La Junta General de JSP, empresa en concurso voluntario de acreedores desde el mes pasado, ha destituido a los dos consejeros que colocaron los bancos como condición para la reestructuración de la deuda, que en global, no solo financiera, supera los 60 millones de euros. En su lugar, la familia Sánchez ha colocado en el órgano de gobierno a Roberto Angulo, con amplia experiencia en el negocio de los lácteos y que pasa a ser el nuevo CEO, y a la directora de Calidad y Seguridad Alimentaria de Celgán (una de las empresas del Grupo JSP), Arantxa Artal.
Acudir motu proprio a la jurisdicción mercantil -lo hicieron en marzo al presentar el preconcurso- habilita a los propietarios a mantener las riendas. Eso sí, todas sus decisiones están bajo la supervisión del administrador concursal, Praxis de Reestructuraciones y Concursal SL Profesional. La encomienda que tiene es evitar que el pasivo vuelva a incrementarse.
Los dos consejeros que la banca situó en el órgano de toma de decisiones de la mercantil velaban por unos intereses, los de las propias entidades financieras, que han quedado congelados. Ahora procede la negociación de quitas para garantizar la viabilidad de un negocio que da trabajo a medio millar de empleados.
Roberto Angulo ha desempeñado durante 25 años puestos de responsabilidad en la industria agroalimentaria y de la automoción. En su perfil en redes sociales él mismo destaca sus aptitudes para la innovación y reestructuración, así como sus “habilidades de diálogo y negociación”.
Antes de agotarse el plazo de cuatro meses de la fase de preconcurso, dos fondos de capital riesgo -Hiperion y Vulcan Foods- manifestaron su interés por hacerse con la compañía. El primero de ellos, de raíz asturiana, es el que cuenta con el beneplácito de los propietarios y la entrada de Angulo responde a la consecución de ese traspaso de la propiedad, que permitiría a la familia Sánchez retener una parte de los títulos.
Para alcanzar ese momento, es indispensable contar con el visto bueno de la banca a una quita. El asunto se ha convertido en mediático en los últimos meses, por lo que la gran mayoría de las entidades no desean convertirse en el obstáculo que mande al paro a 500 trabajadores. Sin embargo, no todas han dado aún su brazo a torcer. El Gobierno de Canarias está jugando en las últimas semanas un papel discreto pero activo, precisamente para ablandar posturas. “Todos están de acuerdo menos uno”, aseguró ayer el presidente del comité de empresa, Ángel Yanes.
En cuanto al nombramiento de Arantxa Artal, miembro del comité de empresa de Celgan, Yanes aclaró que no han sido los trabajadores quienes la han puesto ahí. En conversaciones mantenidas con los propietarios, el representante de la plantilla apuntó la conveniencia de que los empleados estuvieran en la primera línea, desde donde se iban a tomar las decisiones que propiciaran una solución.
“Lo cierto es que no nos pueden decir que han cumplido porque en ningún momento se nos ha consultado”, aclaró Ángel Yanes, quien en el pasado denunció las “represalias” que, en su opinión, tomó la empresa contra Artal.
El administrador concursal también se reunió durante los últimos días con los representantes de los trabajadores, a los que pidió tiempo para terminar de aterrizar y evitar que continúen percibiendo sus salarios en dos plazos.
