Aena tendrá que modificar las condiciones y precios de los alquileres de las tiendas y los espacios comerciales de los aeropuertos por las pérdidas ocasionadas como consecuencia de la caída del tráfico de pasajeros durante la pandemia sanitaria y las restricciones a la movilidad. El Congreso respaldó hoy por amplia mayoría la enmienda aprobada la semana pasada en el Senado en este sentido en el proyecto de ley de reforma de Ordenación del Transporte Terrestre y obliga al operador aeroportuario a rebajar las tarifas inicialmente estipuladas con los arrendatarios.
La votación a favor de una propuesta que fue presentada en el Cámara alta por el senador de CC, Fernando Clavijo, supone de paso una derrota del Gobierno, la segunda a lo largo de la legislatura tras la que sufrió, hace justo un año, sobre el uso del remanente de los ayuntamientos, y en particular del PSOE, único grupo parlamentario que defendía su rechazo. Incluso el socio menor del Ejecutivo, Unidas Podemos, anunció de antemano su abstención.
Para paliar su derrota, los socialistas cambiaron a última hora el sentido de su voto y también se abstuvieron, aunque eso no impidió que 16 de sus votos telemáticos fueran negativos, la mayoría por error de los diputados, sobre todo desde la bancada de Vox.
El apoyo a la enmienda de Clavijo fue incluso superior al logrado en el Senado al sumarse el PNV, que había votado en contra en la Cámara territorial. La votación de ayer fue finalmente de 178 votos a favor, 16 en contra y 152 abstenciones.
La propuesta de Clavijo centró el debate en el Congreso entre los distintos grupos parlamentarios, en el que una gran parte de los portavoces arremetió con dureza contra Aena por no flexibilizar las condiciones de los alquileres
La enmienda de Clavijo en el Senado fue la que provocó que dicho proyecto de ley tuviera que devolverse al Congreso para la votación definitiva y fue por tanto la que centró el debate entre los distintos grupos parlamentarios, en el que una gran parte de los portavoces arremetió con dureza contra Aena y su presidente, Maurice Lucena, por no haber negociado un acuerdo con los arrendatarios y no flexibilizar las condiciones de los alquileres como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por la importante caída del tráfico de pasajeros en tiempo de pandemia.
La enmienda, de esta forma incorpora al citado proyecto ley sobre el transporte terrestre una Disposición Adicional nueva que estipula la supresión de las tarifas de alquiler de las tiendas y espacios comerciales durante el periodo de confinamiento, entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020, y una reducción desde entonces proporcional al número de pasajeros de cada uno de los aeropuertos. Además de otra serie de medidas que ayudarán a los llamados dutty free, que da empleo a casi 14.000 personas, más de 2.500 en el caso de Canarias, a superar la situación provocada por la pandemia y las restricciones de movilidad que ha reducido durante muchos meses el tráfico de pasajeros.
Caída del 78,8%
En la actualidad, el cálculo de esta renta se realiza con la base de viajeros de 2019. Sin embargo, las estadísticas referidas al mes de junio de 2021 reflejan que la caída de pasajeros en los aeropuertos españoles es del 78,8 % respecto a ese año fijado como referencia, por lo que los comerciantes pedían pagar la parte proporcional a los clientes de tiendas y restaurantes. La obligación aprobada ayer por el Congreso a la empresa semipública supondría una merma en los ingresos del gestor aeroportuario de entre 1.200 y 2.000 millones de euros, según cálculos oficiales.
El PSOE insistió ayer en su rechazo a la enmienda alegando, por un lado, que la misma nada tiene que ver con el objeto del proyecto de ley, que retrasaba la entrada en vigor de las medidas para regular sectores que reclaman con urgencia el sector del transporte escolar, el del taxi y las VTC, y que además crea inseguridad jurídica.
El portavoz socialista, Manuel Arribas, aseguró que la enmienda «pretende obligar a un acuerdo entre dos partes, Aena y las empresas concesionarias de los locales de negocio ubicados en los aeropuertos» y se preguntó «qué lógica tiene que un tercero le obligue a modificar un contrato entre dos partes».
«Podrían haber utilizado otra herramienta parlamentaria sin necesidad de perjudicar a estas empresas y, además, la enmienda resulta un menoscabo para una empresa estratégica que tiene mayoritariamente capital público y para empresas que ya han llegado a acuerdo con Aena», resaltó el socialista, obviando que ya hay cinco sentencias judiciales que dan la razón a los arrendatarios. Según él, «modificar unilateralmente las condiciones de los contratos va en contra de la lesgislación vigente», y que trata de una «medida de carácter intervencionista que generará inseguridad jurídica en el mercado». Recordó que «el 51 % de los beneficios de Aena es de todos los españoles, y si Aena pierde, perdemos todos».
El representante del PNV, Íñigo Barandiarán, justificó el cambio de posición del grupo, único que junto al PSOE votó en contra de la enmienda en el Senado, en la posición inflexible de Aena en negociar unas mejores condiciones de los alquileres. Tras señalar que «la solución de la enmienda no nos gusta», recalcó que la respuesta al problema «debería haber venido por el acuerdo y eso está judicializado». Consideró que la «fórmula y técnica legislativa [usada por Clavijo] tampoco es apropiada por utilizar una ley y porque puede provocar confusión», pero explicó que «la decisión de apoyarla viene dada por la actitud de Aena, incapaz de acordar un acuerdo con los arrendatarios, y esta falta de acuerdo va contra la voluntad del Estado de paliar los efectos del covid, seguramente por presión de ese 49 % de propiedad particular».
El portavoz del socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, Txema Guijarro, aseguró que «la famosa enmienda de Aena» no debería ser objeto de debate porque «esto se debió solventar en un acuerdo» entre las dos partes del conflicto. «Compartimos la filosofía de la enmienda, porque si no se pudo sustanciar la actividad de los comercios o queda muy afectado, no se puede sustentar el precio del alquiler». El resto de grupos parlamentarios argumentó su apoyo a la enmienda de Clavijo por considerarla «justa», al tiempo que insistieron en las críticas a Aena por su «inflexibilidad» e «incapacidad» de llevar a cabo una negociación razonable con los arrendatarios.
