impuesto de sociedades hasta llegar al 2,5%, siempre y cuando se reinvierta el 90% de los beneficios.
«Indudablemente el acuerdo nos afecta negativamente». Así de tajante se muestra el director de la Cátedra del REF, Salvador Miranda, para quien Canarias debe reivindicar una excepcionalidad a esta norma por su condición de RUP, que además a su juicio no tendría un efecto muy notorio en la recaudación a nivel nacional. Advierte de que si esta no se aplica «comenzaremos a bajar escalones» y se perderá el atractivo que tienen las Islas captar inversiones y empresas.
Aunque de momento esta tributación mínima acordada por el G7 solo afectará a grandes empresas, Miranda teme que esto sea solo un primer paso en la armonización fiscal. «Todos los países van a una tributación mínima y esto no casa con el REF», añade, por lo que insiste en que «Canarias tiene que hacer valer su fuero y su estatus especial dentro de la UE y no permitir que esto ocurra».
Sin embargo, todavía no es tarde para tratar de reconducir la situación. Existen al menos dos vías, o bien que el acuerdo que surja del G7 permita ya aplicar excepcionalidades como las de Canarias o que sea la Unión Europea la que excluya a las RUP de este impuesto mínimo global.
Canarias tiene argumentos, recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para defender que se mantenga el diferencial, pero para el asesor fiscal Orlando Luján esto no será suficiente, tal y como ha quedado demostrado en anteriores ocasiones. «Hace falta que nuestros gobernantes cuando se negocie la redacción de esta norma tengan en cuenta la diferencia de Canarias, si no podemos llevarnos una desagradable sorpresa», advierte.
El economista forense y analista de negocios Juan José Hernández sospecha que este acuerdo es solo el principio de una armonización y un incremento de la fiscalidad, en una Europa que busca recursos después del agujero que ha dejado en sus cuentas la pandemia del coronavirus y el brexit. Bajo su punto de vista, tras la marcha del Reino Unido la tendencia centralista se está imponiendo en Bruselas y «cada vez será más difícil mantener estos mecanismos específicos para Canarias», valora. Asegura que en los últimos años los incumplimientos «han sido flagrantes» y el Archipiélago tiene que explicar una y otra vez en Madrid y en Europa «qué es el REF».
El sector empresarial de las Islas también se muestra preocupado por los efectos que el acuerdo del G7 puede tener para el Archipiélago. Pedro Alfonso, secretario general de CEOE-Tenerife, afirma que si las Islas no logran quedar al margen de este impuesto mínimo global «perderíamos competitividad y uno de los grandes beneficios que tiene Canarias para atraer inversiones internacionales». Por eso, recalca que el momento de alzar la voz para tratar de lograr esa excepcionalidad «es ahora» y no cuando la negociación haya terminado y estén redactados los acuerdos y sea más difícil incluirla. Sin embargo, desconfía de la pujanza del Ministerio de Hacienda a la hora de defender «las singularidades canarias ante la Comisión Europea» y duda de que el Gobierno central «se niegue a firmar esos acuerdos si no ha excepcionalidad para las Islas».
