La vicepresidenta primera del Gobierno central y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño (La Coruña, 1968), abre una intensa agenda de trabajo semanal en medio de otras turbulencias por el paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo para contener el impacto de la subida de los costes energéticos en la factura de los hogares y el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 965 euros.
La situación ha cambiado mucho desde la última vez que pude entrevistarla a principios de mayo. Vino una quinta ola, pero el impacto en la salud y la economía ha sido mucho menor por la vacunación. Entonces hablaba de «transición hacia la recuperación». ¿Cómo ve ahora el final del verano?
Efectivamente, la vacunación ha marcado el punto de inflexión en lo sanitario y también en lo económico. La recuperación ha ido tomando fuerza desde que comenzó a mediados de marzo. La campaña de verano ha sido muy positiva. En afiliación y paro juvenil nos situamos en niveles comparables a los de antes de la pandemia y el mercado laboral está cogiendo buen ritmo. Todos los indicadores confirman que la recuperación está en marcha y es muy intensa.
¿Tanto como para plantearse una revisión al alza de la previsión del 6,5% en el incremento del PIB este año?
Siempre prefiero ser muy prudente cuando hablamos de previsiones económicas y, además, en este momento no se trata de darle vueltas a una décima u otra. La tendencia es positiva, está alineada con nuestras previsiones de crecimiento para este año y el próximo y confío en que los ciudadanos vayan notando cada vez de forma más clara esta recuperación.
Entre los empresarios hay una sensación de incertidumbre respecto a lo que pase en otoño tras el tirón del verano y lo que pueda dar de sí la devolución de los créditos ICO. ¿El Ministerio trabaja con algún dato que permita intuir un problema de impagos importante a medio plazo?
Todas las medidas que hemos puesto en marcha desde marzo del pasado año, como los ICO, los ERTE, las prestaciones a los autónomos o las ayudas directas, han servido precisamente para alejar el riesgo de un posible problema de solvencia con impacto económico y financiero. Ya le digo que la perspectiva es positiva y a ello se suma que a partir del otoño vamos a acelerar el despliegue del Plan de Recuperación en todo el territorio.
Por lo que descarta, por lo menos a estas alturas, ese posible problema de solvencia.
Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un escenario de más incertidumbre, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico y geopolítico. Es una nueva realidad con la que tenemos que aprender a vivir. El pasado fin de semana celebramos la reunión de ministros del Eurogrupo y claramente el sentimiento que prima es el de optimismo, manteniendo la cautela por las incertidumbres relacionadas con la pandemia.
¿Costó mucho sacar el paquete de medidas para frenar el impacto de los costes energéticos en la factura de la luz? Se ha visto como un envite del Gobierno al sector.
En absoluto. Durante estos tres años hemos trabajado con un plan muy claro de medio y largo plazo para la transición ecológica con el objetivo de tener cuanto antes la energía más barata y limpia posible, y garantizar que el proceso sea justo. En medio de esto, nos hemos encontrado con un fenómeno de alza de precios en los mercados internacionales que afecta a la mayoría de países europeos con una dependencia de los hidrocarburos similar a la de España, en particular del gas. Desde el principio hemos tomado medidas eficaces para tratar de mitigar el posible impacto de ese fenómeno internacional sobre los bolsillos de los consumidores y las empresas. Trabajamos con seriedad y responsabilidad para que fuesen medidas adecuadas y eficaces.
Por la duración de las medidas parece claro que esto durará meses.
Las medidas del plan de choque están preparadas para afrontar la eventualidad de la subida y estaremos atentos a la evolución.
¿El paquete de medidas está blindado ante posibles reclamaciones de empresas?
Es un conjunto de medidas que buscan responder a la situación de forma eficaz y proporcionada y que están alineadas con las que se pueden haber aplicado en otros países.
Italia estudia usar fondos públicos.
En las próximas semanas y meses se va a hablar mucho de este tema en el resto de los mercados. Nuestro Gobierno fue probablemente el primero que asumió este asunto con una prioridad absoluta y estoy segura de que otros van a seguir en esta misma línea porque es un problema europeo. De hecho, creemos que debe tener una respuesta coordinada a nivel europeo.
Y cuando escucha al Foro Nuclear avisando de un posible cierre «desordenado» de sus centrales, ¿lo ve como una amenaza?
Es el momento de comportarse con una gran responsabilidad, de ser conscientes de que tenemos que encontrar entre todos la manera de garantizar una transición ecológica justa y que el coste no lo soporten únicamente los ciudadanos y las empresas.
Las renovables también han protestado y aseguran que las medidas dificultan nuevas inversiones. ¿Es posible que dejen de ser rentables?
Cuando se hizo la planificación de las centrales y se decidieron las inversiones que se están haciendo, nadie preveía que los precios en los mercados internacionales estuvieran en el nivel en el que están en este momento. El escenario central de nuestros planes de inversión pública preveía que el precio del CO2 que tenemos ahora se alcanzase en 2030 y no se esperaba un alza de los precios de gas como el que estamos viviendo. Es evidente que, ante nuevas circunstancias, tenemos que adaptar también nuestros escenarios y previsiones.
¿Cree que el sector tiene un problema de reputación pública?
Es un sector estratégico para nuestro país y, por tanto, debe asegurarse de mantener una buena reputación. No solo en relación con su gestión económica y financiera, en los mercados y en su relación con las instituciones públicas, sino, sobre todo, en su relación con los ciudadanos.
¿Las cosas podrían ser menos duras con una empresa energética pública?
Este tipo de problemas no dependen de si el capital de una empresa es público o privado. Por eso, hemos aprobado medidas eficaces a corto plazo, pero sin perder de vista nuestros objetivos de medio y largo plazo. Tenemos que adoptar medidas coherentes con el objetivo de la transición ecológica, algo absolutamente irrenunciable si queremos dejar un mundo mejor a nuestros hijos.
Hay algunas reducciones fiscales que se compensan, como el caso del IVA por la subida de precios, pero es evidente que va a haber una merma importante en la recaudación fiscal. ¿El Estado puede asumirla dada la coyuntura económica?
Me alegro mucho de que me haga esa pregunta porque, efectivamente, muchas de las medidas tienen un impacto fiscal elevado y al final las estamos pagando todos, ya sea con gastos adicionales o con una merma de los ingresos públicos que podrían dedicarse a otras políticas prioritarias para los ciudadanos, como el refuerzo de la educación. Por eso tenemos que ser tremendamente cuidadosos y prudentes con las decisiones de política económica.
¿Son más de 1.500 millones de euros?
Al tomar medidas en los tres componentes, el esfuerzo lo asumimos entre el sector público y privado en beneficio de los consumidores.
¿Se compensará a las comunidades por lo que dejan de recibir por el Impuesto Especial de la Electricidad?
Aplicaremos, por supuesto, la ley y las previsiones que se correspondan con cada uno de los instrumentos.
Además de los costes energéticos, la recuperación tan fuerte de la demanda está desencadenando cuellos de botella muy importantes en las materias primas que frenan la producción industrial. ¿Hay margen en las administraciones para actuar ahí?
Cuando se produce un cambio de tendencia tan intenso hay un periodo de transición hasta que la oferta se adapta a ese aumento de demanda. No sorprende que haya determinados cuellos de botella. Ahora bien, tenemos que atender con cuidado a los que puedan tener un carácter estructural en aquellos productos que se han vuelto absolutamente imprescindibles en las cadenas de valor de la industria, como los chips, por ejemplo. Esta semana la presidenta de la Comisión Europea en el debate sobre el Estado de la Unión habló precisamente de la necesidad de sacar una ley de chips. Hay un Proyecto Europeo de Interés Común, en el que España quiere participar, justamente para reforzar las capacidades de producción de microchips en Europa.
El sector más perjudicado es el motor. Todas las plantas españolas están con paradas. Stellantis ha tenido que suprimir un turno entero de fin de semana con 700 empleos, muchos temporales. Creo que se ha reunido con ellos.
El sector del automóvil es absolutamente prioritario para nuestro Gobierno. Visité la planta de Stellantis y me reuní con ellos para conocer cuáles son las prioridades y los principales retos del sector y de la empresa, que está afectada por la ralentización del suministro de chips.
«La formación y la recualificación será imprescindible en el modelo de los ERTE a partir de octubre»
¿El Gobierno no puede acompañar a estos empleados con alguna medida mientras dure el cuello de botella?
Tenemos que encontrar mecanismos para atender este tipo de situaciones, ya sean transitorias, cíclicas o cambios estructurales. En general, el sector del automóvil está inmerso en un proceso de transformación estructural. Eso explica que el primer Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, lo que se conoce como Perte, aprobado por el Consejo de Ministros, sea precisamente el del vehículo eléctrico y conectado. España es el segundo productor y exportador de coches de Europa y es absolutamente clave desde el punto de vista estratégico que nuestro país esté en el grupo de vanguardia de la transformación de toda la cadena de valor del automóvil para construir el coche del futuro. Además, en España tenemos los activos de toda esa cadena de valor, desde las minas hasta la producción y el ensamblaje, pasando por el sector de las telecomunicaciones, el energético, un potente sector de componentes y un gran sector logístico. Debemos aunar los esfuerzos de todas las administraciones y del sector privado para abordar las inversiones necesarias y que siga siendo una de las joyas de nuestra industria.
Los ERTE se van a renovar sí o sí.
Es evidente que hemos entrado en una fase diferente y tenemos que ir progresivamente desescalando los instrumentos extraordinarios que pusimos en pie para responder a la crisis derivada de la pandemia. Vamos a trabajar con los agentes sociales para ver qué modelo es el más adecuado en esta fase de intenso crecimiento.
Supongo que eso significa incidir más en los incentivos para sacar a los trabajadores de los ERTE.
Hay que ver todos los parámetros y justo ahora entre los distintos ministerios estamos trabajando en cuál sería el modelo que puede ayudar más a la reincorporación de los trabajadores. Estamos en el entorno de los 260.000 trabajadores todavía cubiertos por ERTE, un tercio a tiempo parcial. Debemos aprovechar estos próximos meses para terminar la transición hacia la normalidad del mercado laboral.
Pero hay una parte de esos trabajadores aún en ERTE, pienso en el turismo, que lo van a tener muy difícil.
Nuestro objetivo es que todos consigan reincorporarse, ya sea en la misma empresa u otra, en su sector o uno diferente. Debemos proteger el capital humano y ayudar en el proceso de formación y cualificación, que tiene que ser un elemento imprescindible de cualquier planteamiento de los ERTE a partir de octubre.
¿La negociación de los ERTE está condicionada por lo sucedido con la del SMI?
Todos estamos constantemente en un marco de Diálogo Social en el que tenemos una relación muy constructiva con los sindicatos y los representantes de las grandes y pequeñas empresas. Todos tenemos que aproximarnos a cada una de las cuestiones con el espíritu más constructivo posible, porque de aquí a final de año vamos a tener que llegar a acuerdos en ámbitos que son complejos, en los que las posiciones están muy apartadas, pero son claves para nuestro país.
Las patronales se han negado al acuerdo del SMI.
Yo lo lamento. Me hubiera gustado que el Gobierno tomara la decisión sobre la base de un amplio acuerdo social, pero espero que sean muchos los ámbitos en los que podamos tener ese alineamiento con todos los agentes sociales en los próximos meses.
¿Quiere decir que la falta de acuerdo en el SMI no va a influir en el resto de negociaciones? ¿No se rompe el buen clima en el Diálogo Social?
El clima mejora, evidentemente, cuando hay acuerdo a tres, pero nuestra aproximación al Diálogo Social es de gran respeto por la posición de los distintos agentes sociales. Soy optimista respecto a la posibilidad de llegar a acuerdo en los temas más estructurales relacionados con la reforma laboral.
Esta última subida del SMI ha servido para insistir de nuevo en las supuestas diferencias internas entre su área y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Son tan fuertes como se pintan?
La posición del Gobierno la marca el presidente y todos estamos alineados. Ahora mismo estamos en un momento de importantes retos para nuestro país, como la transición ecológica, la digital y el despliegue pleno del Plan de Recuperación. Son tantos los retos que no merece la pena dedicar esfuerzos a los ámbitos en los que podemos tener diferencias, sino que debemos construir sobre la base de lo que nos une.
Pero será consciente de que esas diferencias se harán más visibles a medida que avance la legislatura.
No voy a especular sobre cómo puede evolucionar la legislatura. Vamos a centrarnos en lo que tenemos ahora mismo entre manos. De aquí a final de año hay retos muy importantes y soy optimista de lograr acuerdos en los más importantes para el futuro de nuestro país.
La nueva oleada de cierres de oficinas de la banca ha revuelto el problema de la exclusión financiera en zonas, como sucede en Galicia, de interior y envejecidas. ¿Se plantean algún plan desde el Gobierno?
La inclusión financiera es un tema prioritario para nosotros, empezando por la educación de los jóvenes y la protección de las personas mayores en zonas con más riesgo de despoblación. En operaciones de concentración recientes la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una serie de condiciones para tratar de garantizar la inclusión y, además, el sector se ha comprometido a reforzarla en el Código de Buenas Prácticas. Por supuesto, insto a las instituciones financieras a que efectivamente cumplan con ese protocolo. Sobre la base de los informes que ha hecho el Banco de España veremos si hay alguna recomendación adicional para asegurarnos que todos los ciudadanos, sobre todo las personas mayores, puedan operar y tener acceso a los servicios financieros que hoy en día, hoy por hoy, son totalmente imprescindibles para desarrollar plenamente su vida.
