El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma de la interinidad pactada entre Miquel Iceta y los sindicatos. Pero que no gusta nada entre las plataformas de interinos organizados, que han cargado duramente contra lo que calificaron de Icetazo. El documento pactado entre el Ejecutivo, CCOO, UGT y CSIF introduce indemnizaciones de 20 días por año trabajado para todo aquel interino que ocupe una plaza estructural y sea desplazado de ella tras una oposición.
La Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) manifestó ayer que el pacto no conseguirá disminuir de manera sustantiva la temporalidad en el sector público, pues carece de sanciones suficientes para evitar que las administraciones perseveren en su abuso de la figura del interino y reconoce indemnizaciones insuficientes para los interinos que pierdan su plaza.
En los próximos años se avecina una cascada de oposiciones, pues antes de 2025 Iceta pretende haber estabilizado 310.000 plazas hoy ocupadas por interinos en toda España. Y estos deberán presentarse a las mismas si quieren poder acceder a una indemnización en caso de que no pasen el proceso de selección. Quedan excluidos aquellos que, pese a llevar años en la Administración, decidan no presentarse.
Las plataformas de interinos cargaron tanto por la cuantía, como por el periodo de cómputo de dicha indemnizción. Pues esta solo reconocerá la última relación laboral del interino, independientemente si antes de ocupar ese último puesto tuvo o no una dilatada trayectoria en la Administración encadenando contratos temporales. «Es una nueva vulneración de los derechos de nuestros trabajadores públicos en situación de abuso de temporalidad que, por desgracia, siguen indefensos y desprotegidos», afirmaron en un comunicado.
Las expectativas entre una parte significativa de los eventuales del sector público eran elevadas y confiaban en conseguir un proceso de conversión automática a indefinido para todas aquellas personas que pudieran acreditar que llevaban años en abuso de la temporalidad, tal como ha dejado acreditado en distintas sentencias el Tribunal de Justicia de la Unión Europea . Algo a lo que Iceta, desde el primer momento, cerró la puerta, al recordar que constitucionalmente toda plaza pública debe pasar primero por un proceso de concurso público y acceder cualquier ciudadano.
La CEPPT instó ayer a los partidos con representación en el Congreso a no convalidar el real decreto aprobado ayer. Entre algunas autonomías ha generado recelos al entender que puede invadir competencias. Canarias había ya iniciado un proceso de acuerdo con los siondicatos para lograr su estabalidad.
