Las principales organizaciones de agricultores de las Islas reclaman a la Unión Europea que revise y modifique el acuerdo comercial que mantiene con Marruecos tras la salida del Reino Unido de la UE, la «competencia desleal» de Rabat al no exigirle Bruselas las mismas condiciones que a las producciones canarias y ante la inminencia de una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contraria a los intereses marroquíes en el Sáhara.
Tras consumarse el brexit han dejado de consumir en la UE 63 millones de personas, que es la población del Reino Unido. Sin embargo, los cupos de entrada de los productos agrícolas marroquíes siguen siendo los mismos anteriores al brexit. Además, Londres y Rabat tienen un acuerdo bilateral por el cual entran tomates y otras hortalizas magrebíes de forma preferente en el Reino Unido, en claro perjuicio al tomate canario, que hasta ahora tenía en Gran Bretaña a uno de sus mercados más importantes.
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) advierten que el escenario y las reglas de juego han cambiado, por lo que demandan una nueva revisión del acuerdo comercial entre la UE y el reino marroquí, sin que haya indicios, por el momento, de que esto vaya a ocurrir, más en un contexto de tensión diplomática entre el país africano y España. Y ya no solo se trata de actualizar un acuerdo vigente desde antes del brexit, sino que se está negociando una nueva Política Agraria Común (PAC) en la UE con nuevas condiciones y exigencias para el sector primario que los países terceros que tienen acuerdos con Bruselas, entre ellos Marruecos, no cumplen.
El secretario general técnico de Asaga Canarias, Theo Hernando, es claro y contundente: «Lo que pedimos es que si cada vez nos exigen más a los agricultores europeos a nivel medioambiental, nueva normativa, seguridad social y contratación laboral, que se exija lo mismo en las explotaciones de los terceros países porque si no es imposible competir ni hacernos un hueco en el mercado porque no llegamos en igualdad de condiciones». Para Hernando, Rabat termina haciendo «lo que le da la gana» tanto en materia de cupos –por encima de los autorizados en el acuerdo– como en la utilización de productos fitosanitarios que están prohibidos en el ámbito de la UE, pero que utilizan otros países como Marruecos y que entran sin problemas en los mercados comunitarios. Hernando pone como ejemplo un contingente de aguacates que llegó recientemente a Holanda con la etiqueta de «ecológicos» y, tras ser analizados, se detectó que contenían un producto fitosanitario en grandes cantidades que no está permitido en Europa. «Compiten con precios más baratos porque sus condiciones laborales y de producción no son como las nuestras y encima no se les exige que cumplan las mismas reglas que a nosotros», se queja Asaga.
En la misma línea se pronuncia el presidente de COAG Canarias, Rafael Hernández, que pone el acento en que se ponen más condiciones al sector para producir pero los fondos europeos se mantienen igual, por lo que los agricultores están perdiendo poder adquisitivo a cada año que pasa mientras tienen que invertir más para cumplir con los requisitos de Bruselas.
Hernández asegura que Bruselas nunca ha evaluado el impacto del acuerdo comercial del reino magrebí porque «Marruecos siempre saca el espantajo de la inmigración y del yihadismo para frenar cualquier recorte de sus ventajas y, de esta forma, se carga sobre las espaldas de los agricultores la preferencia de no molestar al país vecino».
Las organizaciones también cuestionan las tensiones en los precios a la baja de la banana americana frente al plátano canario en el mercado peninsular.
Pendientes del fallo del tribunal europeo
La inminencia de una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad o no de que Marruecos exporte a la UE productos explotados como propios en el territorio saharaui preocupa en España por las repercusiones que pueda tener en las relaciones entre ambos países. Todo parece indicar que el tribunal comunitario irá en la misma línea de fallos anteriores y que reflejan que el acuerdo comercial se refiere exclusivamente a Marruecos y el Sáhara sigue siendo una cuestión pendiente en manos de la ONU.
Las organizaciones agrícolas canarias creen que un nuevo revés de Rabat influye en el acuerdo tanto pesquero como comercial y, por consiguiente, Europa tiene que revisar el pacto. Entre otras cuestiones, la COAG ha denunciado que Marruecos cuenta con grandes explotaciones de tomate en territorio saharaui, concretamente en la zona de Dajla, que después entran en Europa como producto marroquí a un precio mucho más bajo que el tomate canario.
Un estudio presentado en junio por la ONG Mundubat y la organización agraria acusa al país magrebí de «competencia desleal» y de inundar Europa con tomate cultivado en el Sáhara Occidental. En la ciudad de Dajla, en la costa atlántica, las autoridades marroquíes desde hace años implantaron la llamada megalópolis del tomate. Se calcula que entre el 7% y el 10% de los tomates procedentes de Marruecos tienen su origen en el Sáhara, pero esto no consta en el etiquetado, con lo que hay problemas de trazabilidad.
Sin embargo, anteriores sentencias comunitarias en torno al impacto económico de los acuerdos de la UE y Rabat por la cuestión del Sáhara no han tenido una repercusión práctica sobre la producción marroquí que llega a territorio europeo. Las organizaciones agrarias canarias no perciben cambios sustanciales en la política marroquí y en la permisividad de Bruselas, ya que las grandes explotaciones que se extienden en áreas del territorio saharaui tienen unas condiciones que no son comparables con las canarias en cuanto a regadíos, sueldos y condiciones laborales. Mientras, el Frente Polisario espera con expectación una sentencia que puede volver a serle favorable. | R. A. D.
