Crear una empresa aportando tan solo un euro como capital social, de manera totalmente digital y en apenas diez días. Este es el objetivo que se ha marcado el Gobierno central con la aprobación del anteproyecto de ley Crea y Crece, al que el Consejo de Ministros dio luz verde esta misma semana. Esta normativa, –auspiciada por una directiva europea del año 2019 que obliga a los estados miembros a permitir el registro de compañías de forma totalmente electrónica–, busca rebajar los requisitos que actualmente se exigen a los emprendedores. Patronales y cámaras de comercio del Archipiélago coinciden en que reducir a un euro el capital social puede constituir un incentivo a la apertura de negocios, pero advierten de que este no es el único escollo al que tienen que enfrentarse quienes quieren poner en marcha una empresa. Por eso, insisten en que se deben mejorar también otro tipo de trámites vinculados a la administración regional, insular y local, que es donde los nuevos empresarios están encontrando las mayores trabas.
La agilización de los procesos burocráticos para arrancar una empresa es una demanda histórica de las asociaciones empresariales. Que España no es uno de los países donde es más fácil emprender queda patente en el ranking Doing Business, un índice elaborado por el Banco Mundial que mide la facilidad para hacer negocios en 190 países. España se sitúa en el puesto número 30, pero cuando se enfoca solo la facilidad para crear una nueva empresa, desciende hasta la posición 97. De hecho, solo entre 2020 y 2019 ha perdido once puntos en este ranking. Por encima de España se sitúan países como Gabón, Senegal o Sierra Leona y España también se mantiene lejos de homólogos europeos como Francia o Países Bajos, que escalan hasta el puesto 37 y 24 respectivamente.
La nueva normativa elimina la obligación de contar con un capital mínimo de 3.000 euros
«Todo lo que se haga para favorecer que cambie la situación es bienvenido», señala José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), organización que ya resaltó en su informe anual de la economía canaria, que la simplificación administrativa debe ser clave en el proceso de recuperación económica tras la pandemia.
«Resulta crucial eliminar duplicaciones en la gestión administrativa, evitar dilaciones y demoras en la toma de acuerdos y concesión de permisos y licencias» y aboga también por «reducir los plazos y tiempos medios de resolución de las actuaciones administrativas», así como mejorar los registros electrónicos para agilizar la interacción con la administración pública.
La medida estrella de esta ley, –cuyo proyecto se prevé que llegue al Congreso de los Diputados antes de final de año para que esté en marcha en 2022–, es la eliminación de la obligatoriedad de aportar 3.000 euros para crear una empresa bajo la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada (SRL). Algo que para Leonor Herrera, técnico responsable de la Ventanilla Única Empresarial en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, –el departamento que asesora a los empresarios en la creación de nuevas compañías–, sí podría incentivar la constitución de nuevas empresas.
Constituir una sociedad en las Islas tarda solo cinco días con el Documento Único Electrónico
Explica que, hasta ahora, esta barrera se había intentado salvar a través de la figura de la Sociedad Limitada en Régimen de Formación Sucesiva, –que también exige un capital social mínimo de un euro–, pero que impone restricciones y obligaciones a los empresarios. Debido a esto, su utilización no está muy extendida, tal y como recoge la Consulta Pública abierta hace unos meses por el Gobierno de Pedro Sánchez respecto a este anteproyecto de ley. De ahí, que el Ejecutivo central haya abierto la puerta a una nueva simplificación.
Sin embargo, respecto al plazo de diez días propuesto por el Ministerio de Economía y Transformación Digital, Herrera apunta que su efecto quedará diluido, ya que en la actualidad gracias al Documento Único Electrónico (DUE), una herramienta también estatal, los plazos se han reducido mucho. A través de este sistema, un autónomo pueda dar de alta su actividad en apenas una hora, mientras que la constitución de sociedades mercantiles puede oscilar entre dos y cinco días como máximo, frente a las dos semanas del mecanismo tradicional. Además, esta vía permite al empresario acogerse a aranceles notariales y registrales más reducidos, con lo que el coste baja.
Por eso, insiste en que en lo que más se debería incidir es en la mejora de otro tipo de trámites de ámbito autonómico, insular o local que todavía siguen presentando trabas burocráticas.
