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Los trabajadores de JSP redoblan la presión sobre las instituciones para salvar la empresa y sus empleos

Gobierno y oposición trabajan en una fórmula que permita la continuidad de una de las principales industrias canarias

El comité de empresa de JSP, con representantes de los grupos políticos en el Parlamento de Canarias.

El comité de empresa de JSP, con representantes de los grupos políticos en el Parlamento de Canarias.

El debate sobre la continuidad de la empresa JSP entra la semana próxima en el Parlamento de Canarias de la mano de una proposición no de ley (PNL) auspiciada por Coalición Canaria (CC). En concurso de acreedores desde la semana pasada, los trabajadores de esta compañía industrial, una de la principales e históricas del Archipiélago, han decidido redoblar la presión sobre el Gobierno de Canarias y el resto de formaciones políticas del arco parlamentario. Mientras, continúan celebrándose conversaciones entre los fondos de inversión que han manifestado su interés por hacerse con el negocio y los acreedores, entre los que destacan las entidades bancarias a las que, en conjunto, JSP adeuda 42 millones de euros.

Hiperion, la opción más cercana a la familia Sánchez, propietaria del negocio, ha conseguido que todos los bancos menos uno acepten una serie de quitas para hacer factible la actividad a futuro. No obstante, la entrada en concurso de la mercantil, tras agotar los cuatro meses de la fase de preconcurso, deja ahora la última palabra en manos del administrador que designe el juzgado. En todo caso, el presidente del comité de empresa, Ángel Yanes (CCOO) considera necesario que el Gobierno de Canarias "tome las riendas".

Desde el Ejecutivo se exploran cuantas vías sean posibles para articular un fondo de rescate para empresas estratégicas, pero el encaje legal no resulta sencillo. La inyección de dinero público en empresas insolventes es imposible, por lo que la presencia de las administraciones en operaciones de este tipo, está sujeta a una férrea condicionalidad. Es decir, debe estar acotada a un plazo breve de tiempo y formar parte de un proceso de salvación en el que exista el compromiso de un operador privado para hacerse con la sociedad sin posibilidad de marcha atrás.

El comité de empresa de JSP ha solicitado una nueva reunión con el Gobierno de Canarias, que recientemente se comprometió con los trabajadores a velar por el mantenimiento de los 500 puestos de trabajo directos y más de 2.000 indirectos y por la integridad de la compañía frente a quienes pretendan trocearla como estrategia previa a su desembarco. Yanes reconoció este jueves que lo firmado "de poco vale" cuando se ha entrado en la fase de concurso sin acuerdo con los acreedores.

En este momento, es factible instar la liquidación de los activos para satisfacer, al menos en parte, las deudas. "Eso implica quitarse de encima masa salarial de manera barata y enviar a los trabajadores al Fogasa [Fondo de Garantía Salarial] a cobrar", detalló el presidente del comité de empresa. Y esa es, precisamente, una de las circunstancias que pretendían evitarse cuando se rubricó el compromiso del Ejecutivo, al que el representante de los trabajadores considera "responsable" en torno a la concreción de esa responsabilidad. "Les detallamos la gravedad de la situación hace tres meses y han permitido que lleguemos aquí", argumentó

Antes de la votación de la PNL que presenta el Grupo Nacionalista, la plantilla va a reunirse nuevamente con todos los partidos que tienen representación en la Cámara Autonómica. "Esperamos que el apoyo que nos mostraron", cuando el pasado 2 de junio ya se encontraron con los empleados de JSP, "lo refrenden mediante su apoyo a la PNL", sostuvo Ángel Yanes. Del mismo modo, en UGT afirmaron que los empleados están "nuevamente desamparados".

Desde los dos sindicatos se ha alertado del cese o el recorte en la producción de algunas de las referencias más demandadas. Además, UGT aseguró que se está reincorporando a parte del personal que está afectado por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) sin criterios que lo avalen y externalizando servicios mediante empresas de empleo temporal. Tras todo ello, siempre según los representantes de la plantilla, estaría el deseo de devaluar aún más JSP y propiciar la entrada de nuevo capital tras trocear la mercantil.

El presidente del comité de empresa asegura que uno de los miembros del consejo de administración colocado por los bancos -exigieron estar en el órgano de gobierno como contrapartida por no ahogar a la empresa- ya les advirtió que la solución pasa por quedarse únicamente con la "planta de Güímar y vender Celgán y la panificadora"; además de externalizar el segmento del café.

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