Cerca de 28.000 empresas de la Comunidad Autónoma, exactamente 27.732, han tenido que solicitar el aval del Estado para poder conseguir un préstamo bancario desde el estallido de la crisis de la covid-19 en marzo de 2020. La Administración estatal se ha convertido así en la principal avalista de los negocios del Archipiélago. Son casi 3.300 millones de euros –3.283,6 millones en cifras exactas– los que el Estado tendrá que poner de su bolsillo, es decir, de las arcas públicas, en caso de que las empresas avaladas en la región no puedan devolver los préstamos. La garantía y el respaldo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Agencia Financiera del Estado, han hecho posible que las empresas de las Islas, en su gran mayoría pymes y negocios de trabajadores autónomos, hayan firmado con la banca un total de 43.593 operaciones con las entidades financieras desde la irrupción del coronavirus.
Esos cerca de 44.000 préstamos bancarios son resultado de la línea de avales aprobada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que dirige Nadia Calviño, para paliar las consecuencias de la pandemia y de las medidas de control del virus –cierres temporales, restricción de horarios, reducción de la clientela...– en el tejido productivo español. Este instrumento de financiación –el más importante y de mayor cuantía junto con los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor– ha ayudado a obtener liquidez a esas 28.000 empresas canarias por un montante de 4.300 millones de euros. La gran mayoría de las empresas isleñas que se han apoyado en el ICO son pymes y micropymes del sector servicios, el más castigado por la pandemia y el de mayor peso –con diferencia– en la economía regional.
El último informe de seguimiento de las Líneas ICO avales covid-19, que acaba de publicar el Ministerio dirigido por la vicepresidenta económica del Gobierno, muestra cierto desequilibrio en el número y cuantía de las operaciones de financiación suscritas en las dos provincias del Archipiélago. En la demarcación de Las Palmas, un total de 13.411 empresas se ha beneficiado de los avales públicos del Estado. La suma de las garantías de devolución del ICO asciende a 1.903,9 millones de euros, lo que ha permitido a los negocios de las islas orientales firmar 21.063 operaciones financieras para lograr liquidez por un importe de 2.513,1 millones.
Menos en Tenerife
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se da la circunstancia de que son más los negocios que se han acogido a los avales del Instituto de Crédito Oficial, un global de 14.321, y también, por tanto, son más las operaciones firmadas que en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, hasta 22.530 frente a esas 21.063 de la provincia de Las Palmas. Sin embargo, la cuantía de los avales y de la financiación bancaria obtenida son inferiores. Las firmas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro han conseguido 1.786,5 millones de euros gracias a una garantía pública de 1.379,7 millones de euros. ¿Cuál es la causa de esta aparente paradoja? Aunque el informe del Ministerio no apunta una razón, lo cierto es que en el tejido empresarial de la provincia tinerfeña la presencia de micropymes es incluso más numerosa que en la provincia hermana. Un mayor porcentaje de las grandes industrias del Archipiélago se ubica en las islas orientales, por ejemplo, lo que podría explicar que aunque sean menos las empresas que se han acogido a los avales del ICO, las operaciones sean de mayor enjundia.
Los avales públicos del Estado son solo una de las ayudas que los Gobiernos han aprobado para evitar que el coronavirus provoque un destrozo aún mayor en el tejido productivo nacional y regional. El Gobierno de Canarias destinó 84 millones de euros para subvenciones directas a empresas, y la cifra se ha quedado pequeña.
El presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, explicó este martes que el Gobierno de Canarias ha tenido que solicitar «un suplemento, porque van a ser 87 millones de euros», para completar los 84 millones previstos inicialmente. Torres matizó, ante la crítica de que el dinero no llega a la empresa y a los autónomos, que «el cien por cien ha llegado a los autónomos y a las empresas en menos de cuatro meses».
En este sentido, calificó de «éxito» la gestión de las ayudas, en las que se ha reconocido la «premura y urgencia de las pymes», y apuntó que en el caso del Gobierno de Canarias, «ha encontrado una puerta abierta y una sensibilidad demostrada con estos 87 millones de euros y los 1.144 millones». En este último caso, el presidente del Gobierno regional se refirió a los fondos transferidos por el Estado para el mismo fin, es decir, para ayudas directas a empresas. Las dos líneas de subvenciones son compatibles, recordaron desde el Ejecutivo.
