Inocencio González revalidó ayer su cargo al frente de CCOO-Canarias y el secretario general del sindicato Unai Sordo (Baracaldo, 1972) no dejó pasar la oportunidad de felicitarle ‘in situ’ por la labor desarrollada durante los últimos cuatro años. El líder sindical asegura ser consciente de que Canarias es uno de los territorios más golpeado por los nocivos efectos que la pandemia ha dejado en la economía.
Inocencio González sigue al frente del sindicato en las Islas. ¿Es buena noticia la continuidad en el momento actual?
Sí, el trabajo que se ha hecho en Canarias se ha reflejado en los datos de afiliación, representación y de percepción de utilidad. Sobre todo en una pandemia ante la que, sinceramente, creo que hemos estado a la altura.
¿Vendrán tiempos muy difíciles tras los ERTE?
En el momento en que la vacunación propicie la inmunidad de grupo, la economía se va a recuperar de una manera muy intensa y los ERTE han servido para tener tres millones menos de trabajadores despedidos. Mejorar a medio y largo plazo dependerá de muchas variables, entre otras, de cómo se utilicen los fondos europeos.
La anterior crisis trajo una merma del vigor sindical. ¿Recuperarán en esta crisis el terreno perdido?
Hay que poner en valor la labor del sindicato durante la pandemia: atención, asesoramiento y la información que se ha dado a millones de trabajadores que no sabían cómo hacer frente a una situación inédita. Además, el papel que hemos jugado en el diálogo social. Por primera vez en una crisis española la caída de la economía es inferior a la del empleo.
El ritmo de salida de los ERTE es mucho más bajo en las Islas que en el resto del país. ¿Está esa peculiaridad presente en el diálogo social?
En todo momento. La recuperación de la economía afecta de manera distinta en función del tejido productivo y aquellos más basados en los servicios y ligados al turismo sufren mayor impacto. El hecho es que 80.000 de los 400.000 trabajadores que quedan en ERTE son de esta tierra. Es muy significativa la cifra.
La ministra Díaz asegura que los ERTE estarán vigentes mientras sean necesarios. ¿Podemos estar tranquilos?
Sí. Deben estar vigentes mientras haya restricciones económicas y después, reconfigurarlos para que también sean útiles en periodos de normalidad. Las empresas se han acostumbrado a mucha contratación temporal y mucho recurso al despido ante el más mínimo problema. Hay que sustituir esa dinámica por otras que den protagonismo a la adaptación de la jornada o del tiempo de trabajo.
"Hay que romper la cultura empresarial instalada en el recurso al contrato temporal y el despido"
Buena parte de la recuperación pasa por los fondos europeos. ¿Se tramitarán a tiempo?
Sí, no creo que exista la posibilidad de un problema de parálisis burocrática. La cuestión es más profunda, porque claro que 27.000 millones de euros se notarán en la economía. No se trata simplemente de repartirlos, tienen que servir para mejorar el tejido productivo y la digitalización, para diversificar la producción y propiciar la transición energética.
Dicen Italia y España que la credibilidad de la UE depende en buena medida del éxito que tengan ambos en la gestión de estos fondos. ¿Está de acuerdo?
Sí. Sacar un fondo de 750.000 millones que no se reparte en función de la población sino del impacto de la pandemia y que se nutre con deuda que adquiere el conjunto de los países de la UE era impensable hace apenas dos años. Es un salto adelante en el proceso de integración europea que tanto necesitan países como España o Italia, pero, lógicamente, va a estar muy fiscalizado por los países que no lo ven con buenos ojos. Por eso digo que el reto no es solo mejorar la economía en el corto plazo.
Atajar la temporalidad en el empleo es una de las condiciones que ha puesto Bruselas.
El problema es cómo, porque a veces lo más importante está en los detalles. No obstante, es bueno que la UE considere que tener entre un 27% y un 32% de temporalidad en España no es solo una anomalía social ni un problema de inestabilidad laboral para millones de personas, sino también económico. Es muy difícil que los trabajadores tengan motivación para una cualificación permanente si están rotando siempre por contratos. El objetivo es mejorar la productividad sin reducir los salarios y precarizar el empleo, sino por inversión en digitalización y en formación permanente de las personas. Ese es el reto.
¿Y cómo abordarlo con éxito?
Rompiendo una cultura empresarial que está muy instalada en el recurso al contrato temporal y el despido para ajustar cuando se afronta una transición o cambia el ciclo económico.
¿Qué hacer con la temporalidad en la Administración?
El Gobierno tiene que negociar un sistema para consolidar las plazas sin esperar que sean los tribunales los que resuelvan el problema. No pueden obviarse los legítimos intereses de quienes llevan años rotando con contratos temporales, pero es cierto que acceder a la función pública debe hacerse atendiendo a la igualdad, el mérito y la capacidad. Un proceso selectivo en el que tengan peso suficiente los méritos por antigüedad puede ser la solución.
¿Hay margen todavía para negociar un incremento del salario mínimo (SMI) este año o esa es una batalla perdida?
En absoluto está perdida. Estamos esperando que el Gobierno nos convoque a la mesa de negociación. Aguardaban el informe encargado a un grupo de expertos y, conocido el resultado, toca pactar la senda de subida para la legislatura. Sería un error garrafal obstinarse en congelar el SMI en 2021 cuando la economía va a crecer por encima del 6%, los precios están subiendo el 2,7% y se van a generar puestos de trabajo en la segunda parte del año. No se entendería que los salarios más bajos pierdan poder adquisitivo.
¿Satisfecho con el acuerdo sobre las pensiones?
Sobre todo porque cambia la orientación que impulsó el último decretazo de pensiones del Gobierno de Rajoy en 2013. Decía que el incremento de pensionistas que va a haber, con pensiones más altas o durante más tiempo, había que resolverlo por la vía de los recortes. Ahora se derogan el índice de revalorización del 0,25% y el factor de sostenibilidad, y se nutren los ingresos con recursos que se situarán en torno al 2% del PIB cuando se implementen todas las medidas en la próxima década. Se ponen puentes para garantizar las pensiones y su financiación.
"Sería un error obstinarse en congelar el SMI cuando la economía va a crecer más del 6%"
¿En qué medida este acuerdo es una recuperación del poder del diálogo social?
Es muy relevante, La reforma laboral, que hay que derogar, y la de las pensiones rompieron consensos previos. Que el sistema se haya conducido por un acuerdo que va más allá de la coyuntura política y recupera el consenso es importantísimo.
¿Por qué hay reacciones tan distintas cuando Unai Sordo y Antonio Garamendi dicen prácticamente lo mismo sobre indultar a los independentistas?
A mí me preocupa el nivel de crispación política que una parte de los actores políticos quieren imponer. No tengo que defender la opinión de CEOE o Garamendi, pero tengo claro que el poder económico busca un mínimo de estabilidad política. No sé si el empresario medio español está a favor o en contra pero sí me consta que muchos de ellos interpretan que son condición necesaria, que no suficiente, para establecer un marco de diálogo. Hay quien no asume los grises, y despelleja a quien se sale del guion preestablecido para cada uno.
¿Qué opinión tiene de la gestión del Gobierno de España ante el fenómeno migratorio?
Canarias o el sur de la Península no pueden asumir en solitario el reto y se lo hemos dicho muchas veces al Gobierno.
¿Y Europa?
Tiene que diseñar una política con sentido global y que tenga en cuenta los derechos humanos, no una subcontratación como se ha hecho, por ejemplo, con Turquía. Europa tiene una población envejecida y se necesita mano de obra. Hay que desarrollar procesos migratorios ordenados.
