Canarias está a la cola en cuanto a dotación de personal de la Administración General del Estado, ha denunciado este viernes UGT, que cifra en un 30% ese déficit en comparación con otras comunidades autónomas.

Una situación, señala el sindicato en un comunicado, que provoca "una carga laboral y un retraso" en los servicios y gestiones realizados por el personal, generando "desasistencia" a la ciudadanía canaria.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife dispone de 170 efectivos para atender a una población que ronda el millón de habitantes entre las cuatro islas; en Las Palmas el personal público es de 218 efectivos.

UGT recalca que en la provincia occidental servicios como por ejemplo jubilaciones, viudedades, orfandades, pagos directos, solicitudes de maternidad/paternidad, revisiones de o incapacidad, "acumulan retrasos de meses, incluso años", cuando la media nacional es de un mes para la resolución de cualquier trámite.

Una problemática que se ha "agudizado dramáticamente" por culpa de la pandemia, "llegando a colapsar oficinas tanto en la capital grancanaria, como en la tinerfeña".

Esto tiene otra derivada, que es que los usuarios se vean abocados a acudir a gestorías privadas para realizar unos trámites que deberían ser ofrecidos por personal público y de manera gratuita.

UGT indica que esta circunstancia se ha replicado en todo el territorio nacional, evidenciando la escasez de medios humanos y materiales en todo el organismo, pero su repercusión, sostiene, ha sido mayor en las islas por "la acuciante falta de personal".

Pero dentro de Canarias, el sindicato alude a una circunstancia diferencial en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife: una infradotación de recursos derivada tanto de la "insuficiente dimensión" de la relación de puestos de trabajo (RPT) como del índice de ocupación de la misma.

El sindicato alerta de que el INSS en la provincia occidental "ha llegado a un punto de colapso que la defensa, tanto de la salud de los empleados públicos como de la calidad del servicio que debemos, urge de una intervención inmediata por parte del Estado".

De las dos oficinas que prestan servicio, una está actualmente cerrada y la otra solo dispone de 10 empleados, para dar cobertura a Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, y la ubicada en el sur tan solo dispone de 4 funcionarios.

La Palma, por ejemplo, carece de un facultativo médico para las revisiones oportunas de los trámites que requieren de dicho informe, como son prestaciones, incapacidades o jubilaciones, subraya UGT.

UGT recuerda que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una proposición no de ley que tiene como finalidad trasladar al Ejecutivo central la necesidad de ampliar la dotación de personal en las islas.

Además, se especifica la necesidad de arbitrar una medida urgente de cobertura de plazas creando puestos como interinos hasta que se haga efectiva la nueva oferta pública.

Así como priorizar la creación de una reserva de estas para ambas provincias, tal y como ya sucediera en los concursos de 2008 a 2010, con el fin de garantizar la ampliación de la plantilla y mejorar la ratio entre número de habitantes y efectivos.