Ángel de la Fuente (Gijón, 1962), doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania, es director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Experto en cuentas públicas, se trata de uno de los grandes conocedores del sistema de financiación de la comunidades autónomas en España, del que critica que «tiene algunas cosas raras».
El consejero Lasquetty, de la Comunidad de Madrid, ha dicho que la propuesta del presidente valenciano, Ximo Puig, respaldada por el ministro de Seguridad Social, de gravar con un impuesto especial a los madrileños por los beneficios que les reporta la capitalidad es «madrileñofobia fiscal».
No sé si es madrileñofobia, pero creo que sería inconstitucional y, sobre todo, no tendría mucho sentido. Un impuesto estatal específico sobre la renta de los madrileños, o de ciertos madrileños, trataría de forma diferente a gente con la misma capacidad económica en función de su residencia, lo que no encaja bien con el artículo 31 de la Constitución. Por otra parte, el sistema de financiación autonómica ya redistribuye muchos recursos desde Madrid (y otras regiones de renta alta) hacia territorios con menor renta, dejando a esta comunidad con un nivel de financiación cercano a la media. Es cierto que la capitalidad genera beneficios económicos y con ello una mayor recaudación, pero esta no se la queda la Madrid, sino que ya se reparte en buena medida con otros territorios, tanto la parte que en primera instancia corresponde a la comunidad como la que va al Estado.
¿Entonces no sería cierto, parafraseando el lema independentista catalán, que «Madrid nos roba»?
No.
¿La Comunidad de Madrid practica una competencia fiscal desleal al bajar sus impuestos?
No. Quizá podría considerarse desleal si Madrid tuviese unos ingresos netos muy elevados, lo que le permitiría reducir impuestos manteniendo niveles elevados de servicios, pero no es el caso.
¿Tiene sentido comenzar a negociar un nuevo modelo de financiación autonómica en este momento político tan agitado?
En algún momento habrá que hacerlo y vamos con bastante retraso, pues tocaba revisar el sistema tras cinco años y llevamos doce. Además, sería bueno hacerlo lo antes posible si sirve para arreglar algunos de los problemas del sistema actual. Por otra parte, es cierto que estamos en una situación complicada y quizá no sea el mejor momento para diseñar y negociar una reforma en profundidad, pero convendría ir arreglando algunas cosas. Uno de los mayores problemas del sistema son las grandes diferencias de financiación entre las comunidades, lo que es especialmente cuestionable en momentos de crisis y grandes necesidades como el actual. Hay una parte del problema que es más complicado de resolver, porque tiene que ver con las comunidades forales que están fuera del sistema general. Pero dentro de este último, se podría avanzar bastante en este tema simplemente repartiendo parte de los fondos extraordinarios para el covid de una forma diferente para mejorar la financiación de las comunidades peor tratadas. Según mis cálculos, bastaría con algo más de 2.500 millones para subir hasta la media de financiación por habitante ajustado a las comunidades que ahora están por debajo de esta referencia. Eso es bastante menos que el último tramo del Fondo Covid-19, que se distribuyó con un criterio que tendía a preservar las desigualdades existentes.
¿En qué consistiría la reforma del sistema de financiación autonómica?
En mi opinión, hay tres prioridades. La primera sería un reparto más igualitario de los recursos disponibles para que todas las comunidades puedan prestar servicios similares con el mismo esfuerzo fiscal. La segunda sería simplificar el sistema para que se entienda, para que se pueda explicar en 10 minutos a los no especialistas. Esto sería sencillo de hacer, eliminando complicaciones del sistema que además tienden a generar un reparto más desigual. Y la tercera sería reforzar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas: darles más herramientas para que puedan subir o bajar impuestos, pero obligándoles a dar la cara. Si quieren gastar más, tienen que poder hacerlo, pero encargándose ellas de subir los impuestos, y no poniendo la mano para que el Gobierno central les transfiera más recursos.
Aprecia entonces cierta irresponsabilidad en los gobiernos autonómicos.
Sí, pero es un vicio del sistema, no de esos gobiernos, que actúan racionalmente. Si sabes que puedes gastar más de lo que tienes porque te acabarán rescatando de alguna forma, tienes todos los incentivos para hacerlo.
Hay comunidades que cada vez van a necesitar más auxilio y solidaridad regional.
Seguramente sí. Pero defender que te den más de la media cuando recaudas bastante menos con argumentos de solidaridad es muy complicado. Lo más coherente sería pedir un sistema lo más igualitario posible, que asegure que todos estamos cerca de esa media.
Que es lo que no ocurre ahora
El sistema genera un reparto bastante desigual. El núcleo del sistema es muy redistributivo y tiene una lógica muy clara, pero luego entran en juego cosas raras que de hecho tienen mucho de lotería. El resultado final es desigual y arbitrario. Por ejemplo, Extremadura y Andalucía. Son dos de las regiones más pobres, pero Extremadura siempre ha estado muy bien financiada y Andalucía no.
«Tras dos años sin turistas extranjeros, dudo que paneles solares o digitalización hotelera sean prioridad»
¿Cree que hay que acabar con el privilegio del sistema foral?
El sistema foral es muy peculiar. Creo que somos el único país del mundo en el que el Gobierno central no puede recaudar impuestos en una parte de su territorio, y eso en términos generales no parece una buena idea. En cierto sentido, estamos ante un accidente histórico pues lo que se creó como un régimen transitorio al final de las guerras carlistas ha durado ya más de un siglo. En cualquier caso, el modelo goza de un gran arraigo en el País Vasco y Navarra, así como de protección constitucional y por tanto creo que hay que respetarlo. Pero habría que darle una vuelta para que su funcionamiento sea más transparente y habría que hacer bien los cálculos. Si se aplicara de una forma razonable el procedimiento de cálculo del cupo y la aportación que se establece en la ley del concierto y su homóloga navarra, las diferencias de financiación con el sistema general o de régimen común serían menores y eso reduciría mucho el problema de inequidad que ahora tenemos.
Se parecen al algoritmo de Google, este gran misterio que nadie conoce.
En el caso de Google sabes que hay un algoritmo, aquí no está nada claro. Más bien parece el resultado de una negociación política pura y dura sobre la cantidad final y esa cantidad no parece muy razonable cuando se intenta hacer los cálculos aplicando lo que dicen las leyes relevantes.
Cómo experto en la materia, ¿son difíciles de calcular las cuentas reales del cupo vasco?
Esas cuentas tendrían que publicarlas y explicarlas en detalle las administraciones implicadas, pero no lo hacen. Algunos investigadores hemos hecho intentos de replicar los cálculos que, efectivamente, son complicados de hacer, especialmente desde fuera. Aunque eso introduce un margen grande de incertidumbre que impide ser preciso, está claro que el cupo y la aportación están infravalorados.
¿Qué efecto cree que van a tener los nuevos fondos europeos sobre la economía espa ñola?
Es una gran oportunidad si lo hacemos bien. Disponemos de 70.000 millones en ayudas no retornables y hasta otro tanto en préstamos en condiciones favorables para financiar inversiones y facilitar reformas. Si acertamos, los efectos positivos sobre la productividad y la sostenibilidad ambiental se notarán durante muchos años. Por otra parte, no es sencillo diseñar, elegir y gestionar bien tal volumen de proyectos. Existe el riesgo de que una parte de esos fondos se quede sin gastar porque seamos incapaces de ejecutarlos a tiempo, y también el que los gastemos mal.
¿De qué depende?
De la capacidad del Gobierno, que ha asumido toda la responsabilidad sobre el diseño y la gestión del Plan, para elegir y gestionar proyectos que generen una elevada rentabilidad social. No es tan fácil, técnicamente hablando, y además está la tentación de gastar el dinero con criterios más políticos que técnicos, convirtiéndolos en una especie de piñata en la que todos tengan su caramelo... Espero que no pase como con el Plan E, que se invirtió en buena parte en cosas de dudosa rentabilidad. También hay un cierto riesgo de pasarnos de rosca en la preocupación por lo verde y lo digital.
¿En qué sentido lo dice?
Ambas prioridades me parecen correctas, pero no deberíamos olvidarnos de todo lo demás. Tanto en lo verde como en lo digital hay cosas buenas, malas y regulares. Y hay cosas muy importantes que no son ni verdes ni digitales que no deberíamos olvidar. Por ejemplo, hay un montón de dinero para rehabilitación de edificios. Me cuesta pensar que sea una inversión productiva de mucho futuro, pero al menos me gustaría ver los números y una estrategia clara de cómo usar ese dinero de forma óptima, lo que seguramente dependerá mucho del clima de cada sitio. Otro ejemplo es el sector turístico. Tras dos años sin casi turistas extranjeros, dudo que la instalación de paneles solares o la digitalización de nuestros hoteles sea prioritaria. Primero tendríamos que asegurarnos de que sobreviven. No se habla demasiado de eso en el Plan de Recuperación y no sé si las ayudas que se han dado fuera de él son suficientes o están bien diseñadas.
