La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha propuesto un nuevo modelo de contrato para que la CEOE lo traslade a la mesa del diálogo social con el Gobierno central. Se trata de una iniciativa para impulsar la reactivación económica vinculado al plan de recuperación, transformación y resiliencia dotado con fondo europeos. El presidente de la patronal, Agustín Manrique de Lara, y el vicepresidente, José Cristóbal García, resaltaron que este tipo de contrato se podría suscribir en 2022 y 2023 para una vigencia de dos años con tipos reducidos de cotización a la Seguridad Social. La propuesta también supone que la conversión a indefinido propiciaría el mantenimiento de los tipos reducidos o de incentivos a la Seguridad Social.
La propuesta de la patronal de Las Palmas supone que las empresas que se pueden acoger a este contrato serían tanto las de nueva creación como aquellas que recuperen empleo o creen puestos de trabajo. Se entenderá por empresas de nueva creación las que inicien su actividad en 2020, 2021 y 2022. A este contrato se pueden acoger todos los sectores, aunque con una especial consideración a través de medidas complementarias de carácter económico para aquellos sectores más afectados por la pandemia así como los que incentiven la reconversión y la digitalización. El destino de este contrato iría especialmente a personas en paro como consecuencia de la crisis sanitaria, mujeres, jóvenes y mayores de 45 años, colectivos más vulnerables y con mayores dificultades de empleabilidad.
Los dirigentes empresariales resaltaron que este nuevo contrato tiene como objetivo la recuperación lo antes posible de la actividad previa a la pandemia y se enmarca en las propuestas que realiza la patronal nacional CEOE sobre la reforma laboral. La patronal de Las Palmas cree que las propuestas del Gobierno sobre este asunto "darán más rigidez al mercado", y reclama que se afronte la falta de seguridad jurídica y otros asuntos que no se abordan en la propuesta. "Hace falta una nueva perspectiva que permita reactivar la economía y que los empresarios tengan confianza en la contratación", según García. A su juicio, la reforma que plantea el Ejecutivo eleva los costes de despido de los contratos indefinidos, se excede en el intervencionismo del Estado en detrimento del diálogo social y no facilita la movilidad funcional.
Entre las propuestas de los empresarios para la reforma laboral figura el incremento de la competitividad de las empresas, salarios alineados con el desempeño y los resultados y consecución de objetivos, la cualificación de los trabajadores a lo largo de la vida laboral y la superación de la segmentación y la dualidad del mercado laboral.
«Nos toman por el pito del sereno» con el REF
Los empresarios reclaman la creación de un ente, dirección general o departamento específico dentro de la Comunidad Autónoma que se dedique únicamente al Régimen Económico y Fiscal (REF), que no esté al albur de los cambios políticos y que sea una «interlocutor válido» para las empresas y para el Estado. El vicepresidente de la CCE, José Cristóbal García, se mostró especialmente crítico con la incertidumbre que está generando la actuación del Gobierno central en torno al fuero canario y como la Administración no ha hecho caso a la mayoría de las propuestas de las organizaciones empresariales para adaptar el REF a la crisis y a los cambios en la actividad económica. «Todos debemos reflexionar para que no se nos tome por el pito del sereno. No acabamos de creernos que tenemos una situación especial y así no la podemos vender fuera», cuestionó. Por ello volvió a reclamar la flexibilización de los requisitos exigidos en aspectos como la creación y mantenimiento del empleo vinculado a la RIC, el régimen de la ZEC o las exigencias en el mantenimiento de la inversión. «Se nos quiere anestesiar con fondos que van a llegar, pero hacen falta medidas, no puede ser que lo único que se haga es anunciar cosas que nunca llegan», manifestó Agustín Manrique de Lara en relación con la lluvia de millones de fondos europeos prevista por el Gobierno, si bien los empresarios dudan de que la Administración autonómica tenga capacidad para ejecutar tanto dinero en tan poco tiempo. «Es el propio Gobierno el que lo ha reconocido», recordó Manrique de Lara sobre lo dicho por la Consejería de Hacienda. | R.A.D.
