La paralización del rescate de Plus Ultra por decisión judicial deja en suspenso el futuro de la ruta entre Canarias y Venezuela que la aerolínea cubre dos veces al mes. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid duda de la millonaria inyección de dinero público en la compañía aérea –la friolera de 53 millones de euros– y ha bloqueado el abono del segundo tramo de la ayuda, un total de 34 millones. Plus Ultra tiene cinco días para acreditar que efectivamente necesita de forma imperiosa esos fondos para pagar a sus acreedores. Si no lo consigue y la Justicia desmonta el polémico rescate promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez, la propia aerolínea reconoció ayer que su viabilidad quedaría muy tocada.
Plus Ultra reinició el 12 de junio los vuelos entre los aeropuertos de Caracas y Tenerife Norte. Este enlace entre el Archipiélago y Venezuela es uno de los argumentos con que el Ejecutivo central justifica el rescate de la compañía. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero –firme valedora de la operación–, calificó de «estratégica» a la aerolínea por, entre otros argumentos, ser la única que vuela de España, y más en concreto de Canarias, al país sudamericano. Sin embargo, no es menos cierto que el historial de Plus Ultra está salpicado por una serie de hechos y circunstancias que llevaron a la oposición en el Congreso –al PP y a Vox– a presentar sendos recursos ante la Justicia.
La compañía hispanovenezolana se benefició de un contrato en las Islas por 1,1 millones
Antes de la pandemia de la covid-19, que ha arrastrado al sector de la aviación comercial a la mayor caída de la facturación de su historia, la compañía aérea ya acumulaba pérdidas año tras año, de ahí que uno de los argumentos contra el rescate sea que vaya a emplearse dinero público para mantener a flote a una empresa deficitaria y cuya gestión deja mucho que desear. Además, la cuota de mercado de Plus Ultra no es pequeña, sino más bien irrisoria: la aerolínea apenas representa un 0,1% en el sector, aunque es verdad que su peso llega en torno al 20% en las rutas que opera. Con todo, las mayores críticas no se han producido por lo estrictamente empresarial, sino porque detrás de la compañía hay varios empresarios venezolanos que se manejan en la órbita del régimen de Nicolás Maduro. Por si fuera poco, dos de estos empresarios tienen a sus espaldas un entramado de sociedades radicadas en el paraíso fiscal de Panamá.
En este punto, la Justicia entiende, pese a los esfuerzos desde el Gobierno de Sánchez por esclarecer el rescate, que existe el riesgo de una «entrega no justificada» de fondos públicos, con lo que exhorta a Plus Ultra a justificar el rescate. Hay que precisar, eso sí, que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales –la SEPI, el organismo que gestiona el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas del que saldrían los 53 millones para la aerolínea– ya efectuó un primer pago de 19 millones de euros. De este modo, lo que ha frenado el juzgado madrileño es el abono de los 34 millones restantes, que estaba previsto para el miércoles de la próxima semana. La titular de este órgano judicial, Esperanza Collazos, avisa a la SEPI que no debe hacerse el segundo pago, ya que de lo contrario podrían derivarse responsabilidades penales.
Los vuelos entre el Archipiélago y la capital del país sudamericano son dos veces al mes
Plus Ultra aseguró ayer que la inyección de recursos públicos es «imprescindible» para su viabilidad, con lo que queda en el aire la conexión de las Islas con Caracas –de momento se mantiene sin alteraciones–, un trayecto que la aerolínea quiere que tenga frecuencia semanal en cuanto la pandemia dé una tregua.
Plus Ultra también ha sido bien tratada por la Comunidad Autónoma. El 11 de abril y el 16 de mayo trajo material sanitario desde China en dos vuelos contratados por el Gobierno de Canarias. Los dos primeros vuelos directos entre el Archipiélago y el gigante asiático. El Servicio Canario de la Salud gastó 1,1 millones para contratar a dedo el transporte. Plus Ultra acabó realizando el viaje subcontratada por la adjudicataria del contrato: la empresa One Airways del también venezolano Óscar Trujillo. One Airways –operadora de la nueva aerolínea Lattitude Hub– no tenía permiso para realizar este tipo de vuelo, por lo que tuvo que subcontratar a Plus Ultra.
