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Impagos y reclamaciones saturan los juzgados de la Comunidad Autónoma

La jurisdicción civil recibe 39.000 expedientes en 2021, la mayor cifra en diez años | Temor a un aluvión de casos en lo social tras el fin de los ERTE y las ayudas

Panorámica de la fachada principal del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. | | EUROPA PRESS

Panorámica de la fachada principal del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. | | EUROPA PRESS

La crisis socioeconómica causada por la pandemia de la covid-19 ha disparado los casos en los juzgados canarios. Los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma se han visto de repente con un notable incremento de la carga de trabajo cuando aún está por resolver la saturación y la falta de medios que sufre la Justicia en las Islas. Los efectos de la pandemia son ya evidentes en la jurisdicción civil, la encargada, por ejemplo, de las reclamaciones contractuales o económicas. Son los juzgados de lo civil los que tramitan y resuelven los casos por impagos del alquiler, del teléfono o de la tarjeta de crédito. Son, por tanto, un fiable termómetro para medir la situación económica que atraviesan las familias y las empresas, y también la jurisdicción donde primero se aprecian las señales de una crisis. Y las señales son preocupantes.

El volumen de causas en trámite experimenta una subida interanual sin precedentes

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Según la información suministrada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el primer trimestre de este año entraron en los juzgados de lo civil del Archipiélago un total de, exactamente, 39.205 nuevos casos. ¿Muchos o pocos? Muchísimos. De hecho es el mayor volumen de expedientes recibidos por los jueces canarios de lo civil en un trimestre –no en un primer trimestre, sino en cualquier trimestre– en los últimos diez años. Y eso como poco. Los datos suministrados por el CGPJ –el órgano de gobierno del poder judicial español– abarcan desde 2011, y nunca desde ese año se había llegado en un trimestre a los 39.205 nuevos casos contabilizados de enero a marzo de 2021. Por tanto, y para ser exactos, es la mayor cifra en al menos diez años. Las consecuencias de la crisis del coronavirus son así manifiestas.

Extraordinaria subida

En el primer trimestre del año pasado entraron en la jurisdicción civil del Archipiélago 29.267 nuevos expedientes, ya de por sí una cantidad elevada. Sin embargo, el incremento experimentado en el arranque de 2021 es de un 34%, una subida a todas luces extraordinaria.

Pero la sobrecarga de trabajo de los jueces de lo civil no es una excepción. También en la jurisdicción social se empiezan a notar los efectos de la pandemia, aunque lo peor no es esto, sino lo que está por venir. Los trabajadores y jueces del ámbito de lo social velan armas para cuando finalicen los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las ayudas de todo tipo a las empresas. Economistas y expertos vienen avisando que no será hasta entonces, una vez retirado el dopaje de fondos públicos que ha evitado una avalancha de quiebras y despidos, cuando afloren los conflictos laborales latentes y se produzca así un aluvión de conflictos.

El dopaje con fondos públicos ha evitado que los despidos y ERE colapsen los órganos judiciales

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Un aluvión de conflictos que en la gran mayoría de los casos acabará en los juzgados de lo social, como ya ocurriera en los años más duros (2009-2012) de la larga crisis que siguió al crac financiero de finales de 2007. No obstante, no hace falta esperar para ver los primeros síntomas en los órganos judiciales encargados de tramitar y resolver los conflictos en materia laboral: expedientes de regulación de empleo (ERE), despidos, reclamaciones de cantidad... La jurisdicción de lo social recibió en el Archipiélago en los tres primeros meses de 2021 un total de 7.648 nuevos casos, un 8% más que en el primer trimestre del año pasado, cuando la pandemia aún no había hecho estragos en la economía, o al menos no en la medida en que acabaría golpeando a familias y empresas –el estado de alarma nacional se decretó el 14 de marzo–.

Rumbo a las cifras del crac

Ese día, 14 de marzo de 2020, los tribunales de la Comunidad Autónoma tenían pendientes un total de 138.736 casos. A 31 de marzo de este año, tras 365 días de pandemia, crisis y parálisis del turismo –el motor de la economía regional–, el número de expedientes en la particular lista de espera judicial llega ya a 156.208. La cifra se ha disparado así en casi 17.500 asuntos. Para hacerse una idea de la magnitud de este incremento basta con apuntar que nunca se había producido un aumento tan grande del volumen de casos en solo un año. Y el aumento se produce en todas las jurisdicciones.

Las causas en trámite en la jurisdicción civil se dispararon en 9.150; en la penal lo hicieron en 5.351; en la contencioso-administrativa se incrementaron en 652; y en la jurisdicción de lo social, en 2.319. Ante este panorama, jueces, juristas y abogados contienen el aliento para que la situación no degenere hasta el punto que lo hizo en 2010, cuando los desahucios, lanzamientos, quiebras y despidos elevaron a 175.000 los asuntos paralizados en las Islas.

Visita del ministro


El ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, preside hoy en Santa Cruz de Tenerife el pleno de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, una cita con las Comunidades Autónomas cuyo objetivo fundamental es terminar de definir todos los proyectos de transformación en el ámbito digital y organizativo a impulsar en 2022 con el aporte de financiación que supondrán los fondos Next Generation de la Unión Europea. El ministro de Justicia estará presente en la cita junto a los consejeros con competencias en la materia, una reunión en la que «se aprobarán de manera definitiva todos estos proyectos» para vincularlos a la gestión de los fondos europeos e «implantarlos como proyectos de país». Son 410 millones los que irán destinados a la Justicia con cargo a las partidas europeas. | LP/DLP

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