El proyecto para el uso turístico de los charcos se queda en el cajón. La Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla (ASG), anunció ayer el frenazo al Plan Director de Charcos de Marea ante la «gran contestación social» suscitada tras la publicación de esta iniciativa, que no solo cosechó detractores entre los vecinos, sino que también generó rechazo dentro del propio Ejecutivo autonómico. La Consejería de Transición Ecológica rehusó las intervenciones en los espacios naturales, varios ayuntamientos y cabildos se negaron a las intervenciones en su litoral y Podemos, uno de los socios de Gobierno regional, también solicitó desechar la propuesta. Desde la propia Consejería de Turismo se defendió hace un mes que la alta oposición generada al plan de charcos se debía al desconocimiento general, porque «no se han leído el Plan Director», algo imposible al no ser público.
Tras la polémica levantada, Castilla afirmó ayer, en declaraciones a la Cadena Ser, que estas intervenciones «no son prioritarias» y, además, «no tienen ficha presupuestaria». Sin embargo, Turismo abre la puerta a que sean los cabildos y ayuntamientos los que actúen ahora sobre los charcos que estén bajo su competencia en el caso de que detecten alguna deficiencia.
Turismo defiende que aparca la iniciativa debido a la «contestación social»
La consejera anunció a finales de julio que habían identificado necesidades en 117 de los 492 charcos censados en Canarias, por lo que proponía iniciar actuaciones –valoradas en 29,4 millones de euros–, que potenciaran su valor como atractivo turístico natural del Archipiélago. Los objetivos del plan eran «consolidar un modelo específico de intervención en el litoral», así como potenciar «su conservación e integración en la oferta del destino». Señalética, solárium, rampas y zonas de sombra entraban en las propuestas de Turismo para estos espacios naturales. Por islas, en Tenerife se localizan un total de 61 charcos de interés turístico; 18, en Fuerteventura; 11, en Lanzarote; diez en Gran Canaria; ocho, en La Palma; ocho, en El Hierro; y uno en La Gomera.
Ayuntamientos como el de La Laguna, La Orotava o Guía de Isora se plantaron en firme ante el plan de charcos, porque consideraban que estas actuaciones atentaban contra la sostenibilidad que habían defendido en estos espacios naturales de su litoral. Tampoco dentro del propio Gobierno hubo unanimidad frente al plan director. Desde la Consejería de Transición Ecológica, bajo la dirección del socialista José Antonio Valbuena, se propuso que el proyecto solo incluyera los charcos de marea que ya estuvieran antropizados, es decir, que las intervenciones solo se realizaran en los enclaves que ya hubieran sido transformados por la mano del hombre. A raíz de la controversia, ambas consejerías acordaron crear un equipo multidisciplinar para analizar los charcos que precisaran algún tipo de actuación para su mejora en su entorno, así como dar a conocer su biodiversidad de forma que sus usuarios o visitantes «tomen conciencia».
El rechazo a la propuesta de Castilla no se quedó en las instituciones. Más de 16.000 personas firmaron una iniciativa en la plataforma digital change.org, en la que se solicitaban informes medioambientales para determinar el impacto que supondrían las actuaciones en cada uno de los charcos que se querían adaptar para el uso turístico.
También Podemos Canarias expresó su rechazo ante el proyecto, al considerarlo incompatible con la situación de emergencia climática declarada por el Gobierno autonómico hace dos años. La formación morada, miembro también del pacto de las flores, propuso una intervención en los charcos más populares basada en la seguridad y que permita el acceso a las personas de movilidad reducida, edad avanzada y menores. Ahora, Podemos celebra la paralización del plan de charcos y exige que se deseche por completo cualquier tipo de intervención, actual o futura, en los charcos de las Islas que no hayan sido antropizados. La consejera del Cabildo de Tenerife Ruth Acosta (Podemos) afirma que «gran parte de la población canaria se ha pronunciado de forma clara y rotunda contra cualquier proyecto de turistificación de los charcos, y desde la parte política que defiende este plan, ahora se debe escuchar y garantizar al 100% que ninguna de estas formaciones naturales será intervenida».
La consejera de ASG admite en su retractación que las actuaciones «no son prioritarias»
Por su parte, Coalición Canaria también ha celebrado que el Gobierno de Canarias haya rectificado y dé marcha atrás al plan. Los nacionalistas señalan que «la presión social y el rechazo contundente de los nacionalistas canarios ha hecho que el Gobierno de Ángel Víctor Torres no siga adelante con este atentado contra nuestros charcos». Desde CC afirman que «preservar la biodiversidad y nuestro territorio son parte de nuestras señas de identidad».
Yaiza Castilla recordó que la idea de intervenir en los charcos no es nueva, porque, por ejemplo, el Cabildo tinerfeño sacó el plan Tenerife y el Mar, en la época de gobierno de Coalición Canaria. El plan impulsado por el entonces presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, incluía 140 pequeñas intervenciones, con un presupuesto de 65 millones de euros para diez años, que buscaban mejorar la oferta turística y de ocio local, a la vez que contribuirán a potenciar los valores de la costa.
