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Fuerteventura aprueba su moratoria a la entrada de energías renovables

Una enmienda 'in voce' salva de la parálisis a las instalaciones de autoconsumo y el presidente Lloret asegura que se volverán a dar licencias en cinco meses

Parque eólico del Archipiélago.

Parque eólico del Archipiélago.

El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó este viernes la elaboración de un plan especial territorial para delimitar las zonas en las que se podrán instalar infraestructuras energéticas. La medida es, de facto, una moratoria a la entrada de renovables que durará un año como máximo y, según calculó el presidente, Sergio Lloret (AMF, Asambleas Municipales de Fuerteventura), no más de cuatro y cinco meses mediante la aprobación de ordenanzas provisionales. En su opinión, se evitará así la pérdida de los 8,2 millones de euros de fondos Feder dispuestos para propiciar la penetración de energías limpias en la isla. Su relato no convenció a la oposición, que ya prevé que la institución tendrá que abonar fuertes sumas de dinero para sufragar los procesos judiciales que iniciarán las empresas a las que afecte el parón.

El visto bueno definitivo al plan especial no se prevé para antes de diciembre de 2023, lo que dejaría fuera de la carrera por llegar a tiempo a los 19 proyectos –dos eólicos y 17 fotovoltaicos– que obtuvieron potencia en los procesos de concurrencia Eolcan y Solcan que incluyen esas subvenciones europeas a la inversión.

La iniciativa salió adelante con doce votos a favor, solo uno en contra y diez abstenciones. Hace un mes, toda la corporación convino en la necesidad de parar las máquinas y repensar la situación como respuesta a la contestación ciudadana que ha generado la proliferación de parques eólicos.

El resultado de la votación de este viernes no reflejó el agrio debate mantenido entre el presidente, Sergio Lloret y los portavoces de los grupos de la oposición, que le afearon la inclusión a última hora, y sin remitirles la información, de una enmienda in voce para matizar el texto original y poder dar entrada a las instalaciones de autoconsumo, que también habían quedado vetadas temporalmente en el texto original.

No faltaron las acusaciones de populismo al Gobierno insular, pero a la hora de votar lo cierto es que se optó en masa por la abstención. «Es necesario empezar a acotar la libertad casi absoluta que hay ahora, estableciendo criterios sobre las condiciones de implantación de renovables», señaló el presidente majorero. Desde la bancada de no adscritos, la consejera Sandra Domínguez vaticinó una cascada de demandas judiciales de los promotores afectados que el Cabildo "no podrá pagar ni en diez años".

Sin embargo, Sergio Lloret se mostró seguro de que no se llegará a los tribunales salvo en el caso de los proyectos previstos en suelos que erosionen el medio ambiente y la convivencia. "En cuatro o cinco meses habrá unas ordenanzas provisionales", subrayó el presidente, que permitirán conocer de manera anticipada los proyectos que sí serán factibles y cuáles no. "Claro que queremos que en Fuerteventura haya renovables, pero preservando la calidad de vida de nuestros vecinos, el medio ambiente y la flora y fauna», enfatizó.

Plano general del Pleno del Cabildo Fuerteventura que se celebró este viernes. | | LP / DLP Julio Gutiérrez

Para comenzar a trabajar en esas ordenanzas, el presidente insular ha convocado a los ayuntamientos a una reunión la próxima semana y este viernes mismo firmó la consulta previa para que todos los implicados, incluidos los promotores, puedan hacer sus aportaciones. «Ayer [por el jueves] me llamaron algunos empresarios del sector preocupados y les expliqué que ahora es el momento de que expongan lo que crean oportuno», resaltó Lloret tras finalizar la sesión plenaria.

Hasta en tres ocasiones, el mandatario majorero insistió en que está completamente convencido de la necesidad de introducir energía renovable en Fuerteventura, pero «es necesario empezar a acotar la libertad casi absoluta que hay ahora, estableciendo criterios sobre las condiciones de implantación», aclaró. Algo que, a juicio de los promotores, no sucede porque hay un proceso reglado que garantiza la inexistencia de daños medioambientales.

Mientras, su vicepresidenta primera y consejera de Sostenibilidad Medioambiental, Lola García (CC), colocó el respeto a «los valores naturales de la isla» por encima de cualquier otra consideración para determinar si las energías son o no limpias. El «paisaje, la gente y su forma de vivir» son otras de las líneas rojas que trazó la ganadora de los comicios de 2019 y, por ello, primera presidenta insular del presente mandato.

Otro de los frentes abiertos por el actual Gobierno de Fuerteventura atañe al Gobierno autonómico, al que insisten en que remodele la ley que regula el sector eléctrico del Archipiélago. Quieren que se modifique el artículo 6 bis, que deja manos libres al Ejecutivo regional para adoptar sus decisiones por interés general sin tener que consultar con las administraciones de menor rango.

García fue diputada autonómica durante la pasada legislatura, cuando precisamente un Gobierno presidido por Fernando Clavijo y comandado por la formación política a la que pertenece logró acabar con el histórico bloqueo al que se había visto sometida la penetración de renovables en Canarias. En honor a la verdad, ni compartiendo siglas faltaron los problemas para el despegue en Fuerteventura.

También despertó curiosidad conocer el camino que tomaba la popular –el PP es el otro aliado de Lloret– Jessica de León para mantenerse dentro de los criterios del pacto sin arrinconar las teorías liberales que propugna su partido. «Avanzar, regular y nunca paralizar», señaló sobre la senda que, en su opinión debe tomar el Gobierno insular.

Dos de cal y una de arena que tradujo en la necesidad de abandonar los «discursos demagógicos», porque a la postre hay que retratarse y «resulta más fácil colocarse detrás de una pancarta» que ir al salón de plenos a votar lo que se dice defender.

Las críticas más duras las sostuvieron Alejandro Jorge (NC) y Sandra Domínguez (no adscrita). El primero de ellos advirtió a Lloret de que no puede dirigir el Cabildo como si se tratara de «un asadero de amigos», mientras que la segunda tildó de «chapuza» el expediente que sustenta la necesidad de abordar el plan especial. Además, Domínguez advirtió de que dicho documento solo cuenta con la rúbrica de Lloret. «Tengan cuidado con cualquier expediente en el que no aparezca la firma de un técnico», advirtió.

«Fuerteventura puede quedar bloqueada dos años», alertó la portavoz socialista, Marlene Figueroa. «Usted dice ahora», se dirigió al presidente, «que pasarán entre cuatro y cinco meses hasta que haya ordenanzas y se vuelvan a otorgar licencias, pero después vendrá aquí y nos dirá que son ocho», avanzó.

Además, Figueroa recordó que Lloret ha tenido a su cargo el planeamiento de la isla durante 18 meses sin que se preocupara por el ordenamiento que ahora defiende y le aseguró que el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Ejecutivo autonómico, José Antonio Valbuena, «esta preocupadísimo» por el giro de guion introducido en el Cabildo de Fuerteventura.

«Tenemos que incorporarnos o nos quedaremos atrás», advirtió la consejera insular del PSOE, que expuso su temor a que Sergio Lloret opte por el «negacionismo».

La moratoria en un vistazo

Ordenación

El Cabildo de Fuerteventura votó este viernes la elaboración de un plan especial territorial para determinar dónde pueden colocarse infraestructuras energéticas.

El camino rápido de las ordenanzas provisionales

Para evitar los problemas judiciales que pueden derivarse de un parón prolongado, el Gobierno insular promueve unas ordenanzas provisionales en virtud de las cuales los proyectos podrán obtener licencia. 

8,2 millones en fondos Feder

Están en juego 8,2 millones de euros de fondos europeos para subvencionar dos proyectos eólicos y 17 fotovoltaicos. Para no perderlos deben entrar en funcionamiento antes de que finalice el año próximo.

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