El presidente de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso, asegura que la implantación de los proyectos de esta tecnología está ya regulada y conlleva rigurosos estudios medioambientales.
¿Es este un episodio de eso que los promotores llaman inseguridad jurídica?
Es más grave. Supone una gran tristeza que Fuerteventura, en lugar de preocuparse por la emergencia climática, dé un paso atrás y se alinee con las posiciones neonegacionistas. No hablo ya como representante empresarial, sino como ciudadano.
¿Por qué este parón?
Es poco comprensible. Tenemos un estado de derecho y si hay alguna planta que está en un sitio inadecuado, no pasa el estudio de impacto ambiental. Que alguna, si la hay, pueda estar en esa situación, no conlleva el bloqueo de todas las que cumplen y no tienen un impacto ambiental negativo. El 88% del consumo eléctrico de Fuerteventura es sucio y caro, porque proviene de la combustión de fuel. Estamos ante la oportunidad de tener una energía limpia y barata, ¿y la vamos a desperdiciar? Quizá porque los ciudadanos de Fuerteventura no la pagan directamente, sino que el sobrecoste se reparte entre todos los españoles; de tener que sufragarlo solo en esa isla, igual la posición del Cabildo habría sido diferente.
¿Estas situaciones tienen recorrido o se quedan en las Islas?
Es una isla que vive del turismo y si ya va a ser una dificultad cada vez mayor que vengan los más concienciados por la huella de carbono que deja el avión, imagine si añadimos uno de los mix energéticos más sucios. Evidentemente, van a tener un problema para poder explicarlo.
¿Qué efecto inmediato prevé que tendrá la moratoria?
Pérdidas económicas importantes, porque vuelan las subvenciones del fondo Feder. Un dinero que España tendrá que devolver a la Unión Europea.
El presidente del Cabildo asegura que en cuatro o cinco meses se empezarán a levantar suspensiones de otorgamiento de licencia mediante ordenanzas provisionales. ¿No basta?
Todo aquello que suponga que cuanto antes se pueda retomar un estado normal de derecho y saber qué proyectos pueden seguir adelante es positiva. Ahora bien, estas cosas han de hacerse y evitar que cuatro o cinco meses se transformen en años.
¿Acudirán a los tribunales?
Por supuesto. Las empresas intentarán reducir el daño y las asesorías jurídicas están preparadas.
Subvenciones aparte, ¿qué otros daños?
Los avales que se han tenido que depositar para la subasta y para obtener un punto de enganche a la red.
¿Ustedes ponen sus proyectos donde quieren?
Claro que no, existen unos procesos de autorización que duran entre dos y tres años. En ese tiempo todo el mundo puede alegar, ayuntamientos, ciudadanos... Pero, sobre todo, intervienen los servicios de medio ambiente de la comunidad autónoma o, incluso, del Gobierno central si se superan los 50 megavatios. La regulación española obliga a realizar un estudio de impacto ambiental singular y acumulativo con el entorno. Si es positivo, se hace la planta; si es negativo, como ocurre en muchos casos, no se hace. Esto no es el far west. La imagen que se está dando es que un promotor llega e instala su proyecto donde quiere. Más bien es al contrario, se tardan años en conseguir los permisos. El Cabildo habla hasta de desertización, pero si no consumimos agua, es el cambio climático lo que la provoca, y de daños a las aves. ¿Una planta fotovoltaica? Si se convierten en santuarios de la naturaleza porque no hay cazadores. Tenemos unos criterios muy exigentes. No usamos hormigón ni productos fitosanitarios, no tocamos el suelo fértil, utilizamos muros vegetales con plantas autóctonas para evitar el impacto visual, fomentamos la vida natural con nidales u hoteles de insectos...
Y se llevan todo el beneficio.
Pues fíjese que tampoco. Dejamos en los ayuntamientos 10.000 euros por megavatio y año, emitimos bonos garantizados al 5% de interés, tenemos acuerdos con asociaciones civiles y priorizamos mano de obra y servicios locales.
¿Prevé una retracción de la inversión en renovables?
Va a ser difícil convencer a las empresas de que vuelvan a intentarlo en Fuerteventura. El mundo quiere descarbonizarse y esta isla no puede permanecer ajena a ello.
