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Tarifa eléctrica

El plan para abaratar la luz: nueva subasta de energía y refuerzo del bono social

El Gobierno también pretende reducir el margen de maniobra de los productores hidroeléctricos para dejar el recibo en los niveles de 2018

Un hombre consulta preocupado las facturas de la luz de los últimos meses.

El Gobierno de España asegura que lleva todo el verano estudiando medidas para contener el precio de la luz con el objetivo de que, como anunció la semana pasada Pedro Sánchez, la factura se sitúe a finales de año en los niveles de 2018. Las ministras de Economía, Nadia Calviño, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, adelantaron este lunes –sin dar muchos detalles–, algunas de las medidas del “plan de choque”, entre las que se encuentran la creación de nuevas subastas de energía al margen del mercado mayorista, el refuerzo del bono social y limitaciones al margen de maniobra de los productores hidroeléctricos para maximizar sus beneficios. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistió este lunes en Oviedo en que es el momento de pasar de las palabras a los hechos y destacó que el precio de la luz “es un enorme problema para la recuperación” de autónomos y pequeñas empresas.

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista es hoy de 127,36 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un descenso del 4% respecto al precio ayer, cuando se registro el máximo histórico para un lunes. El precio del “pool” triplica hoy al que marcó el segundo martes de septiembre del año pasado (41,54 euros), según datos del operador del mercado OMIE.

Detrás de estos elevados precios están el encarecimiento del gas, el incremento del precio de los derechos de emisión del CO2 y el aumento de la demanda por la recuperación económica y las altas temperaturas. “La perspectiva del gas sigue siendo preocupante” y, por eso, el Gobierno trabaja desde comienzos de verano en un paquete de medidas adicionales, dijo ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, que confía en poder llevar esas medidas al Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Esas medidas incluirán el “fortalecimiento” de la cobertura a los consumidores vulnerables, lo que supondrá cambios en el bono social, y medidas para asegurar que determinadas prácticas en el uso de las concesiones hidroeléctricas (por ejemplo ofertar la producción –que es regulable– cuando ven que el precio será el más alto para maximizar sus beneficios) no se vuelva en contra de los consumidores. Para ello se fijará un caudal mínimo pera evitar el vaciado de los pantanos.

Además, se crearán mecanismos de mercado “alternativos” compatibles con el derecho comunitario para que las empresas de producción eléctrica con un “peso importante” en el sector deban vender parte de su energía a las pequeñas comercializadoras o a industriales “a un precio fijado por subasta”, dijo la ministra Ribera.

Las pujas

Europa no permite que los gobiernos fijen precios de tecnologías como la hidráulica o la nuclear (más baratas a la hora de producir), destacó Ribera, que subrayó que por ello están trabajando en pujas en las que las distintas tecnologías subasten su producción al precio al que la quieran comprar las pequeñas comercializadoras o los industriales. “Evidentemente habrá un suelo, que son los costes, pero no porque el Gobierno decida y publique de manera obligatoria el precio al que se debe vender, porque esto no nos lo permite Europa”, añadió la ministra en referencia a la petición de sus socios de Gobierno (Unidas Podemos) de intervenir el precio de la hidráulica o la nuclear.

Por su parte, Nadia Calviño aseguró que esas subastas servirán para “sacar una parte de la energía del mercado mayorista y reforzar elementos que separan la factura que pagan de verdad los ciudadanos de la evolución del mercado”.

Ribera insistió en que aunque la subida del “pool” es llamativa, lo importante es que nadie se agobie por ello, porque hay qué ver qué pasa con la factura y no sólo con el mercado mayorista, a lo que añadió que el objetivo, avanzado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es que la factura a final de año sea la misma que la de 2018, cuando llegaron al Ejecutivo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistió ayer en Oviedo en que “toca pasar de las palabras a los hechos” porque el precio de la luz “es un problema para las familias, para los autónomos y para las pequeñas empresas” del país. “Estos días estoy en el Norte y en pequeños negocios me decían que estaban pagando facturas de la luz que son imposibles. Hablamos de autónomos y de pequeñas empresas y se está convirtiendo en un enorme problema para la recuperación justa”, afirmó Yolanda Díaz. La Ministra mostró “satisfacción” por el hecho de que el Presidente se haya comprometido a bajar el precio de la luz antes de que termine 2021, aunque limitó el impacto de la medida al destacar el año de referencia que toma Pedro Sánchez para establecer la rebaja. “Es verdad que él habló de un precio de 2018, que ya era muy elevado también: el megavatio hora estaba en 57 euros. Pero me quedo con la promesa del Presidente del Gobierno y por tanto insisto en que es el momento de hechos y no palabras”, afirmó Díaz.

La vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, expresó ayer el convencimiento de su partido de que habrá un acuerdo con Unidas Podemos sobre las medidas necesarias para rebajar el precio de la factura eléctrica. “Siempre, siempre llegamos a un acuerdo, y así va a ser”, garantizó Lastra.

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, insistió este lunes en que es necesario abaratar el coste de la energía para las empresas electrointensivas. “Valoramos todos los avances que se han realizado, como el aumento de las compensaciones por sobrecostes de CO2, pero también advertimos que es insuficiente”, señaló.

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