Los plataneros enviaron ayer un SOS in extremis al PSOE y al Gobierno central. El Congreso de los Diputados retomará en los próximos días la tramitación de la nueva Ley de la cadena alimentaria, un texto que de no introducirse excepciones en favor del cultivo del plátano supondrá su desaparición. El presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), Domingo Martín Ojeda, leyó al término de la asamblea general celebrada ayer en una finca de Los Realejos un manifiesto con el que el sector les pide al Ministerio de Agricultura y a los partidos con representación en las Cortes –de manera especial al PSOE y sobre todo a sus diputados y senadores canarios– que entiendan la vital importancia de exceptuar al plátano de algunas medidas incluidas en la futura ley. Sobre todo la prohibición de la venta a pérdidas –la venta de un producto por debajo del coste de producción–, ya que aunque a simple vista pueda parecer una obligación bien fundamentada –y de hecho es una medida clave para garantizar que los pequeños agricultores reciban un precio justo–, en el caso del plátano implicaría la progresiva desaparición del cultivo. ¿Por qué? Porque la venta a pérdidas es la única vía para dar salida a miles de kilos de plátanos cuando el dumping de las grandes multinacionales de la banana deja bajo mínimos el precio de su fruta. Si no se baja el precio del plátano, en ocasiones incluso por debajo de los costes y aun cuando su calidad y sus valores nutricionales son muy superiores, es imposible competir con la banana.
«Sí al Plátano de Canarias; no a la banana», se leía ayer en la pancarta que mostraron los representantes de Asprocan al término de la asamblea general. Junto a ellos estuvo la consejera de Agricultura del Gobierno regional, Alicia Vanoostende, quien como el resto de representantes del PSOE canario ve cómo sus correligionarios en Madrid –incluso los que han sido elegidos en las Islas– no acaban de comprender la trascendencia de hacer compatibles las singularidades del plátano con la ley de la cadena alimentaria, que por otra parte nadie discute. De hecho, el mismo Parlamento autonómico, con el sí del grupo parlamentario socialista, ha aprobado una proposición no de ley en la que exhorta al Gobierno central a acceder a las peticiones del sector. Por ahora, sin embargo, no hay señales de un cambio de postura ni en el Ministerio ni en las filas del PSOE en las Cortes.
Domingo Martín explicó que, para más inri, la ley castiga al plátano pero no pone coto a las prácticas anticompetencia –el dumping– de los grandes comercializadores de banana. Si no hay cambios, se destruirán cada año entre cien y 300 millones de kilos de fruta. O eso o los productores tendrán que afrontar sanciones por colocar su producción como buenamente puedan. PP y Ciudadanos han garantizado su apoyo a las enmiendas de CC y NC –que replican el pronunciamiento de la Cámara regional–, pero no hay constancia de un cambio de parecer en el Partido Socialista.
