El Senado ha rechazado en la Comisión de Transportes la posibilidad de rebajar por ley el alquiler que soportan en estos momentos las tiendas de los aeropuertos, tal como solicitaba el senador de CC, Fernando Clavijo, en una enmienda al proyecto de ley de Ordenación del Transporte Terrestre en materia de infraestructuras en la que apelaba a la espectacular caída del tráfico aéreo y a la ausencia de actividad en estos espacios como consecuencia de la pandemia, y a las pérdidas que a las empresas del sector ocasionaría el pago de los contratos de concesión pactados inicialmente con Aena, el gestor aeroportuario estatal. La enmienda, pese a haberse incorporado la semana pasada como una disposición adicional en la ponencia de la ley, decayó ayer tras convencer el PSOE a otros grupos parlamentarios de que dicha rebaja de las condiciones de la concesión administrativa no puede establecerse por ley y por estar prohibida por la normativa comunitaria.
Clavijo anunció que presentará un voto particular para que la enmienda vuelva a debatirse en el pleno de la próxima semana, donde tendría opciones de prosperar si varios de los diputados de algunos grupos, como Izquierda Confederal o el Mixto, cuyo único representante en la Comisión de Transportes se abstuvo ayer, respaldan la iniciativa. Según el senador nacionalista, la medida afecta a varios cientos de comercios y a 2.500 puestos de trabajo en los comercios de los aeropuertos canarios, 12.000 en el conjunto del Estado, que han visto cómo durante la pandemia el número de pasajeros y de posible usuarios de estas tiendas se ha reducido a cifras insignificantes en relación con las expectativas y las condiciones económicas pactadas con Aena previamente a la crisis por la pandemia.
La justificación de la enmienda sostiene que “la dramática reducción del número de pasajeros en el conjunto de la red de aeropuertos ha sido persistente durante estos largos meses de pandemia y aún hoy presenta unos perfiles gravísimos”. También que las propias estadísticas publicadas por Aena referidas al mes de junio de 2021 reflejan que la caída de pasajeros en los aeropuertos españoles gestionados por Aena, entre ellos los ocho canarios, es del 78,8% respecto al año 2019. Clavijo defendió la enmienda asegurando que la misma “persigue corregir una injusticia que está cometiendo Aena con las personas que tenían alquilados espacios en los aeropuertos y que pagaban una renta en función del tráfico y que obviamente ese tráfico se ha visto restringido como consecuencia de la restricciones a la movilidad y al transporte aéreo”. Denunció que “Aena no atienda razones y mantiene los alquileres como si no hubiese pasado nada” y sugirió que era una medida “abusiva” del gestor aeroportuario “para no caer en su cotización y no perjudicar a los inversores privados” de la entidad. Recordó además que hay cuatro sentencias judiciales que dan la razón a los arrendatarios.
“Aena se ha mantenido inflexible a las reclamaciones de los afectados y mantiene un alquiler desproporcionado, de forma que se paga un alquiler a lo mejor de 40.000 euros al mes porque esperan un tráfico de 40 millones de pasajeros y no se rebaja nada a pesar de que el tráfico se ha reducido en casi un 80 %”, afirma el senador de CC, quien criticó que el PSOE haya “presionado” a otros grupos para que cambien el voto para sacar del texto del proyecto de ley la enmienda que sí se aceptó en ponencia, donde sólo fue rechazada por los socialistas y el PNV. Clavijo insistió en que “hay cuatro sentencias que dan la razón a los inquilinos” y consideró que “lo que Aena está haciendo es ganar tiempo porque no quiere bajar sus ingresos para no que afecte a su cotización y a los inversores privados, pero no entendemos este abuso de poder por parte de una entidad pública que pude suponer la ruina para muchas empresas del sector”.
Brindis al sol
Los socialistas lo ven de una manera muy diferente y niegan la mayor, según sostuvo ayer su portavoz en la Comisión, el senador por Gran Canaria Ramón Morales. Según dijo, Aena había presentado a los concesionarios desde el inicio de la pandemia una propuesta de ajuste de rentas “proporcional, equilibrada y justa”, con ayudas en el marco de las medidas aprobadas por el Gobierno con una oferta aún “más generosa” de las que establecían esas ayudas gubernamentales. Morales admitió que los afectados “pueden no estar de acuerdo con lo que han padecido y con estas medidas y ayudas”, pero justificó su rechazo a la enmienda porque “cualquier incitativa parlamentaria que se presente no puede imponer unilateralmente las condiciones a una de las partes del contrato”, tal como considera que hace la enmienda de Clavijo,
Pero es que, además, el PSOE considera que lo que se está negociando entre las partes “no son alquileres, sino concesiones administrativas”, una figura que “se sujeta a regulación armoniza por normativa europea que data de 2014”. Por ello, Morales, que no se mostró contrario a la rebaja de los alquileres en sí misma, aseguró que “esta enmienda no deja de ser un brindis al sol porque estaríamos creando expectativas en los concesionarios que serían difíciles de cumplir porque no podemos meterlas en una ley”.
Según el PSOE, si se mantuviera la disposición adicional a la que da origen la enmienda de CC aceptada en la ponencia, se paralizaría el objetivo de la reforma legal que se pretende con el proyecto de ley a debate, la mejora de la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras, particularmente las concesiones al transporte escolar y las regulaciones del taxi y de las VTC que están esperando por una nueva normativa. Según dijo Morales, la aprobación de esa enmienda obligaría a devolver el proyecto legislativo al Congreso para su aprobación definitiva “y se estaría perjudicando a las pequeñas y medianas empresas del transporte, particularmente del transporte escolar, y nos pondríamos del lado de grandes fondos de inversión que son los que al final tienen esas concesiones en los aeropuertos”.
“Con la enmienda de CC estamos metiendo con calzador y por la puerta de atrás una enmienda para un sector para el que no es este el ámbito de regulación”, sostuvo Morales, quien insistió en que “va en contra de la normativa europea” porque está sujeto a “regulación armonizada”, y defendió que debe ser la negociación entre las empresas concesionarias de las tiendas en los aeropuertos y Aena la que debe establecer las condiciones de las concesiones.
