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Las deudas con Hacienda alejan a los autónomos de las ayudas estatales

Los 1.144 millones de euros se repartirán entre alrededor de 20.000 negocios, cifra muy alejada de los 58.000 que había previsto el Gobierno del Archipiélago

Negocio cerrado en la calle de Triana de la capital grancanaria. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Negocio cerrado en la calle de Triana de la capital grancanaria. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Ayer finalizó el plazo habilitado por el Gobierno de Canarias –se abrió el 15 de junio– para recibir la documentación de los autónomos y empresas de las Islas que aspiran a recibir parte de los 1.144 millones de euros que el Estado ha destinado a paliar los efectos de la crisis desatada por la pandemia en el tejido productivo del Archipiélago. Los 58.000 negocios que podrían beneficiarse, según estimaciones del Ejecutivo, se han quedado, a falta de cifras oficiales, en alrededor de 20.000; en buena medida por la imposibilidad de acceder a las subvenciones si tienen deudas con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.

«En una reunión que tuvimos la semana pasada, estábamos muy por debajo de los 20.000», afirmó ayer el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Canarias (ATA), Juan Carlos Arricivita. El presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, y su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, aludieron durante la presentación del decreto que regula estas ayudas a fondo perdido a la existencia de una Agencia Tributaria propia como elemento diferencial que permitía a las Islas hilar más fino en la distribución que el resto de autonomías.

¿Qué ha determinado la existencia de la brecha entre lo previsto y la realidad? En opinión de Arricivita, ha resultado determinante la exclusión de todos aquellos negocios que no estén al día con el fisco y la Seguridad Social. «Con los graves problemas a los que nos enfrentamos, es difícil que sean muchos los que están libres de deudas», lamentó el presidente de ATA Canarias. Además, su queja se acrecienta cuando relata cómo sí se ha «levantado la mano» en el caso de los trabajadores por cuenta ajena.

ATA critica que se obvie la morosidad de los asalariados y no la de trabajadores por cuenta propia

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El artículo 3. 2. del decreto ley 9/2021, de 28 de junio, por el que el Gobierno de Canarias regula la concesión de ayudas a fondo perdido a los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) derivados del covid, «exceptúa la aplicación» de los supuestos que prohíben la concesión de subvenciones. Basa ese trato diferente en el «carácter social de la subvención», su «reducido importe», el «elevado número de las posibles personas beneficiarias» y su «condición de trabajadoras por cuenta ajena».

Razones que no se sostienen a juicio de Juan Carlos Arricivita. «No es de recibo aplicar criterios distintos», afirmó el representante de los autónomos canarios. «Si el año pasado se perdieron 12.000 millones de euros de facturación, estos 1.144 millones no son ni el 10%, pero venían muy bien tal y como están las cosas; sin embargo, han dejado a mucha gente fuera», añadió.

«Una cosa es la voluntad y otra la realidad», se sumó José Juan Socas, presidente de Cecapyme (Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa). En su opinión, no es difícil partir de esas casi 60.000 empresas y autónomos contemplados al inicio del proceso como potenciales beneficiarios «y encontrarse después con que muchos no cumplen todos los requisitos y otros, muy dañados ya, calculan que ni con la subvención pueden seguir, por lo que optan por cerrar».

Pánico a las devoluciones

Socas calificó de «decepcionante» que el número de negocios se separe tanto del inicialmente previsto, y lo señaló como la prueba de que el «Gobierno se ha equivocado con las condiciones». Sobre todo sería una pésima noticia en sí y generaría una imagen negativa del Archipiélago «tener que devolver» parte de este dinero al Estado por no poder repartirlo.

En el Ejecutivo regional no quieren ni oír hablar de esa posibilidad. Ángel Víctor Torres se fajó con el Gobierno central para hacer entender que el impacto sobre un sector turístico que impregna casi toda la economía isleña convierte al Archipiélago en la comunidad autónoma más afectada por la crisis y la que menos recursos tiene para recuperar cuotas de normalidad hasta que los clientes vuelvan a nutrir la planta alojativa.

Los expedientes de las empresas más grandes triplican el presupuesto total de 1.144 millones

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Los 1.144 millones de euros es la mayor suma que ha recibido una comunidad española para repartir a fondo perdido entre sus empresas. Torres y todo su equipo se encargaron también de aludir a este hecho en cuantos foros les ha sido posible. Pero Arricivita descarta que haya devoluciones de dinero. «Lo que ha habido es un mal diseño», aseguró, «porque los expedientes presentados por las empresas de hasta 50 empleados y por encima de esa cantidad triplican el presupuesto total». De momento, ayer partieron de las arcas regionales las ayudas para los primeros 1.044 autónomos.

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