El récord en el precio de la luz dispara un 30% las familias que no pueden pagar los recibos

Esfuerzos que se han vuelto en imposible desde que el recibo de la luz comenzó una escalada sin precedentes allá por el mes de mayo. Con el precio de la luz por las nubes, entidades benéficas y trabajadoras sociales de la provincia explican que la demanda de ayuda por parte de las familias para hacer frente a los recibos de suministros se ha disparado en estos meses en torno a un 30%. Además, pagar la electricidad se ha convertido en una necesidad de primer orden, como la de recibir alimentos. Actualmente en la provincia de Alicante unas 30.000 familias (un 6,5% del total) necesitan ayuda de estas entidades para poder cubrir sus necesidades básicas, a las que se han sumado en los últimos meses unas 9.000 debido a la imposibilidad de hacer frente al aumento de las tarifas.

Las enfermos con oxígeno tienen que hacer frente a enormes facturas. | RAFA ARJONES

En algunos centros sociales de la provincia lamentan las trabajadoras sociales que el pago de los recibos se les está comiendo buena parte del presupuesto que tienen para ayudar a las familias. «Hay un tope por familia y últimamente se va casi todo en pagar suministros eléctricos en vez de comida, que sería lo lógico. Familias con cuatro hijos, que tienen que pagar alquiler y a quienes les están viniendo recibos de 160 euros», lamenta una trabajadora social de la provincia. En plena ola de calor, las familias lo están pasando muy mal. «Por supuesto no tienen aires acondicionados y te cuentan que no pueden encender el ventilador más allá de un par de horas al día porque de lo contrario las facturas se disparan. Las familias con hijos temen la llegada del invierno, cuando necesitan poner más lavadoras. No saben cómo hacer para que no se les vaya tanto dinero en la luz», lamenta otra profesional de un centro social de la provincia.

En entidades cómo Cáritas cuando estalló la pandemia se vieron obligados a poner en marcha un plan especial para el pago de alquileres y suministros. Lejos de desaparecer «este plan se ha mantenido todo este año y prevemos que en el último trimestre del año va a aumentar mucho la petición de estas ayudas porque ahora es verano y no se nota tanto», explica María Boyer, coordinadora de Cáritas Parroquiales en Alicante. Para septiembre Cáritas tiene previsto organizar talleres de economía doméstica para poder ayudas a las familias a rebajar el recibo. «Hay que tener en cuenta que son familias en dificultad, con electrodomésticos antiguos de baja eficiencia, lo que también implica más gasto». En Cruz Roja también imparten estos talleres y al mismo tiempo entregan a las familias kits de ahorro energético con bombillas LED, burletes para las puertas, relojes programadores, regletas…. Todo para tratar de arañar unos euros a la factura de la luz.

Aunque existe un bono social para que las familias en situación de pobreza paguen menos por la electricidad, trabajadoras sociales consultadas por este periódico lamentan las enormes dificultades que hay para que las familias accedan a estas ayudas. «Para empezar se exige que el beneficiario del bono sea el titular del contrato, lo que deja fuera a familias que están de alquiler o viviendo en habitaciones arrendadas». También a personas inmigrantes que no están regularizas o gente que vive en casas ocupadas propiedad del banco ante la imposibilidad de pagar una renta mensual.

Es el caso de Harani Mourad y Fátima Imoune, un matrimonio que vive con sus cinco hijas en un bajo del barrio alicantino de Colonia Requena. No cuenta la familia con ningún tipo de ingreso y subsisten gracias a lo poco que obtiene Mourad vendiendo chatarra y a la asociación de vecinos del barrio, que les proporcionan alimentos y les están ayudando con los papeles. Hace tres días que les cortaron la luz por no poder pagarla. «Hemos tenido que engancharnos ilegalmente porque sin luz no podemos estar viviendo», señala la madre de esta familia. El enganche les proporciona electricidad en la cocina y en el salón. El resto de la casa, por la noche, permanece a oscuras. Fátima cocina con butano que muchas veces tampoco pueden pagar en una cocina desvencijada en la que las cucarachas campan a sus anchas. «El Ayuntamiento sabe de la situación de esta familia y de la urgencia de proporcionarles una casa digna», señala Antonio Colomina, presidente de la asociación de vecinos de Colonia Requena. En este humilde barrio de la zona norte de Alicante los problemas para pagar los recibos de la electricidad se han multiplicado en las últimas semanas y con ellos los enganches ilegales. «En estos momentos un 40% de las casas del barrio están conectadas de manera irregular a la red eléctrica, con el peligro que esto conlleva», advierte Colomina. No en vano, en los últimos meses han tenido que venir en varias ocasiones los bomberos a sofocar incendios. En muchos portales se han tapiado los contadores de la luz y las familias se enganchan directamente en el tendido eléctrico de la calle. «No pasa algo más grave de milagro, pero la única solución por parte de las administraciones siempre es la misma, cortar la luz sin llegar al fondo de los problemas».

Los problemas para pagar los recibos no son exclusivos de Colonia Requena y se extienden a toda la zona norte de la ciudad, según advierten trabajadoras sociales. «Muchísimas familias están dejando de pagar los recibos, ya veremos cuando las compañías eléctricas empiecen a cortar la luz», señala una de estas profesionales.

Harani y Morurad, en la cocina de su precaria vivienda. | RAFA ARJONES

La situación es doblemente injusta para enfermos que necesitan llevar oxígeno todo el día, como el caso de S. C, quien al comienzo del reportaje exponía sus problemas. Su pensión de 850 euros se esfuma a los pocos días de llegar al banco «porque siempre tenemos que devolver dinero a las amigas de mi mujer, que nos prestan para comprar comida». Cáritas les ayuda con alimentos de primera necesidad, «pero algo de carne, fruta y verduras hay que comprar». Este vecino de Alicante, de 67 años, necesita llevar todo el día el oxígeno conectado por los graves problemas pulmonares que tiene. En su caso sí ha accedido a un bono social, «pero tampoco me soluciona mucho, porque me cobran una tarifa plana de 57 euros mensuales, pero todo lo que me pase de esa cantidad debo devolverlo en diciembre y ya debemos cerca de 40 euros, así que no sé cómo lo pagaremos». Su mujer tampoco puede trabajar porque debe cuidarle. «Peso 200 kilos, no puedo moverme, me fallan los riñones, tengo cinco hernias discales y otros muchos problemas». Asegura el matrimonio que lleva cuatro años luchando para que le paguen la dependencia «sin que de momento nos la hayan concedido». Sin lavavajillas ni aire acondicionado, el único «derroche» que se permite esta familia es tener un ventilador casi todo el día conectado «porque de lo contrario, me ahogo», lamenta S. C.

Varios recibos de la luz debe A. G. A., un vecino de Colonia Requena que también prefiere guardar su anonimato. Su madre necesita oxígeno también las 24 horas del día y con la pensión de ambos apenas alcanza para pagar la comida y el resto de recibos. «He optado por desconectar el calentador para poder ahorrar. Ahora en verano se lleva bien, ya veremos dentro de unos meses».

De récord en récord

La factura de la luz de un usuario medio en agosto será «la más cara de la historia», con un encarecimiento en lo que va de mes del 43,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de Facua-Consumidores en Acción.

Según estimaciones de la asociación de consumidores sobre la evolución de la tarifa semirregulada (PVPC), los primeros 15 días de agosto reflejan una factura mensual para el usuario de 91,62 euros, con esa subida de casi el 44% con respecto a los 63,77 euros de agosto del año pasado, a pesar de la bajada del IVA del 21% al 10% aprobada por el Gobierno para las facturas emitidas desde el 26 junio hasta final de año. Hasta la fecha, los cinco recibos más elevados han sido los 88,66 euros del primer trimestre de 2012 (con el IVA al 18%), los 87,81 euros de enero de 2017, los 85,34 de julio de 2021, los 83,55 euros de septiembre de 2018 y los 82,13 euros de mayo de 2021 -en todos los casos con el IVA al 21%-, según datos de la asociación.