Las empresas de transporte escolar amenazan con iniciar una huelga en el servicio público del conjunto del Archipiélago a pocos días del comienzo del curso. El motivo es la intención de la Consejería de Educación del Gobierno canario de reducir costes en aquellas rutas que han sido contratadas de forma directa por motivos de urgencia, imprevistos o porque en el 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló su proceso de adjudicación. Como respuesta, la patronal denuncia que en los últimos años el Ejecutivo autónomo no ha actualizado las cantidades que abona por las rutas adjudicadas en concurso, ni el módulo que paga por cada acompañante escolar en las guaguas, el cual se ha quedado muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y, además, los empresarios denuncian que todavía no han cobrado los últimos meses del pasado curso (2020-2021).
Fuentes autorizadas de la Consejería manifiestan que el objetivo de este departamento es intentar dejar de pagar las elevadas cantidades de dinero que se abonan en la actualidad por los contratos directos y que tienen que tener el visto bueno o convalidación del Consejo de Gobierno. Y es que estos precios no se ajustan a los fijados en el Observatorio Nacional de Transporte; algo que sí ocurre con las rutas adjudicadas en concurso público.
En estos momentos, en el Archipiélago existen alrededor de unas 2.000 rutas escolares en total. De ellas, unas 500 corresponden a centros privados o concertados, que no se ven afectadas por la citada polémica.
De las 1.525 rutas de la enseñanza pública, unas 1.100 se cubren con servicios licitados por el Gobierno canario y las 400 restantes, con contratos directos de urgencia. De estas últimas, el 75% se hallan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mientras que el 25% restante están en la provincia de Las Palmas, según explica José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias (FET).
Hernández indica que la Consejería remitió el pasado lunes un comunicado a todas las empresas para que redujeran en torno al 40% los precios de las rutas con contratos directos y otorgó un plazo de tres días para contestar, lo que las ha cogido por sorpresa. La patronal se queja de que en el escrito del Gobierno canario no se especifican los motivos de la medida ni por qué se propone a tres días del inicio del curso. Y ello cuando aún no han recibido respuesta a demandas de las líneas adjudicadas por contratos públicos por las que estarían perdiendo dinero.
En estas reclaman la actualización del IPC y otro de los puntos del conflicto está en lo que cobran los acompañantes escolares, que ahora perciben 30 euros por día en base al módulo fijado por el Ejecutivo autónomo, pero que deberían recibir 50 en función del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). Para la FET, el Gobierno pretende ahora pagar menos de 30 euros.
Reunión entre la consejera y el portavoz de la FET
Hoy está previsto que la consejera de Educación, Manuela de Armas, y el secretario general de la FET, José Ángel Hernández, celebren una reunión por videoconferencia para tratar de acercar posturas sobre el dinero que se debe pagar por las rutas escolares a centros públicos. Fuentes del Gobierno canario manifestaron que desde la Consejería se han comprometido a estudiar las demandas para ajustar los precios a la subida del IPC en los últimos 6 años y para elevar la cantidad que se paga por cada acompañante escolar. Con independencia de la solicitud por parte del Ejecutivo autónomo de que bajen un 40% los precios de los servicios por contratos directos, la administración ya trabaja en la elaboración de pliegos para convocar futuros concursos públicos sobre las 400 rutas que hasta ahora se han pagado más caras. En estos momentos, en Canarias existen unas 170 empresas que realizan transporte escolar mediante unas 4.000 guaguas. Tales sociedades dan trabajo a unos 9.000 empleados, tanto conductores como acompañantes. | P.F.
