El Ingreso Mínimo Vital cumple un año en el que no ha cubierto, ni de lejos, las expectativas que se marcó el Estado para combatir las situaciones de vulnerabilidad de 2,3 millones de personas -entre ellas unos 110.000 canarios- con este subsidio ideado para ayudar a paliar la pobreza y, sobre todo, la infantil. Ocho de cada diez solicitudes tramitadas en las Islas - 81.242, desde que se puso en marcha la prestación el 15 de junio de 2020- han sido denegadas -63.837-, lo que supone un 78% del total, y solo un 16% se han admitido - 13.454-. Un 4% están en periodo de subsanación -3.941-.
El Ministerio de Seguridad Social argumenta que la denegación de las solicitudes se ha producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), aunque un 10% de los rechazos se debe a la falta de acreditación de la unidad de convivencia -que vivan más de una familia en una vivienda, personas sin hogar o aquellas que residen en varios lugares de manera itinerante- para lo que en febrero se realizó una modificación normativa con el fin de que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) pudieran realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.
El alud de solicitudes para percibir el nuevo ingreso mínimo, ante el aumento de la pobreza provocada por la crisis del coronavirus saturó las oficinas de la Seguridad Social (INSS) y la gestión no ha sido fácil, sino todo lo contrario. La avalancha inicial de peticiones, sumada a la falta de personal de la Seguridad Social y a las complicaciones por la pandemia explicaron en parte el retraso en la tramitación en los primeros meses. El Ministerio reconoce que es una ayuda compleja y «no están satisfechos» con los datos pero, pasado un año, ya están engrasando la tramitación y tardan un mes en resolverse las solicitudes, afirmó el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, el pasado miércoles en el Senado.
Un 80% de las solicitudes ya están tramitadas: el problema es que la decisión de si son favorables o no muchas veces no se ajusta a la realidad de cada persona porque se dan situaciones que no contempla el formulario y al ser datos telemáticos al incumplir cualquier criterio se deniega. Por ello, van a hacer una evaluación inminente de esta subvención , y van a intentar mejorarla, aseguró Arroyo, con el fin de contemplar nuevas casuísticas y agilizar los procesos y la documentación.
Para CC OO en Canarias, el Gobierno ha de hacer un esfuerzo para ajustar el IMV a la situación real de las familias que sufren la pandemia y la pobreza y necesitan este subsidio mínimo con rapidez, porque que solo llegue a un 16% de las solicitudes tramitadas en las Islas «es una mala noticia».
Para UGT se tienen que ampliar las plantillas del INSS a fin de poder gestionar en toda su amplitud la prestación. El rechazo de los expedientes no solo se ha producido en Canarias, aunque es las Islas es llamativo, sino en el conjunto del país. De las 81.242 peticiones tramitadas, que son el 81% de los 99.007 expedientes que se han presentado hasta ahora y se han visado como válidos -es decir con toda la documentación correcta-, 63.837 (un 78%) han sido rechazadas y 13.454 se han admitido. De estas solicitudes, se abonaron en la nómina de mayo 12.980 ayudas a hogares canarios que suman un total de 29.128 beneficiarios, con una media de 2 o 3 personas por hogar y un subsidio medio de 402 euros. En la provincia de Las Palmas fueron 15.571 beneficiarios y en la de Santa Cruz de Tenerife 13.557. Del total de perceptores 18.964 son adultos y 10.164 menores, es decir, uno de cada tres beneficiarios son menores de edad en las Islas.
El INSS ha recibido 1,32 millones de solicitudes válidas en el conjunto del país desde que se puso en marcha la prestación. De ellas, casi 1,1 millones, más del 81% del total, se ha tramitado, con 260.000 prestaciones pagadas en mayo para hogares en los que viven más de 680.000 personas, de las que más de 276.000 son menores. Otras 700.000 se han denegado. y 65.000 están en proceso de subsanación El Gobierno calculó que el ingreso mínimo vital llegaría a unos 850.000 hogares beneficiarios, aproximadamente unas 2,3 millones de personas.
Las mujeres copan las ayudas en las Islas
El Ingreso Mínimo Vital es una muestra de que la pobreza en Canarias tiene rostro de mujer. De los 29.128 beneficiarios de estas ayudas que se han dado a 12.980 hogares, 17.258 son mujeres y 11.867 hombres. De ese global, 10.164 son menores de edad y 18.964 adultos. Las mujeres copan la prestación que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha el 15 de junio de 2020 para las rentas más vulnerables. En Canarias, el subsidio medio fue en mayo de 402 euros, ayuda que se puede incrementar o reducir según otras prestaciones que se reciban o el número de miembros en la unidad familiar.
Las prestaciones estaban destinadas a unidades familiares o personas solas en un hogar pero la realidad, agravada con la pandemia, es que muchas personas que la necesitan comparten vivienda o tienen una residencia itinerante por lo que se están contemplando esas nuevas situaciones. En la provincia de Las Palmas, 9.245 mujeres son beneficiarias de la prestación frente a 6.324 hombres y en la de Santa Cruz de Tenerife 8.013 mujeres ante 5.543 hombres.
En el conjunto de la nación, más del 70% de los titulares de la prestación son mujeres y también son mayoría entre los beneficiarios, con 316.163 mujeres que forman parte de las unidades de convivencia que reciben el Ingreso Mínimo Vital. La nómina correspondiente a mayo es de 195 millones de euros. En Las Palmas, la media de la cuantía del ingreso mínimo es de 406 euros y en Santa Cruz de Tenerife de 398. Las prestaciones pueden llegar a los 1.000 euros dependiendo del número de personas en el hogar y en la situación en la que estén.
El ingreso mínimo es la medida de mayor calado social que el Gobierno aprobó en medio de la crisis ocasionada por la pandemia de la Covid-19. Esta ayuda colapsó la página web de la Seguridad Social en sus primeras horas de entrada en vigor en junio del año pasado, ante la altísima demanda de solicitudes. El decreto-ley salió adelante en el Congreso sin ningún voto en contra pero su a gestión y trabas burocráticas en el papeleo están dejando mucho que desear. | F. M.
